Artículos publicados en 2012

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- (2012): Desigualdad global, en diarios Público, Nueva Tribuna y Rebelión, 30 de diciembre (5 pp.): http://blogs.publico.es/dominiopublico/6360/desigualdad-global/

 

- (2012): 14N: Crece la legitimidad de la huelga general, en diarios Público y Rebelión y en www.pensamientocritico.org, 10 de noviembre (7 pp.): http://www.publico.es/espana/445303/crece-la-legitimidad-de-la-huelga-general

 

- (2012): La lacra del paro y la desigualdad, en diarios Público y Nueva Tribuna, 31 de octubre (5 pp.): http://blogs.publico.es/dominiopublico/6017/la-lacra-del-paro-y-la-desigualdad/

 

- (2012): Presupuestos injustos e ineficaces, en diarios Público y Rebelión, 3 de octubre y la revista Ezquerrik Berrituz, enero (5 pp.): http://blogs.publico.es/dominiopublico/5896/unos-presupuestos-injustos-e-ineficaces/ 

 

- (2012): Aumenta la desigualdad educativa, en diario Público, 27 de septiembre (4 pp.): http://www.publico.es/espana/443017/aumenta-la-desigualdad-educativa

 

- (2012): Fracaso de la política de austeridad, en diario Nueva Tribuna, 21 de septiembre (4 pp.).

 

- (2012): Los derechos sociales perdidos, en diario Público, 15 de septiembre y la revista Página Abierta, septiembre-octubre (9 pp.): http://www.publico.es/espana/442346/los-derechos-sociales-perdidos

 

- (2012): Frente a la austeridad, activación de la ciudadanía, en Mientras Tanto nº 105, septiembre (5 pp.).

 

- (2012): Impedir la política de recortes, activar la ciudadanía, en www.pensamientocritico.org, septiembre y la revista Berrituz, octubre,(14 pp.).

 

- (2012): El desamparo de las personas paradas, en Nueva Tribuna, julio (4 pp.).

 

- (2012): Implicaciones del error de Krugman, en Nueva Tribuna, junio (6 pp.).

 

- (2012): La ciudadanía indignada es el comienzo de la solución, en Nueva Tribuna, mayo (9 pp.).

 

- (2012): Se ha empezado a cuestionar ya la legitimidad electoral del P.P., entrevista en Diario de Teruel, 29-4-2012 (1 pág.).

 

- (2012): Dilemas después del 29M, en Mientras Tanto nº 102, mayo (9 pp.).

 

- (2012): Huelga general del 29-M: Impulso social contra los recortes, en www.pensamientocritico.orgabril (16 pp.).

 

- (2012): Los apoyos sociales a la huelga general del 29-M, en www.pensamientocritico.org, marzo (6 pp.).

 

- (2012): "Política social en tiempos de crisis", en Cuadernos de Trabajo Social, 25 (1): 49-62. Universidad Complutense de Madrid (2012): http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/38433/37174.

 

- (2012): Respuesta masiva, intensa y prolongada, en www.nuevatribuna.es, febrero (9 pp.).

 

- (2012): Recorte salarial y laboral, sin contrapartidas, en www.rebelion.org, febrero (11 pp.).

Fracaso de la política de austeridad

Fracaso de la política de austeridad

 

Antonio Antón

Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

 

Publicado en el diario Nueva Tribuna, el 21 de septiembre de 2012

 

El Gobierno del PP, durante estos meses, ha reforzado y ampliado las medidas antisociales de ajuste y austeridad. Amparados por las instrucciones y las orientaciones de las instituciones europeas, la derecha y los poderosos, con esta política regresiva, aprovechan la situación de crisis económica para modificar los equilibrios anteriores de reparto de rentas y las garantías de protección social y servicios públicos en beneficio de los empresarios y las capas altas y en perjuicio de la mayoría de la sociedad, las capas trabajadoras y, particularmente, los sectores más desfavorecidos y en desempleo. Esta política liberal-conservadora supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo social y el Estado de bienestar y avanzar en una salida regresiva a la crisis económica.

No obstante, existe en la ciudadanía una significativa falta de confianza y legitimidad social hacia esas medidas que tienen un gran déficit democrático al no estar recogidas en los programas electorales. Es decir, ni siquiera no forman parte del contrato social del partido gobernante con su electorado. Así, se ha producido un justo descrédito de la clase política, empeñada en hacer recaer los mayores costes de la crisis en la mayoría popular.

La estrategia liberal conservadora, dominante en las instituciones europeas, e impulsada por el bloque de poder representado por Merkel, pone en primer término la austeridad para las capas populares, principalmente, de los países periféricos (España e Italia, junto con los rescatados Grecia, Portugal e Irlanda). Prioriza los intereses de los grandes bancos y acreedores financieros alemanes y centroeuropeos, para garantizarles el retorno de su capital (e intereses), cuando han sido, en gran medida, causantes de las burbujas especulativas. Ante las necesidades de los países débiles para su desendeudamiento privado (y público) y conseguir nuevas financiaciones, utiliza el chantaje de su capacidad financiera y la presión del mercado de capitales para imponer unas condiciones injustas de ajuste económico. Su prepotencia es insolidaria (nacionalista) en el marco europeo, y aboca al estancamiento económico y la recesión, particularmente, en los países del sur europeo. Se invalidan así su capacidad de recuperación económica y de empleo y provoca una prolongación de la crisis y sus consecuencias. Esa política incluso no resuelve la garantía de pago de las deudas contraídas por esos países, lo que es contraproducente para los propios intereses a medio plazo del poder financiero centroeuropeo, como indica la desconfianza de los grandes inversores en su mercado de deuda pública.

La política de austeridad parece que busca, dentro de un total de suma cero, asegurar y reforzar las rentas y el poder de esas élites dominantes a costa del mayor sufrimiento de las mayorías sociales del sur europeo y la recolocación de esos países en una posición más subordinada. No obstante, no sólo es injusta socialmente sino que tampoco es eficaz para generar la suficiente actividad económica que permita recuperar sus préstamos y reproducir los beneficios a medio plazo, y está agrietando la legitimidad de esos poderosos y el marco institucional europeo.

En el plano político e institucional es un intento de reforzamiento de la hegemonía de las élites alemanas en las instituciones europeas, con su política de ajuste duro y gestión regresiva de la crisis. Se amplían las diferencias entre bloques de países fuertes (o acreedores y con ventajas competitivas de sus economías) y débiles (o deudores, con una posición dependiente); se refuerzan las brechas sociales internas y entre países. Esa estrategia puede aparecer como funcional con los intereses de ese poder económico financiero y con beneficios relativos para parte de la población de los países centrales, pero tiende a sufrir un fuerte proceso de deslegitimación popular, sobre todo en los países periféricos, así como reticencias de sus élites socioculturales y políticas y parte de sus sectores económicos. A pesar de los grandes sacrificios impuestos a las mayorías sociales y la impresionante fortaleza de su poder económico e institucional, esa estrategia no asegura sus objetivos básicos: recuperar el total de sus préstamos, estabilizar una dinámica económica que les reporte unos beneficios seguros y suficientes, fortalecer su hegemonía política con una mínima cohesión social y legitimidad ciudadana, mantener el marco institucional de la eurozona y la Unión Europea. Se profundizan los desequilibrios europeos (norte-sur), se amplía la subordinación de los países periféricos y se produce un reequilibrio de las alianzas y núcleos dirigentes europeos a costa de Francia, en una posición delicada económicamente.

Los efectos sociopolíticos de esta dinámica liberal-conservadora son la destrucción de los componentes avanzados del modelo social europeo, con la reestructuración regresiva del Estado de bienestar y el deterioro de lo público y los derechos sociolaborales, el debilitamiento de la calidad democrática de sus sistemas políticos, con importante descrédito de sus élites institucionales y el empobrecimiento y subordinación de las capas populares (y clases medias) periféricas. Las élites institucionales y económicas de esos países débiles, desde la subordinación a ese bloque de poder dominante, intentan un reacomodo de sus estructuras económicas y productivas. Parten de la idea irreal de que la solución es ajustar, esperar y seguir a la locomotora europea central, adaptarse a los segmentos productivos y actividades económicas dependientes y poco cualificados. Descartados una política activa de crecimiento económico y del empleo, una financiación barata a medio plazo o una apuesta por la innovación y la cualificación nos ofrecen su opción preferida: imponer un fuerte descenso de los costes laborales y el gasto público social. Se trata de una redistribución de rentas a su favor (grandes empresas, sector financiero y capas altas) a costa de la calidad de vida, los servicios públicos y la protección social de la mayoría de la sociedad. Y dentro de ese reajuste del conjunto del país, intentan salir mejor librados, perdiendo la óptica del interés colectivo de la población del Estado.

Esa política no sólo es injusta socialmente e incierta económicamente, sino que produce una fuerte deslegitimación política a sus gestores. Constituye un callejón sin salida, y un fracaso para las élites europeas hegemónicas. Se abre la posibilidad de que, incluso, sectores significativos del poder económico e institucional se replanteen esa política y busquen otra orientación menos nefasta para los países del sur y las capas trabajadoras, que salve la Unión Europea. Gran parte de la ciudadanía, como se ha demostrado el pasado día 15 de septiembre, apuesta por un cambio más profundo y exige un referéndum.

Frente a la política de austeridad, activación de la ciudadanía

Frente a la política de austeridad, activación de la ciudadanía

 

 

Antonio Antón

 

Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

 

Se publica en la revista Mientras Tanto nº  105, septiembre de 2012 (5 pp.)

 

 

El Gobierno del PP, durante estos meses, ha reforzado y ampliado las medidas antisociales de ajuste y austeridad, llevadas a cabo por el anterior Gobierno socialista desde mayo de 2010. El Consejo de Ministros del 13 de julio aprobó un nuevo conjunto de medidas de ajuste. Tienen un carácter profundamente antisocial y reducen derechos sociales en tres áreas: protección al desempleo, servicios públicos y condiciones salariales y laborales de los empleados públicos. A ellas hay que añadir la última reforma laboral y las medidas fiscales regresivas. Están inscritas en una estrategia liberal-conservadora de ampliación de la austeridad para las capas populares y debilitamiento de lo público y el Estado de bienestar, son injustas y tienen graves consecuencias sociales y un gran déficit democrático.

Amparado por las instrucciones y las orientaciones de las instituciones europeas, con esta política regresiva la derecha aprovecha la situación de crisis económica para modificar los equilibrios anteriores de reparto de rentas y las garantías de protección social y servicios públicos en beneficio de los empresarios y las capas altas y en perjuicio de la mayoría de la sociedad, las capas trabajadoras y, particularmente, los sectores más desfavorecidos y en desempleo. Esta política liberal-conservadora supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo social y el Estado de bienestar y avanzar en una salida regresiva a la crisis económica. No obstante, existe en ciudadanía una significativa falta de confianza y legitimidad social hacia esas medidas y un justo descrédito de la clase política, empeñada en hacer recaer los mayores costes de la crisis en la mayoría popular.

La estrategia liberal conservadora, dominante en las instituciones europeas, e impulsada por el bloque de poder representado por Merkel, pone en primer término la austeridad para las capas populares, principalmente, de los países periféricos (España e Italia, junto con los rescatados Grecia, Portugal e Irlanda). Prioriza los intereses de los grandes bancos y acreedores financieros alemanes y centroeuropeos, para garantizarles el retorno de su capital (e intereses), cuando han sido, en gran medida, causantes de las burbujas especulativas. Ante las necesidades de los países débiles para su desendeudamiento privado (y público) y conseguir nuevas financiaciones, utiliza el chantaje de su capacidad financiera y la presión del mercado de capitales para imponer unas condiciones injustas de ajuste económico. Su prepotencia es insolidaria (nacionalista) en el marco europeo, y aboca al estancamiento económico y la recesión, particularmente, en los países del sur europeo. Se invalidan así su capacidad de recuperación económica y de empleo y provoca una prolongación de la crisis y sus consecuencias. Esa política incluso no resuelve la garantía de pago de las deudas contraídas por esos países, lo que es contraproducente para los propios intereses a medio plazo del poder financiero centroeuropeo, como indica la desconfianza de los grandes inversores en su mercado de deuda pública. La política de austeridad parece que busca, dentro de un total de suma cero, asegurar y reforzar las rentas y el poder de esas élites dominantes a costa del mayor sufrimiento de las mayorías sociales del sur europeo y la recolocación de esos países en una posición más subordinada. No obstante, no sólo es injusta socialmente sino que tampoco es eficaz para generar la suficiente actividad económica que permita recuperar sus préstamos y reproducir los beneficios a medio plazo, y está agrietando la legitimidad de esos poderosos y el marco institucional europeo.

En el plano político e institucional es un intento de reforzamiento de la hegemonía de las élites alemanas en las instituciones europeas, con su política de ajuste duro y gestión regresiva de la crisis. Se amplían las diferencias entre bloques de países fuertes (o acreedores y con ventajas competitivas de sus economías) y débiles (o deudores, con una posición dependiente); se refuerzan las brechas sociales internas y entre países. Esa estrategia puede aparecer como funcional con los intereses de ese poder económico financiero y con beneficios relativos para parte de la población de los países centrales, pero tiende a sufrir un fuerte proceso de deslegitimación popular, sobre todo en los países periféricos, así como reticencias de sus élites socioculturales y políticas y parte de sus sectores económicos. A pesar de los grandes sacrificios impuestos a las mayorías sociales y la impresionante fortaleza de su poder económico e institucional, esa estrategia no asegura sus objetivos básicos: recuperar el total de sus préstamos, estabilizar una dinámica económica que les reporte unos beneficios seguros y suficientes, fortalecer su hegemonía política con una mínima cohesión social y legitimidad ciudadana, mantener el marco institucional de la eurozona y la Unión Europea. Se profundizan los desequilibrios europeos (norte-sur), se amplía la subordinación de los países periféricos y se produce un reequilibrio de las alianzas y núcleos dirigentes europeos a costa de Francia, en una posición delicada económicamente.

Los efectos sociopolíticos de esta dinámica liberal-conservadora son la destrucción del modelo social europeo, con la reestructuración regresiva del Estado de bienestar y el deterioro de lo público y los derechos sociolaborales, el debilitamiento de la calidad democrática de sus sistemas políticos, con importante descrédito de sus élites institucionales y el empobrecimiento y subordinación de las capas populares (y clases medias) periféricas. Las élites institucionales y económicas de esos países débiles, desde la subordinación a ese bloque de poder dominante, intentan un reacomodo de sus estructuras económicas y productivas. Parten de la idea irreal de que la solución es ajustar, esperar y seguir a la locomotora europea central, adaptarse a los segmentos productivos y actividades económicas dependientes y poco cualificados. Descartados una política activa de crecimiento económico y del empleo, una financiación barata a medio plazo o una apuesta por la innovación y la cualificación nos ofrecen su opción preferida: imponer un fuerte descenso de los costes laborales y el gasto público social. Se trata de una redistribución de rentas a su favor (grandes empresas, sector financiero y capas altas) a costa de la calidad de vida, los servicios públicos y la protección social de la mayoría de la sociedad. Y dentro de ese reajuste del conjunto del país, intentan salir mejor librados, perdiendo la óptica del interés colectivo de la población del Estado.

En la sociedad se están generando tendencias ambivalentes. Por un lado, impotencia, resignación, miedo, adaptación fragmentada y jerarquizada, así como, reequilibrios competitivos de los grupos de poder nacional y las distintas capas medias y trabajadoras. Por otro lado, en un primer nivel, disconformidad con esa política, desde la deslegitimación pasiva y la indignación ciudadana frente a sus medidas más impopulares y sus gestores, tal como indican numerosas encuestas de opinión (según Metroscopia, hasta el 90% de la sociedad critica a los partidos políticos por su distanciamiento de las preferencias de la ciudadanía en la gestión de la crisis, siendo, junto con los bancos, la institución en la que menos confían; al contrario, las instituciones mejor valoradas -en torno al 90%- son la sanidad y la enseñanza pública). En un segundo nivel, con la expresión de resistencias sociales y protestas colectivas, masivas, pacíficas y democráticas. Todo ello con un peso significativo de valores solidarios y de justicia social, así como con exigencias de cambio hacia medidas socioeconómicas más equitativas y mayor cultura democrática.

En España llevamos más de dos años de una respuesta popular activa, con altibajos. Desde la huelga general del 29 de septiembre de 2010 (y los antecedentes de las amplias manifestaciones sindicales de enero y febrero de ese año contra el plan gubernamental inicial de recorte de las pensiones y las movilizaciones contra los ajustes de mayo) hasta la huelga general del 29 de marzo y las grandes manifestaciones anteriores (19 de febrero) y posteriores (19 de julio). Al mismo tiempo, ha emergido otra dinámica paralela de protesta colectiva, expresiva de la indignación ciudadana y la exigencia de mejor democracia, representada por el movimiento 15-M. Desde la gran manifestación inicial en esa fecha y las siguientes acampadas y procesos asamblearios hasta las grandes manifestaciones del 15 de octubre de 2011, diversas actividades locales y la última gran movilización del 12 de mayo pasado. Este breve recorrido da un indicio de la existencia de la expresión colectiva de una masiva ciudadanía activa, que manifiesta su indignación de forma pública y plantea un cambio de rumbo. Es la base para fortalecer un campo social, sindical y político que apueste por impedir esta política de recortes sociales y pueda empujar por una gestión de la crisis más justa y democrática y una salida más equitativa.

La crisis económica parece que va a ser prolongada, con un fuerte desequilibrio de las relaciones de fuerza. Los riesgos de la gestión y los planes del núcleo de poder hegemónico, con su política liberal-conservadora-autoritaria, son la continuidad y la profundización de los recortes sociales, la persistencia de una realidad de desempleo masivo, vulnerabilidad social y políticas antisociales, con el deterioro de las condiciones vitales y laborales de la mayoría social, la subordinación de las clases populares, así como con su apuesta por el debilitamiento de la ciudadanía indignada, la izquierda y los movimientos sociales progresistas. Pero, junto a ello, persiste una significativa cultura popular contra la injusticia social y por la democracia y se expresa una ciudadanía activa. Existen distintas representaciones y élites, fragmentadas y a veces en conflicto: desde el sindicalismo, el movimiento 15-M y los distintos grupos y asociaciones progresistas, hasta la actual articulación de las diversas izquierdas políticas. En su conjunto todavía presentan grandes insuficiencias y limitaciones para hacer frente a ese bloque de poder hegemónico y forzar un cambio global de su política, más en el plano europeo, donde los procesos sociopolíticos en Italia y, sobre todo, Francia son relevantes para inclinar una tendencia u otra. Construir una alternativa popular por una gestión y una salida justa y equitativa de la crisis es una necesidad y, al mismo tiempo, una oportunidad para renovar y fortalecer ese campo sociopolítico. Por tanto, existen grandes dificultades para promover el cambio, a corto plazo, de esa política liberal-conservadora hegemónica en la Unión Europea, y no son menores las que afectan a las propias debilidades de las izquierdas, el sindicalismo y los grupos progresistas. Pero se abre la posibilidad de ponerlas encima de la mesa y afrontarlas.

La opción progresista debería ser la apuesta masiva, unitaria, democrática y contundente para deslegitimar la política de recortes e impulsar el giro hacia una gestión y una salida más justa y equilibrada de la crisis. Un proceso de movilización sindical y ciudadana, con un clima sociopolítico de confrontación con esa política. Una convergencia, desde la autonomía, del sindicalismo, las izquierdas y el movimiento asociativo y cultural progresista.  La articulación de las protestas colectivas, desde la acción sindical en la negociación colectiva y frente al paro y la presión empresarial, hasta las movilizaciones sectoriales y ciudadanas y las grandes manifestaciones unitarias contra los recortes sociales y en defensa de los servicios públicos y los derechos sociolaborales y democráticos. El horizonte es un proceso creciente de activación de las mayorías populares cuya culminación debe conllevar la confrontación por el cambio global de esa política y la apertura de nuevas expectativas para la sociedad.

En estos dos años hemos realizado ya dos huelgas generales, positivas pero insuficientes para detener esta involución social, así como grandes manifestaciones. Ahora el reto es subir el listón de la implicación pacífica y democrática. Una apuesta clave es la preparación de una huelga general total, productiva y ciudadana, del tipo del 14 de diciembre de 1988 HG, cualitativamente superior a las últimas. Constituiría un empoderamiento democrático de la mayoría de la sociedad frente a los poderosos y la exigencia ineludible de un giro a la actual política de austeridad, fortaleciendo el camino de la esperanza del cambio social y político. Esa perspectiva puede ser motivo de reflexión colectiva y deliberación unitaria.

En definitiva, el reto para las izquierdas, el sindicalismo y los grupos y movimientos sociales progresistas es impedir los recortes antisociales, hacer fracasar esa estrategia, reactivar la ciudadanía y conformar un bloque social unitario, en defensa del empleo decente, los derechos sociales y laborales y el refuerzo del Estado de bienestar. Es momento de superar la fragmentación y el sectarismo, renovar los proyectos y las ideas y estimular el esfuerzo unitario. Las convocatorias de protestas colectivas, particularmente la gran marcha de Madrid, del próximo día 15 de septiembre, y la participación masiva en la consulta popular contra los recortes y los ajustes, junto con las distintas movilizaciones en marcha, son un buen cauce para manifestar la indignación ciudadana y exigir un cambio de la política social, laboral y económica que garantice una salida más justa y equitativa de la crisis.

Impedir la política de recortes, activar la ciudadanía

Impedir la política de recortes, activar la ciudadanía

 

Antonio Antón

Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Se publica en www.pensamientocritico.org, septiembre de 2012, y en la revista Ezkerretik Berrituz nº 33, octubre de 2012.

(Extractos parciales, reelaborados, se publican en los diarios Público, Rebelión y Nueva Tribunaen las revistas Mientras Tanto -septiembre- y Página Abierta -septiembre/octubre-, así como en diversas web.)

 

3 de septiembre de 2012

El Gobierno del PP, durante estos meses, ha reforzado y ampliado las medidas antisociales de ajuste y austeridad, llevadas a cabo por el anterior Gobierno socialista desde mayo de 2010. El Consejo de Ministros del 13 de julio aprobó un nuevo conjunto de medidas de ajuste. Tienen un carácter profundamente antisocial y reducen derechos sociales en tres áreas: protección al desempleo, servicios públicos y condiciones salariales y laborales de los empleados públicos. A ellas hay que añadir la última reforma laboral y las medidas fiscales regresivas. Están inscritas en una estrategia liberal-conservadora de ampliación de la austeridad para las capas populares y debilitamiento de lo público y el Estado de bienestar, son injustas y tienen graves consecuencias sociales y un gran déficit democrático. Veámoslas detenidamente.

 

Los recortes antisociales del Gobierno del PP

 

1) Debilitamiento de  la protección social a las personas desempleadas.  Las principales medidas de este primer tipo son las siguientes. Se rebajan diez puntos porcentuales (del 60% al 50% de las bases de cotización) el importe de la prestación contributiva que se cobra a partir del séptimo mes de desempleo (se mantiene el 70% los primeros seis meses); puede afectar a cerca un millón del total de 1,3 millones que reciben prestaciones contributivas. Se elimina el subsidio no contributivo de los mayores de 52 años y hasta la edad de 55 años en que se fija ahora el derecho, siendo obligatoria su finalización a la primera edad posible de jubilación; del total de 1,3 millones que perciben este subsidio asistencial se ven perjudicados unos 300.000. Igualmente, se restringe el acceso a la renta activa de inserción que durante seis meses percibían las personas desempleados mayores de 45 años, con rentas inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 641 euros, introduciendo mayores exigencias de búsqueda de empleo y eliminando a los desempleados inscritos pero sin haber conseguido previamente derechos contributivos; afecta a unas 650.000 personas. El tope de la indemnización del FOGASA, para personas despedidas de empresas insolventes, desciende un 20% (de 150 días a 120) y el máximo del importe pasa de tres veces y media el SMI mensual (2.243 euros) a dos veces (1.282 euros), es decir, se recorta el 42%. Así mismo, se amplían las exigencias de ‘búsqueda activa de empleo’ o reinserción laboral, así como los controles y las capacidades sancionadoras de la administración para poder expulsar beneficiarios de estas prestaciones, sólo con ‘indicios’ de fraude o sin aportar todos los requisitos y documentos que demuestren la mejora de su empleabilidad.

A todo ello hay que añadir el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por el beneficiario de la prestación contributiva, que antes financiaba el INEM, con lo que su retribución neta se reduce un 3,4%. Hasta el año 2014, solamente la reducción del gasto en protección contributiva al desempleo se calcula en cerca de 14 mil millones de euros.

Por otro lado, el decreto-ley aprobado el 24 de agosto sobre la renovación el plan PREPARA aprueba dos medidas contradictorias, una mejora parcial y un recorte significativo. Desde hace dos años, una media de 200.000 personas desempleadas que agotaban la prestación contributiva ha cobrado un subsidio, durante seis meses, debiendo participar en un programa de inserción profesional. Ahora, por una parte, se eleva de 400 euros a 450 el importe a percibir sólo por las personas desempleadas que tienen responsabilidades familiares (pareja y dos hijos menores de 26 años) y sin ingresos. Por otra parte, la más sustancial, se elimina su percepción para muchos beneficiarios, especialmente jóvenes, al computar la renta familiar en vez de la individual, y además, se endurecen los requisitos: constatación de que se busca activamente empleo y que la situación de paro sea de larga duración (más de un año). El primero supone mayores controles administrativos persiguiendo la baja del sistema, ya que no hay expectativas de crecimiento del empleo, dada la situación económica, y al mismo tiempo, se reducen los recursos públicos para políticas activas de empleo. El segundo consiste en dejar sin acceso a las personas (jóvenes) que no han llegado a estar empleadas durante tres años, periodo de cotización necesario para cobrar doce meses la prestación contributiva previa, ya que este subsidio se cobra una vez finalizada la prestación contributiva y se exige estar un año en paro (dentro de los últimos 18 meses).

Además, de los 5,7 millones de personas desempleadas (según la EPA-2012-2º trimestre) sólo cobran una prestación o un subsidio de desempleo 2,9 millones (según el paro registrado del INEM), por lo que hay 2,8 millones permanecen sin ninguna protección pública, y 1,7 millones de hogares tienen todos sus miembros activos en paro.

En definitiva, el paro masivo, la reducción de la protección pública y el desamparo de las personas desempleadas están generando un mayor empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos, un descenso en sus trayectorias laborales y personales y un deterioro de sus capacidades humanas, académicas y profesionales, con especial repercusión entre la gente joven. La desprotección social conlleva el intento de diluir la responsabilidad de las instituciones públicas y reafirmar la ideología liberal-conservadora, culpando a las personas desempleadas de su propia situación de paro. La ausencia de políticas de reactivación de empleo decente y estos nuevos recortes de la protección al desempleo están consolidando nuevas brechas sociales y dificultades para la integración social. Es preciso ampliar la cobertura e intensidad de la protección social al desempleo y al riesgo de pobreza y exclusión, fortalecer las adecuadas políticas de formación y cualificación profesional y estimular la creación de empleo con plenos derechos sociales y laborales.

 

2) Deterioro de la calidad de servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, ayuda a la dependencia, servicios sociales…). Este decreto de julio recorta 5.811 millones de euros el gasto de las Comunidades Autónomas, siendo el grueso de su presupuesto estos servicios esenciales, que se verán afectados. Si se añade el recorte aprobado del gasto de los servicios ofrecidos por el Gobierno central y los Ayuntamientos, la reducción del gasto público llega a 9.220 millones de euros.

En particular, adopta una medida que tiene un impacto directo sobre la protección a la dependencia. Se reduce la financiación pública estatal al sistema de dependencia, se pospone la ampliación al grado moderado de dependencia, se aumenta el copago que deberán realizar las personas dependientes y se reducen los servicios que se ofrecen. Las principales medidas concretas son: reducción de los importes medios de las prestaciones económicas asociadas a los grados de dependencia, por la vía de eliminar la subdivisión en los dos niveles de cada uno de los tres grados de dependencia; rebaja de un 15% de la prestación por cuidador familiar que determina el Estado, descenso ampliable por las comunidades autónomas si así lo deciden, y el cuidador pasa a asumir la cotización social en vez del Estado como antes.

Este recorte se acumula a las primeras medidas aprobadas por el Gobierno del PP, en diciembre pasado, (recorte de 9.000 millones en el presupuesto de los ministerios y paralización del calendario de aplicación de la ley de dependencia), así como las adoptadas en abril: aumento del copago farmacéutico, incluido el nuevo pago por los pensionistas, exentos hasta entonces; la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la tarjeta sanitaria; el aumento de la ratio de alumnos por aula, con el consiguiente despido de interinos y la menor calidad de la enseñanza, y la subida de las tasas universitarias con mayores dificultades para el acceso a la educación superior de los sectores menos pudientes. E igualmente se suma la de junio: el llamado medicamentazo, con la exclusión de la subvención pública de 417 medicamentos básicos y de gran consumo.

 

3) Rebaja de los salarios de los empleados públicos y aumento de su jornada laboral con la consiguiente expulsión de personal interino y contratado. Se suprime la paga extra de Navidad para la gran mayoría de los 2,7 millones de empleados del sector público, lo que supone aproximadamente la reducción de un 7% de los ingresos salariales y pudiendo prorratear los descuentos en las nóminas mensuales anteriores a esa fecha; sólo quedan exentos los que cobran menos de 962 euros (1,5 veces el salario mínimo interprofesional). Se disminuye entre un 50% y un 25% la cantidad percibida en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, que tendrá un máximo del 50% del salario en los tres primeros días de baja por enfermedad y un máximo del 75% entre los días 4 y 20. Se reducen de seis a tres los días disponibles para asuntos particulares. El personal laboral (0,7 millones) de la administración podrá ver modificados o suspendidos sus convenios colectivos, con el pretexto de insuficiencias presupuestarias. Hay que añadir la generalización del aumento de jornada laboral de 35 a 37,7 horas semanales, aprobado en diciembre pasado, incluyendo su posible ampliación, con lo que supone de no renovación de contratos temporales o interinos, reducción de empleo e incremento del paro. Se favorece la movilidad de los empleados públicos en los distintos ámbitos de la administración, y se evita que personal de empresas contratadas adquieran una relación laboral con el Estado.

Oficialmente, el recorte de gasto público previsto por estas medidas, para el año 2012, es de 5.430 millones de euros, aunque el saldo neto derivado de los menores ingresos por cotizaciones sociales del personal adscrito al Régimen General (24,4% de esa cantidad) y por IRPF (por encima del 24,75%), será muy inferior (algunas estimaciones lo sitúan en unos 3.000 millones), y sin contar el impacto negativo sobre el consumo.

A todo ello hay que añadir la congelación del sueldo para 2012 de los empleados públicos decidida en diciembre por el gobierno del PP y la prevista para el año 2013, acumuladas a la reducción del cinco puntos del salario en el año 2010 y su congelación para el año 2011, aprobadas por el anterior gobierno socialista.

 

4) Una reforma laboral injusta y antisocial. El Gobierno del PP aprobó el pasado mes de febrero una reforma laboral profundamente regresiva: abarata y facilita el despido, recorta derechos y condiciones laborales, precariza el empleo y debilita la regulación laboral y la negociación colectiva. Sus objetivos son dobles: por un lado, la subordinación de trabajadores y trabajadoras, el abaratamiento de los costes laborales y asegurar una inserción laboral en la inseguridad, y, por otro lado, el incremento de los beneficios empresariales y el fortalecimiento de la capacidad empresarial para disponer arbitrariamente de las personas empleadas y en paro. El resultado es un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales: por una parte, mayor indefensión para las capas trabajadoras y marginación de sus representantes sindicales, y por otra parte, mayor poder y control empresarial.

Lejos de constatar el fracaso de las anteriores reformas laborales para crear empleo, asegurar su calidad y atender las demandas ciudadanas de superar el paro y garantizar la protección al desempleo, esta contrarreforma laboral del PP profundiza su contenido regresivo y desarrolla su impacto antisocial. Esta agresiva contrarreforma de las derechas (PP y CIU) profundiza el retroceso laboral impuesto por las dos reformas del Gobierno socialista anterior: la reforma laboral de junio de 2010, con el abaratamiento del despido, y la reforma de la negociación colectiva de julio de 2011, con el debilitamiento de la capacidad contractual de los sindicatos. En su conjunto es un recorte generalizado de las garantías colectivas e individuales de trabajadores y trabajadoras, una marginación del sindicalismo en la regulación de las relaciones laborales, un incremento del poder empresarial.

 

5) Medidas fiscales regresivas. La principal es la elevación desde el 1 de septiembre del tipo reducido de IVA desde el 8% al 10% y del tipo normal del 18% al 21%. Junto con el incremento decidido por el anterior gobierno socialista en el año 2010, en los dos últimos años el tipo general se ha incrementado 3 puntos y el tipo normal 5 puntos. Además, algunos productos pasan del tipo reducido al normal, es decir, se incrementan 13 puntos. Es el impuesto más regresivo porque afecta al consumo de la población y, proporcionalmente, es superior para las capas populares. El impacto oficial es de un incremento impositivo de 2.300 millones de euros en el año 2012 (se aplica sólo en el último trimestre del año), 10.130 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014. Es un importe significativo que se detrae de los recursos de la mayoría de la sociedad, y disminuye el consumo y el empleo. Por otro lado, se aumenta la fiscalidad del tabaco y se retiran algunas deducciones del Impuesto de Sociedades. El conjunto de las medidas aprobadas en julio supone una reducción de 1,2 puntos del déficit en el año 2012 y 0,9 puntos adicionales en el año 2013, aunque los compromisos adquiridos por el Gobierno con las instituciones comunitarias son una reducción prácticamente el doble.

La presión fiscal en España es muy inferior a la media de la Unión Europea. En el año 2011 era del 35,1% del PIB, 9,5 puntos menos que la media europea (44,6%), habiendo bajado cinco puntos desde el máximo del año 2007 (41,1%). Esa menor presión fiscal está distribuida en todos los tipos de impuestos. Con datos desagregados del año 2010 (en que la diferencia existente era de 7,8 puntos), respecto de la media europea en España se ingresaba menos en impuestos indirectos (2,4 puntos de los que 1,4 eran en el IVA), en impuestos directos (2,1 puntos), en cuotas sociales (2,3 puntos) y en tasas y precios públicos (1 punto). Hay pues margen para un incremento de la fiscalidad. La cuestión, para que aumente la equidad del sistema, es qué medidas se adoptan. Aparte de la lucha contra el fraude fiscal y contando con el incremento del IRPF (menos regresivo que el del IVA) adoptado por el gobierno del PP en diciembre pasado, existe un margen amplio para el incremento del impuesto de sociedades, particularmente a las grandes empresas con un tipo de gravamen del 30% pero cuyo tipo efectivo es la mitad, debido a las múltiples deducciones existentes hasta ahora. Este impuesto de sociedades fue rebajado cinco puntos en la reforma fiscal del gobierno socialista en el año 2006. Para hacerse una idea del impacto de esa rebaja, entre los años 2007 y 2010, el descenso más pronunciado de los ingresos fiscales fue el derivado del impuesto de sociedades que se recortó un 64% (17.521 millones de euros en un año según el Ministerio de Hacienda); más de la mitad de esa cantidad (unos 8.000 millones) correspondía a la reducción impositiva, y cerca de la otra mitad a la disminución de la actividad económica. El nuevo del Gobierno del PP ha confirmado esa rebaja regresiva del tipo de gravamen del impuesto de sociedades realizada por el Ejecutivo del PSOE. Igualmente, se podrían incrementar otros impuestos, algunos recientemente eliminados como los de sucesiones (más de 2.500 millones anuales) o simbólicos como el del patrimonio (incluido las SICAV) y otros prácticamente inexistentes, como los medioambientales o a las transacciones financieras, además del impuesto especial a las grandes fortunas que propone el partido socialista.

Al mismo tiempo, el gasto público en España, en el año 2011, es el 43,6%, inferior en 5,8 puntos a la media europea (49,4%). En el periodo 2007-2009 se produjo un significativo aumento del 39,1% del PIB al 46,3%, más de siete puntos, derivado fundamentalmente del incremento de 3 puntos porcentuales del gasto en prestaciones sociales (desempleo y pensiones) y 1,8 en la remuneración de los empleados públicos. Sin embargo, generado por los distintos recortes sociales de mayo de 2010 (congelamiento de pensiones y rebaja salarial de los empleados públicos), en ese año el gasto público bajó al 45,6% y en el año 2011 al citado 43,6%, es decir, un total de tres puntos en dos años. Además, hay que contar que, últimamente, la partida del pago por intereses de la deuda pública es la que tiene mayor incremento sin que, por supuesto, suponga un beneficio para la población sino, sobre todo, para los especuladores y acreedores extranjeros.

Una de las medidas problemáticas adoptadas por el último decreto de julio es la rebaja de dos puntos en las cotizaciones sociales de las empresas (unos 5.000 millones de euros) que constituyen un ahorro de costes laborales de las empresas.  Lejos de la versión oficial de que revertirá en mayor inversión y competitividad para nuestras empresas exportadoras, van a ir a parar, fundamentalmente, al aumento de los beneficios empresariales sin mejorar el empleo. Al mismo tiempo, ponen en peligro los ingresos de la Seguridad Social y puede ser un pretexto para un nuevo recorte de las pensiones.

La conclusión es que no estamos ante un excesivo gasto público que haya que contener sino que todavía resta una gran diferencia, particularmente de gasto social, respecto de la media europea. El  problema fundamental es la limitada presión fiscal en España, muy inferior a la de la Unión Europea y la Eurozona, causante principal del elevado déficit público. La solución pasa por incrementar los ingresos fiscales con una reforma fiscal profunda, progresiva y equitativa, todavía más necesaria para impulsar políticas de reactivación económica, renovación del aparato productivo y creación de empleo decente, así como para sostener y consolidar nuestro débil Estado de bienestar.

 

Frente a la política de austeridad, activación de la ciudadanía

 

Amparados por las instrucciones y las orientaciones de las instituciones europeas, la derecha y los poderosos, con esta política regresiva, aprovechan la situación de crisis económica para modificar los equilibrios anteriores de reparto de rentas y las garantías de protección social y servicios públicos en beneficio de los empresarios y las capas altas y en perjuicio de la mayoría de la sociedad, las capas trabajadoras y, particularmente, los sectores más desfavorecidos y en desempleo. Esta política liberal-conservadora supone un plan sistemático para cambiar profundamente el modelo social y el Estado de bienestar y avanzar en una salida regresiva a la crisis económica. No obstante, existe en ciudadanía una significativa falta de confianza y legitimidad social hacia esas medidas y un justo descrédito de la clase política, empeñada en hacer recaer los mayores costes de la crisis en la mayoría popular.

La estrategia liberal conservadora, dominante en las instituciones europeas, e impulsada por el bloque de poder representado por Merkel, pone en primer término la austeridad para las capas populares, principalmente, de los países periféricos (España e Italia, junto con los rescatados Grecia, Portugal e Irlanda). Prioriza los intereses de los grandes bancos y acreedores financieros alemanes y centroeuropeos, para garantizarles el retorno de su capital (e intereses), cuando han sido, en gran medida, causantes de las burbujas especulativas. Ante las necesidades de los países débiles para su desendeudamiento privado (y público) y conseguir nuevas financiaciones, utiliza el chantaje de su capacidad financiera y la presión del mercado de capitales para imponer unas condiciones injustas de ajuste económico. Su prepotencia es insolidaria (nacionalista) en el marco europeo, y aboca al estancamiento económico y la recesión, particularmente, en los países del sur europeo. Se invalidan así su capacidad de recuperación económica y de empleo y provoca una prolongación de la crisis y sus consecuencias. Esa política incluso no resuelve la garantía de pago de las deudas contraídas por esos países, lo que es contraproducente para los propios intereses a medio plazo del poder financiero centroeuropeo, como indica la desconfianza de los grandes inversores en su mercado de deuda pública. La política de austeridad parece que busca, dentro de un total de suma cero, asegurar y reforzar las rentas y el poder de esas élites dominantes a costa del mayor sufrimiento de las mayorías sociales del sur europeo y la recolocación de esos países en una posición más subordinada. No obstante, no sólo es injusta socialmente sino que tampoco es eficaz para generar la suficiente actividad económica que permita recuperar sus préstamos y reproducir los beneficios a medio plazo, y está agrietando la legitimidad de esos poderosos y el marco institucional europeo.

En el plano político e institucional es un intento de reforzamiento de la hegemonía de las élites alemanas en las instituciones europeas, con su política de ajuste duro y gestión regresiva de la crisis. Se amplían las diferencias entre bloques de países fuertes (o acreedores y con ventajas competitivas de sus economías) y débiles (o deudores, con una posición dependiente); se refuerzan las brechas sociales internas y entre países. Esa estrategia puede aparecer como funcional con los intereses de ese poder económico financiero y con beneficios relativos para parte de la población de los países centrales, pero tiende a sufrir un fuerte proceso de deslegitimación popular, sobre todo en los países periféricos, así como reticencias de sus élites socioculturales y políticas y parte de sus sectores económicos. A pesar de los grandes sacrificios impuestos a las mayorías sociales y la impresionante fortaleza de su poder económico e institucional, esa estrategia no asegura sus objetivos básicos: recuperar el total de sus préstamos, estabilizar una dinámica económica que les reporte unos beneficios seguros y suficientes, fortalecer su hegemonía política con una mínima cohesión social y legitimidad ciudadana, mantener el marco institucional de la eurozona y la Unión Europea. Se profundizan los desequilibrios europeos (norte-sur), se amplía la subordinación de los países periféricos y se produce un reequilibrio de las alianzas y núcleos dirigentes europeos a costa de Francia, en una posición delicada económicamente.

Los efectos sociopolíticos de esta dinámica liberal-conservadora son la destrucción del modelo social europeo, con la reestructuración regresiva del Estado de bienestar y el deterioro de lo público y los derechos sociolaborales, el debilitamiento de la calidad democrática de sus sistemas políticos, con importante descrédito de sus élites institucionales y el empobrecimiento y subordinación de las capas populares (y clases medias) periféricas. Las élites institucionales y económicas de esos países débiles, desde la subordinación a ese bloque de poder dominante, intentan un reacomodo de sus estructuras económicas y productivas. Parten de la idea irreal de que la solución es ajustar, esperar y seguir a la locomotora europea central, adaptarse a los segmentos productivos y actividades económicas dependientes y poco cualificados. Descartados una política activa de crecimiento económico y del empleo, una financiación barata a medio plazo o una apuesta por la innovación y la cualificación nos ofrecen su opción preferida: imponer un fuerte descenso de los costes laborales y el gasto público social. Se trata de una redistribución de rentas a su favor (grandes empresas, sector financiero y capas altas) a costa de la calidad de vida, los servicios públicos y la protección social de la mayoría de la sociedad. Y dentro de ese reajuste del conjunto del país, intentan salir mejor librados, perdiendo la óptica del interés colectivo de la población del Estado.

En la sociedad se están generando tendencias ambivalentes. Por un lado, impotencia, resignación, miedo, adaptación fragmentada y jerarquizada, así como, reequilibrios competitivos de los grupos de poder nacional y las distintas capas medias y trabajadoras. Por otro lado, en un primer nivel, disconformidad con esa política, desde la deslegitimación pasiva y la indignación ciudadana frente a sus medidas más impopulares y sus gestores, tal como indican numerosas encuestas de opinión (según Metroscopia, hasta el 90% de la sociedad critica a los partidos políticos por su distanciamiento de las preferencias de la ciudadanía en la gestión de la crisis, siendo, junto con los bancos, la institución en la que menos confían; al contrario, las instituciones mejor valoradas -en torno al 90%- son la sanidad y la enseñanza pública). En un segundo nivel, con la expresión de resistencias sociales y protestas colectivas, masivas, pacíficas y democráticas. Todo ello con un peso significativo de valores solidarios y de justicia social, así como con exigencias de cambio hacia medidas socioeconómicas más equitativas y mayor cultura democrática.

En España llevamos más de dos años de una respuesta popular activa, con altibajos. Desde la huelga general del 29 de septiembre de 2010 (y los antecedentes de las amplias manifestaciones sindicales de enero y febrero de ese año contra el plan gubernamental inicial de recorte de las pensiones y las movilizaciones contra los ajustes de mayo) hasta la huelga general del 29 de marzo y las grandes manifestaciones anteriores (19 de febrero) y posteriores (19 de julio). Al mismo tiempo, ha emergido otra dinámica paralela de protesta colectiva, expresiva de la indignación ciudadana y la exigencia de mejor democracia, representada por el movimiento 15-M. Desde la gran manifestación inicial en esa fecha y las siguientes acampadas y procesos asamblearios hasta las grandes manifestaciones del 15 de octubre de 2011, diversas actividades locales y la última gran movilización del 12 de mayo pasado. Este breve recorrido da un indicio de la existencia de la expresión colectiva de una masiva ciudadanía activa, que manifiesta su indignación de forma pública y plantea un cambio de rumbo. Es la base para fortalecer un campo social, sindical y político que apueste por impedir esta política de recortes sociales y pueda empujar por una gestión de la crisis más justa y democrática y una salida más equitativa.

La crisis económica parece que va a ser prolongada, con un fuerte desequilibrio de las relaciones de fuerza. Los riesgos de la gestión y los planes del núcleo de poder hegemónico, con su política liberal-conservadora-autoritaria, son la continuidad y la profundización de los recortes sociales, la persistencia de una realidad de desempleo masivo, vulnerabilidad social y políticas antisociales, con el deterioro de las condiciones vitales y laborales de la mayoría social, la subordinación de las clases populares, así como con su apuesta por el debilitamiento de la ciudadanía indignada, la izquierda y los movimientos sociales progresistas. Pero, junto a ello, persiste una significativa cultura popular contra la injusticia social y por la democracia y se expresa una ciudadanía activa. Existen distintas representaciones y élites, fragmentadas y a veces en conflicto: desde el sindicalismo, el movimiento 15-M y los distintos grupos y asociaciones progresistas, hasta la actual articulación de las diversas izquierdas políticas. En su conjunto todavía presentan grandes insuficiencias y limitaciones para hacer frente a ese bloque de poder hegemónico y forzar un cambio global de su política, más en el plano europeo, donde los procesos sociopolíticos en Italia y, sobre todo, Francia son relevantes para inclinar una tendencia u otra. Construir una alternativa popular por una gestión y una salida justa y equitativa de la crisis es una necesidad y, al mismo tiempo, una oportunidad para renovar y fortalecer ese campo sociopolítico. Por tanto, existen grandes dificultades para promover el cambio, a corto plazo, de esa política liberal-conservadora hegemónica en la Unión Europea, y no son menores las que afectan a las propias debilidades de las izquierdas, el sindicalismo y los grupos progresistas. Pero se abre la posibilidad de ponerlas encima de la mesa y afrontarlas.

La opción progresista debería ser la apuesta masiva, unitaria, democrática y contundente para deslegitimar la política de recortes e impulsar el giro hacia una gestión y una salida más justa y equilibrada de la crisis. Un proceso de movilización sindical y ciudadana, con un clima sociopolítico de confrontación con esa política. Una convergencia, desde la autonomía, del sindicalismo, las izquierdas y el movimiento asociativo y cultural progresista.  La articulación de las protestas colectivas, desde la acción sindical en la negociación colectiva y frente al paro y la presión empresarial, hasta las movilizaciones sectoriales y ciudadanas y las grandes manifestaciones unitarias contra los recortes sociales y en defensa de los servicios públicos y los derechos sociolaborales y democráticos. El horizonte es un proceso creciente de activación de las mayorías populares cuya culminación debe conllevar la confrontación por el cambio global de esa política y la apertura de nuevas expectativas para la sociedad.

En estos dos años hemos realizado ya dos huelgas generales, positivas pero insuficientes para detener esta involución social, así como grandes manifestaciones. Ahora el reto es subir el listón de la implicación pacífica y democrática. Una apuesta clave es la preparación de una huelga general total, productiva y ciudadana, del tipo del 14 de diciembre de 1988 HG, cualitativamente superior a las últimas. Constituiría un empoderamiento democrático de la mayoría de la sociedad frente a los poderosos y la exigencia ineludible de un giro a la actual política de austeridad, fortaleciendo el camino de la esperanza del cambio social y político. Esa perspectiva puede ser motivo de reflexión colectiva y deliberación unitaria.

En definitiva, el reto para las izquierdas, el sindicalismo y los grupos y movimientos sociales progresistas es impedir los recortes antisociales, hacer fracasar esa estrategia, reactivar la ciudadanía y conformar un bloque social unitario, en defensa del empleo decente, los derechos sociales y laborales y el refuerzo del Estado de bienestar. Es momento de superar la fragmentación y el sectarismo, renovar los proyectos y las ideas y estimular el esfuerzo unitario. Las actuales protestas colectivas, particularmente la gran marcha de Madrid, del día 15 de septiembre, y la participación masiva en la consulta popular contra los recortes y los ajustes regresivos, junto con las distintas movilizaciones en marcha, son un buen cauce para manifestar la indignación ciudadana y exigir un cambio de la política social, laboral y económica que garantice una salida más justa y equitativa de la crisis.

Implicaciones del error de Krugman

Ciudadanía indignada y representación social y política

Ciudadanía indignada y representación social y política

 

Antonio Antón

 

Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

 

Artículo publicado en www.pensamientocritico.org, octubre de 2011. Un extracto se ha publicado en Nueva Tribuna.

 

 

Existe una corriente social indignada, una ciudadanía activa, y es un nuevo elemento positivo y clave en el escenario sociopolítico. Se refleja en el debate público aunque esté por ver cómo se articulan la continuidad de sus procesos de expresión y movilización, su consistencia y sus consecuencias políticas. Y, particularmente, cómo se articula su representación social, qué alcance y qué combinación van a tener los dos principales movimientos sociopolíticos que, de diferentes formas y distintos momentos, han canalizado el malestar ciudadano y la indignación popular: el sindicalismo y el movimiento 15-M.

Sin embargo, esa opinión ciudadana es discordante con el comportamiento electoral, más fragmentado, y el sistema de representación política, sobre los que median otros mecanismos e inercias. En ese sentido, hay una disociación entre la esfera social y la política, aunque ambas se interrelacionan. Un campo social se consolida cuando tiene unas bases propias sólidas y sus efectos se van trasladando al campo político e institucional; no necesariamente en forma electoral, pero sí en el condicionamiento de las políticas públicas y las decisiones institucionales, es decir, en la influencia sociopolítica y la transformación del poder. Al revés, el sistema político tiende a asumir las funciones exclusivas de representación, reducir la participación ciudadana al marco electoral y utilizar su hegemonía institucional para debilitar la propia articulación asociativa de la sociedad y los movimientos sociales.

Dicho de otro modo, existe una relativa crisis de la representatividad de las élites políticas actuales. La clase política aparece en los últimos Barómetros del CIS no como la solución, sino como el tercer gran problema de la sociedad (tras el paro y las incertidumbres económicas). Por otro lado, para guiar los asuntos públicos tanto Zapatero cuanto Rajoy no llegan a tener la confianza ni de una quinta parte de la ciudadanía. Así mismo, en el Barómetro Continuo de Confianza Ciudadana elaborado por Demoscopia (ver El País, 7 de agosto de 2011), los políticos (con una puntuación de 2,6) y los partidos políticos (2,8) son las instituciones que menor confianza inspiran a los ciudadanos, seguidos de los bancos (2,9) y el actual Gobierno –socialista- del Estado (3). Por el contrario, son las instituciones que ofrecen educación, sanidad, protección social y seguridad las mejor valoradas (más de 6,5). Por último, hay que destacar como preocupante la baja puntuación dada a los sindicatos (3,3) que expresa la poca confianza que inspiran a la ciudadanía, particularmente, tras su compromiso con el acuerdo de recorte de las pensiones públicas (rechazado por la mayoría social y tal como se ve una de las instituciones que goza de mayor confianza ciudadana).

Por tanto, las decisiones de la clase política ya no pueden ampararse sólo en la legitimidad de la delegación de voto cada cuatro años sino que deben tener más en cuenta y de forma permanente la voz ciudadana. Esa débil confianza en la clase política para conducir la gestión socioeconómica no es total o general, ni afecta a todos los planos. Es evidente, aun con ambivalencias, el apoyo de la mayoría ciudadana a las política sociales, a un empleo decente y a los principales mecanismos del Estado de bienestar, así como su oposición a sus recortes (cercana al 80% respecto a algunos como prolongar la edad de jubilación), aunque hayan sido avalados por una amplia mayoría parlamentaria y del sistema político e incluso de los medios de comunicación. Por otro lado, los partidos políticos con responsabilidad institucional conservan, incluido el propio PSOE, un amplio respaldo electoral, a veces combinado con el rechazo a sus líderes o a parte sustancial de su gestión, particularmente de las diferentes formas de corrupción existentes.

 

Tendencias sociales ambivalentes

 

Existe un bloque de poder impresionante (en el ámbito estatal, europeo y mundial), pero poco legítimo, aspecto que señala su vulnerabilidad. Esa deslegitimación de gran parte de la sociedad hacia su gestión de la crisis y sus políticas regresivas, sin atender a las amplias necesidades de la sociedad, ya las está condicionando, en su alcance, generalidad y ritmo. Pero los poderosos, los mercados, tienen un gran margen de maniobra para seguir presionando en esa dirección antisocial. Sin el reequilibrio entre las fuerzas sociales, particularmente en el ámbito europeo, es difícil un cambio sustancial. En el panorama europeo y español, a corto plazo, no aparecen fuerzas sociales y políticas suficientemente consistentes para forzar un cambio profundo en la orientación de la gestión y el tipo de salida de la crisis y en la regeneración de la vida democrática y el sistema político. Es un empeño a medio plazo pero que debe contemplarse en el horizonte y ser consecuente con él en el terreno práctico y teórico. Hacer frente a ese reto conlleva una mayor participación ciudadana y la profundización democrática, una revalorización de la política, en el sentido amplio de intervención ciudadana en la cosa pública, junto con la suma y convergencia de actuaciones de las izquierdas y el tejido asociativo progresista en cada ámbito, europeo, estatal o local. Sin la activación de la ciudadanía y la expresión pública y persistente de la exigencia de rectificación de la política socioeconómica dominante, existe poco margen para la consecución de pactos equilibrados o reformas sustantivas. Las propuestas alternativas crean conciencia social y son guías para la acción práctica por un cambio más justo. Pero dependen del grado de apoyo ciudadano, de su fuerza social.

La socialdemocracia, en gran medida, ha renunciado a sus compromisos sociales, se mantiene dependiente de esas estructuras de poder, ha perdido la confianza de una parte de sus bases sociales, tiene poca credibilidad para renovar su discurso, y su futuro es incierto. Al mismo tiempo, el resto de la izquierda política aunque posee cierta representatividad electoral e institucional (sobre todo en el ámbito local) está muy fragmentada y tiene diversas inercias del pasado, limitada influencia y capacidad transformadora, y está muy condicionada por sus intereses inmediatos de conseguir resultados electorales y presencia institucional.

En ese sentido, la esfera político-institucional todavía presenta más dificultades y complejidades para proceder a su consolidación y renovación, para reflejar en el campo electoral e institucional los cambios progresistas que se van produciendo en el campo social. La cuestión abierta es cómo se configuran las nuevas representaciones y expresiones públicas. En el plano político, incluido la crisis y/o renovación de los partidos socialistas a medio plazo y la articulación del resto de la izquierda política –contando la nacionalista y la verde-. Pero, sobre todo, en el plano social, en la configuración de esa corriente social y sus expresiones organizativas, tanto en el movimiento sindical cuanto en el conjunto del tejido asociativo y los movimientos sociales, particularmente, la consolidación y la continuidad o no del movimiento 15-M tras las elecciones generales del 20-N.

Por tanto, se está produciendo un cambio y un reajuste de las formas expresivas, formas de acción, estructuras organizativas y discursos, junto con nuevas élites representativas de una ciudadanía indignada y más activa. Aparte de otras dinámicas sociales paralelas, de significado cultural y sociopolítico distinto o ambivalente, se va configurando un campo social progresista o de izquierdas, globalmente positivo, con gran conciencia colectiva y valores democráticos, solidarios y de igualdad, y bien orientado en sus objetivos generales de justicia social. Con el sedimento de toda la trayectoria progresista desde la transición democrática, su configuración específica en esta etapa está en sus comienzos y tiene todavía diversas carencias. Una, importante, es su reflejo en las instituciones políticas (o en el campo electoral). Para ello debe madurar más, afirmar su autonomía de esa esfera institucional, favorecer una mayor renovación de los propios partidos políticos progresistas y de izquierda, así como modificar el sistema institucional y electoral y las formas de participación democrática. La insuficiencia y la dificultad mayor es sobre la consistencia, continuidad y unidad de esa corriente ciudadana como fuerza social operativa (incluida la reorientación y dinamismo del movimiento sindical, la articulación del movimiento 15-M, el devenir de las izquierdas nacionalistas y el desarrollo de otros movimientos sociales, como el ecologista). Afecta a su componente sociocultural, expresivo y de articulación democrática, a su influencia en las políticas públicas y al condicionamiento del propio poder político y económico, junto con las posibilidades de configuración de nuevas élites representativas –contando con parte de las anteriores en un proceso de renovación y regeneración- con un nuevo pensamiento social más crítico.

Otro aspecto de esta nueva dinámica ciudadana son los resultados transformadores en la conciencia social, las condiciones de vida concretas, los equilibrios sociales y las soluciones a medio plazo. Ello, en un contexto político de probable dominio institucional de las derechas políticas (con la victoria del PP en las elecciones generales) y unas dinámicas económicas que no superen el estancamiento económico y del empleo, se subordinen a los mercados y fuercen mayores recortes sociolaborales.

En ese sentido, cabe el desarrollo de dinámicas problemáticas: ascenso del populismo y la xenofobia, conflictos interétnicos, tendencias autoritarias y derechistas, agresividad intergrupal, prevalencia del orden social y económico y miedo al cambio… Y tampoco hay que descartar evoluciones paralelas y tensas de ambos sentidos, reaccionario o progresista, de esas nuevas tendencias sociales.

En todo caso, la radiografía del sistema institucional derivado de las elecciones generales del 20-N (al igual que el 22 de mayo, con las locales y autonómicas) probablemente con una mayoría de derechas en el Parlamento es expresivo no tanto del aumento del electorado de derechas, cuanto de la desafección de una parte de la base electoral socialista, así como la fragmentación y debilidad del resto de la izquierda política, amplificada por el sistema electoral poco proporcional. El resultado puede ser una composición del parlamento y el Gobierno, legales según la normativa actual, con importante legitimidad al descansar en un amplio proceso electoral, pero sin una confianza popular mayoritaria y con el riesgo de pretender acapararla en exclusiva, para todo y durante cuatro años, en detrimento de la posición crítica de una gran parte de la ciudadanía poco representada institucionalmente. Y aquí, al igual que en otras ocasiones con la propia legitimidad de los sindicatos, adquirida a través de otros canales representativos, habrá que valorar los apoyos reales que los diferentes segmentos de la sociedad aportan a través de otras formas de representación sobre los temas más significativos y en cada momento trascendental, como con la exigencia de un referéndum para decidir la reforma constitucional. Así, junto a la derechización del sistema político, en el plano social, puede pervivir un bloque ciudadano crítico con las políticas conservadoras de ambos grandes partidos institucionales entre los que, aparte de la crispación de su pugna electoral, han coincidido en la orientación regresiva (mayor o menor) de la gestión de la crisis y en la desconsideración –poco democrática- a la amplia opinión ciudadana que ha manifestado su indignación.

En Europa (y en España), cabe una involución conservadora, autoritaria y populista y, particularmente, un repliegue nacionalista en los países centrales, el debilitamiento del modelo social europeo y de una unidad solidaria. Pero junto a esa tendencia también hay signos de la defensa ciudadana de los derechos sociolaborales y la participación democrática. La realidad es ambivalente y el sentido del devenir sigue abierto. Como dice Touraine, la crisis es el resultado de la ruptura impuesta por los financieros entre sus intereses y los del conjunto de la población; los agentes sociales, golpeados por la crisis económica y social, pueden sufrir tanto una exclusión social creciente, como ser testigos de una aceleración de la mutación cultural. Según este autor, los años venideros oscilarán entre la catástrofe y la refundación de la sociedad. Su objetivo es estudiar los factores que pesarán en un sentido u otro, y destaca la importancia de la cultura de los derechos humanos universales. Igualmente, aquí se destaca la relevancia de los derechos sociales y económicos y la participación democrática de una ciudadanía activa, la importancia de la política, como intervención de la sociedad en los asuntos públicos y la regulación de la economía, frente a la tendencia hacia la prioridad de los beneficios privados que guía la economía liberal y su independencia de la sociedad, la ética colectiva y los poderes públicos.

Durante el año 2010, la particular combinación de las movilizaciones sindicales (contra el plan gubernamental de recorte de las pensiones, las medidas de ajuste fiscal y la reforma laboral) y la negociación institucional (el acuerdo trienal para la negociación colectiva que certificó la moderación salarial y la fallida de la reforma laboral), no evitó el giro antisocial del Gobierno, pero sí logró suscitar un amplio apoyo ciudadano para frenarlo y defender las alternativas sindicales de rectificación, sobre todo con la huelga general del 29-S. Así mismo, consiguieron un elevado prestigio y liderazgo social entre las clases trabajadoras, reforzando su dimensión representativa y sociopolítica. A diferencia del año 2010, desde primeros del año 2011, con su apoyo al recorte de las pensiones públicas y el pacto social, la mayoría de los dirigentes de los grandes sindicatos se encuentra con una importante desafección popular. Particularmente, desde la primavera, con la consolidación del movimiento 15-M, se produce un desplazamiento en su exclusiva hegemonía, en los meses anteriores, en la representación social de las capas populares, precisamente en dos temas clave de la identidad del sindicalismo: la defensa de la democracia y la actividad frente a las consecuencias de la crisis económica. La acción sindical entra en una nueva fase. Por un lado, persisten la crisis y esas políticas liberales regresivas, con retrocesos sociolaborales y una relativa impotencia transformadora. Por otro lado, las estructuras sindicales deben recuperar su credibilidad ante la sociedad y sus propias bases sociales, ganar capacidad transformadora y contractual y reajustar su dimensión representativa ante el nuevo agente social aparecido en conflicto con el poder establecido.

Al mismo tiempo, ante la persistencia del paro masivo, la gravedad de sus consecuencias sociales, la continuidad de las políticas de ajuste y una gestión institucional dependiente del poder económico-financiero, va creciendo la indignación popular que cristaliza en las masivas manifestaciones del 15-M y se consolida durante más de un mes de acampadas y actividades de denuncia, junto con las grandes manifestaciones del 19 de junio contra el pacto por el euro y el 24 de julio contra la gestión de la crisis, o las convocadas para el 15 de octubre. 

Se puede aventurar una dinámica para los próximos años con dos elementos: el probable nuevo ciclo político con hegemonía institucional de las derechas –con los resultados de las elecciones generales del 20-N-, y la persistencia de los grandes problemas socioeconómicos y de empleo. Su evolución y, sobre todo, el tercer elemento, las respuestas de la sociedad, de las diferentes corrientes y movimientos sociales, irán condicionando y definiendo el futuro. No todo está dicho, ni el poder establecido es el único que tiene la palabra. La ciudadanía activa e indignada, los grupos de izquierda y los movimientos sociales –incluido el sindicalismo- también tienen cosas que decir. La acción colectiva progresista y el pensamiento crítico son el camino a recorrer.

En todo caso, la trayectoria de estos dos años pasados de respuesta ciudadana a la crisis y sus gestores, con sus aciertos y errores, insuficiencias y virtudes, nos ha traído enseñanzas, ha configurado una dinámica sociopolítica con altibajos, avances y retrocesos, pero prometedora, y ha recorrido un camino desde el que hay que continuar caminando. El futuro está por venir, depende de lo que hagamos en el presente; la realidad social tiene distintas posibilidades de evolución y ofrece diversas oportunidades, pero este devenir es estimulante para los partidarios de un cambio social por la igualdad.

Las coyunturas críticas en la historia añaden complejidades y dificultades para la acción práctica y el pensamiento social, hacen envejecer o desplazar determinados discursos, élites, proyectos y formas sociales, pero también ofrecen, no sin esfuerzos adicionales, oportunidades y estímulos para renovarlos y crear nuevas ideas y formas expresivas que favorezcan la interpretación más adecuada de la realidad y la acción práctica más justa para cambiarla.

 

Distintos sistemas de representación y élites diversas

 

La respuesta a la complejidad y la diversidad de esa población descontenta y sus distintos niveles de implicación y posiciones ideológicas, requiere una acción y una dinámica organizativa profundamente democráticas, resolviendo bien las formas de la necesaria delegación, coordinación y representación, así como el respeto al pluralismo y la actitud integradora y unitaria.

Existe una opinión extendida en parte de la ciudadanía más activa que se expresa con la idea ‘no nos representan’, dirigida fundamentalmente a los grandes partidos de poder (PP, PSOE, CIU). No obstante, también llega a afectar, en tono diferente, al resto de la izquierda política (IU-ICV, ERC, BNG…) o a las propias estructuras sindicales. Esa idea no es cierta por lo que se refiere a millones de personas que simpatizan con ese movimiento y cuya posición es más ambivalente: apoyan sus ideas, aunque también pueden seguir afiliados a los grandes sindicatos y confiar en sus dirigentes, o votar al partido socialista (o a otros grupos más a la derecha). Se produce una combinación de actitudes entre esa expresión de indignación representada por el movimiento 15-M y la vinculación hacia la actividad defensiva de los sindicatos o con el apoyo electoral hacia opciones políticas aun con desacuerdos significativos a la gestión de sus líderes.

Ese movimiento que ha recogido un sentir mayoritario de la ciudadanía en la expresión de su indignación, no puede totalizar la representación del conjunto de sus deseos y aspiraciones, particularmente de los otros dos planos cuya intervención está mediada por otros mecanismos, necesidades y estructuras: el sindical, y el político-electoral. Así, hace bien en considerarse un movimiento ‘social’, de carácter sociopolítico y vocación transformadora, pero ser autónomo frente a la acción electoral y las organizaciones partidistas y/o sindicales, exigiendo mayor democracia y representatividad del sistema político y siendo prudentes en su intervención directa en esos campos. En sentido más amplio, habrá que analizar cómo evolucionan esos equilibrios, partiendo del hecho nuevo relevante: la amplia crítica a la clase política, particularmente, la desafección al partido socialista por su gestión antisocial de la crisis y la constitución de una ciudadanía indignada y activa. 

No obstante, esa idea impugnadora de la representatividad de la clase política, sí es expresiva de una parte más militante de ese movimiento que se fundamenta en algunos elementos. Veamos la parte menos involucrada en el poder institucional y la corresponsabilidad con los recortes sociales y más afín con ese movimiento con el que comparten una amplia base social: la izquierda política y los grandes sindicatos. Por un lado, en cierta medida, esos grupos políticos a la izquierda de la socialdemocracia han solido priorizar sus intereses político-electorales y su posición institucional –cosa lógica dentro de sus objetivos y el contexto de organizaciones especializadas-, respecto de la acción social o sindical. El problema aparece cuando, sin haber contribuido de forma decisiva al desarrollo de esos movimientos y la conformación de esa actitud social de la población, han intentado convertirlos en medios de apoyo al campo electoral propio y pretender, a veces, absorber o instrumentalizar esa función representativa autónoma del campo social o sindical y sus representantes directos.

Igualmente, algunas actuaciones de representantes de los grandes sindicatos han dado la espalda a opiniones de amplios sectores populares y han dejado un poso de frustración social. Los sindicatos conservan una gran representatividad y constituyen un freno fundamental al retroceso socioeconómico y laboral. En ese sentido, hay que evitar su deterioro y fortalecer su función reivindicativa. Pero, últimamente, su credibilidad y su prestigio, entre bases sociales de izquierdas y una parte de la gente joven, se ha deteriorado al decaer su capacidad defensiva y transformadora o acentuar los intereses corporativos de su burocracia (y también se han debilitado entre las bases sociales conservadoras por otros motivos contrarios, su actitud reivindicativa y la ofensiva mediática de las derechas, sin recuperarlos por su ‘responsabilidad institucional’ con el acuerdo social y económico).

Por otro lado, nuevas élites emergentes, vinculadas al movimiento 15-M, pugnan por confirmarse y legitimarse socialmente, prevenir su marginación y evitar su neutralización o su absorción institucional. Utilizan una crítica anti-jerárquica y anti-elitista frente a esas estructuras políticas y sindicales instaladas, y aportan un saludable ejercicio participativo y anti-burocrático. Pero deben establecer los mecanismos de relación y comunicación para rellenar también la distancia entre la parte activa (con alta participación asamblearia, deliberativa y comunicativa en las redes sociales) y los centenares de miles, incluso de millones que, en un mayor o menor grado, simpatizan con propuestas decididas por los primeros pero cuyo apoyo tampoco es incondicional, ni total o permanente. Los vínculos entre las dos partes son indirectos y condicionados por los medios de comunicación, el acontecer sociopolítico y las formas y oportunidades de las actuaciones colectivas más o menos masivas. Todo ello supone abordar también las formas de la delegación a sus representantes o portavoces y la coordinación organizativa, junto con afinar las críticas y establecer los puntos de colaboración adecuados con el resto de tejido asociativo progresista.

 

Dilemas después de la HG del 29-M

La huelga general del 29-M: impulso social contra los recortes

Huelga general del 29-M: Impulso social contra los recortes

 

Antonio Antón

Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Se publica en www.pensamientocritico.org, abril de 2012. La primera parte -29M: un paso clave contra la ofensiva del PP- se ha editado en el periódico digital Nueva Tribuna(5-4-2012) y las dos últimas -Dilemas después del 29M- en el periódico digital Rebelión (10-4-2012) y en la revista Mientras Tanto nº 102, mayo de 2012. 

9 de abril de 2012

 

El proceso de la huelga general del 29 de marzo ha permitido una expresión colectiva masiva de la ciudadanía contra la ‘agresiva’ reforma laboral y la política de profundos recortes sociolaborales del Gobierno del PP. La amplia participación trabajadora y ciudadana constituye un paso imprescindible para frenar su ofensiva antisocial, erosiona su legitimidad y refuerza a la izquierda social y el movimiento sindical en su demanda de empleo decente y plenos derechos sociales y laborales. Aquí se expresa un balance y se señalan los dilemas y las perspectivas.

 

Participación masiva y contundente: un paso clave contra la ofensiva del Gobierno del PP

 

Es difícil realizar un análisis detallado y completo del nivel de participación, con pocos datos fiables y mucha división entre distintas fuentes. La cifra oficial facilitada por los sindicatos CCOO y UGT es de más de 10 millones de huelguistas, un 77% de la población asalariada (una vez descontados 1,3 millones en servicios mínimos). Fuentes empresariales y gubernamentales han señalado un seguimiento ‘escaso’ (15% en la administración pública) y los medios liberales y de derechas incluso hablan de ‘derrota sindical’. Medios afines a la oposición socialista han destacado una participación significativa pero no general (‘parcial o sectorial’). Diversas encuestas de opinión reflejaban una disponibilidad participativa de, al menos, un tercio de asalariados (unos cinco millones) junto con una mayoría que estaba en contra de la reforma laboral y la consideraba legítima. Otros indicadores, como el consumo de energía eléctrica, la situaban en un rango similar a la de 2010 y 2002, y lejos de la excepcionalidad de la generalizada paralización de la actividad productiva y ciudadana en la de diciembre de 1988.

No obstante, se pueden señalar varios hechos significativos o diferenciales y valorar algunas enseñanzas. Primero, la participación en los paros de las capas asalariadas ha sido superior a la del 29-S del año 2010 (y similar a la del año 2002). Su distribución es desigual. Muy generalizada en la gran industria, la construcción y el transporte; importante en el sector público, particularmente en la enseñanza, y con menor impacto en las pymes del sector servicios y el sector financiero. Así mismo, ha tenido una gran repercusión en los grandes núcleos industriales y urbanos y menor en las zonas con predominio del sector servicios y en poblaciones medianas y pequeñas. En particular, se ha notado un impacto muy superior en Euskadi y Navarra (y algo también en Galicia) al converger las convocatorias de los sindicatos confederales (CCOO y UGT) y los sindicatos nacionalistas (ELA, LAB, CIG…) que en el año 2010 se habían expresado en fechas distintas (junio y septiembre).

Segundo, se ha producido una diferencia cualitativa en la presencia en las manifestaciones: casi ha duplicado a las realizadas durante la huelga general anterior hasta llegar a millón y medio (en este caso se puede contar con el dato objetivo más fiable del espacio ocupado en las más de 100 manifestaciones realizadas, en un tramo entre uno y dos millones), destacando un cuarto de millón en Madrid y Barcelona y siendo en diversas capitales la más amplia de la última década (desde las movilizaciones contra la guerra de Irak en el año 2003).

Tercero, hay que añadir varios elementos que pueden configurar una nueva dimensión participativa. Uno, mayor participación de capas medias o profesionales, particularmente de la enseñanza y la sanidad, que también han visto peligrar sus condiciones laborales y derechos sociales. Dos, mayor presencia juvenil y estudiantil particularmente en las manifestaciones, así como la práctica paralización académica en las universidades. Es un hecho que ya comenzó en 2010 pero que ahora se consolida y amplía. Junto a ello, un mayor desarrollo, con una mayor composición juvenil, de múltiples piquetes, grupos informativos y concentraciones locales en muchos pueblos y barrios. También ha influido positivamente la participación de activistas del movimiento 15-M, así como la disponibilidad de un amplio sector social participante de forma pacífica en sus movilizaciones o con distintos bloques críticos.

Cuarto, se ha expresado una conciencia colectiva mayoritaria sobre el carácter injusto de esta reforma laboral (y los planes de recortes sociales y presupuestarios), su profundo carácter regresivo, y el desequilibrio para las relaciones laborales con refuerzo del poder empresarial. La extrema dureza y agresividad de estas medidas, sus efectos perjudiciales para la mayoría de la sociedad y la falta de credibilidad del Gobierno del PP para la creación de empleo y la protección social, han profundizado la indignación ciudadana y la legitimidad de la resistencia popular contra ellas. Las personas que han apoyado esta movilización lo han hecho más convencidos y de forma más firme. Un elemento asociado a esto es que la realidad de la coacción empresarial en los pequeños centros de trabajo y hacia la gente precaria ha sido más evidente, así como una mayor conciencia social sobre las dificultades para una opción ‘libre’. Dicho de otro modo, parte de las dificultades para la participación provenían más del miedo a las consecuencias para su empleo o trayectorias laborales, que de una valoración sobre la inconveniencia de esta movilización colectiva.

Quinto, un hecho diferencial es que, aunque esta política es una continuidad de las reformas regresivas aprobadas por el Gobierno socialista desde mayo de 2010, ahora tiene un desarrollo y unos efectos acumulativos más graves para las clases trabajadoras y las relaciones laborales, y su gestión corresponde a la derecha. El poder institucional y mediático ha estado más dividido. La cúpula del PSOE (y los medios afines) no avala esta reforma laboral y ha ‘comprendido’ esta movilización sindical, y aunque su apoyo a la huelga no ha sido explícito, no ha apostado abiertamente por su desactivación y su fracaso como el 29-S. Así, una parte de su base social, entonces descontenta contra su gestión impopular pero sin querer implicarse activamente en su rechazo, ahora se ha sentido más cómoda en su actitud de oposición contra esta reforma laboral y en la conveniencia del éxito de la movilización para frenar al Gobierno (ahora del PP). Por tanto, al aumento de la participación hay que sumar dos factores nuevos que explican su mayor impacto social. Uno, que junto con la consolidación de la izquierda social o crítica, con una participación activa en el conflicto social se ha configurado otro amplio sector social que simpatiza más con este rechazo popular. Entonces estaba constreñido por los intereses políticos del aparato socialista que pretendía desactivar la indignación y el rechazo ciudadanos contra aquella reforma laboral regresiva, construir un cortafuegos en torno a esa contestación social, y evitar la desafección de izquierdas, objetivos que no alcanzó. Aunque la deslegitimación de fondo es hacia la misma política antisocial, la diferencia ahora es que la responsabilidad de su gestión es del PP y el PSOE considera funcional su descrédito para sus intereses electorales. Dos, esta movilización popular ha superado el fuerte aislamiento institucional y mediático y el intento de desprestigio de los sindicatos y la firmeza de esa ciudadanía crítica, objetivos que ha seguido pretendiendo las derechas (PP-CIU) sin mucho éxito; o dicho de otra manera, esta huelga general ha conseguido un mayor reconocimiento y visibilidad en la opinión publicada de distintos medios de comunicación más neutros y, al mismo tiempo, ha tenido un mayor reflejo en la sociedad.

No obstante, antes de terminar esta valoración, hay que criticar los hechos violentos aislados protagonizados por algunos activistas, al margen de la mayoría de manifestantes y las organizaciones convocantes, en Barcelona; son métodos equivocados y contraproducentes que enturbian el carácter democrático y pacífico de la movilización popular, aun considerando  la falta de capacidad preventiva de la policía, su reacción desproporcionada y la sospecha de la existencia de provocadores junto con gente ingenua y espontanea. No obstante, las derechas, a pesar de la instrumentalización mediática de algunos de sus medios de comunicación, no han conseguido tergiversar esta masiva movilización ciudadana y pacífica, ni convertirla en un conflicto de orden público o una imposición de minorías violentas.

En resumen, este proceso de huelga general ha constituido una prueba de la acción colectiva progresista y la reafirmación democrática de una amplia izquierda social o ciudadanía indignada. Al tercio de una ciudadanía indignada, más implicada activamente en la movilización contra los recortes sociales, se ha sumado la simpatía y solidaridad del tercio intermedio, entonces más pasivo y ambivalente. La persistencia y refuerzo de la resistencia de ese primer bloque social ha sido determinante para ensanchar ahora la oposición social a esta política regresiva y restarle credibilidad ciudadana. Es una respuesta contundente de una ciudadanía activa y un paso sustancial para fortalecer la oposición popular a esas políticas antisociales y deslegitimar a sus gestores (ya evidente en los resultados electorales en Andalucía y Asturias que han evidenciado el freno al supuesto avance de las derechas). Se ha extendido una mayor comprensión ciudadana hacia los justos objetivos de este conflicto social, factor clave para debilitar y revertir esta política socioeconómica y laboral regresiva. Pese a las dificultades evidentes para forzar la retirada inmediata de la reforma laboral, ha conseguido quitarle legitimidad y credibilidad social, y refuerza las condiciones sociopolíticas para obtener su abolición (junto a las dos anteriores: reforma laboral de 2010, y reforma de la negociación colectiva de 2011). Es un paso clave para frenar la ofensiva liberal y regresiva del nuevo Gobierno del PP, y supone ya una importante erosión de su plan antisocial. Es un fuerte impulso social que persiste en el empeño de exigir un giro social de la política socioeconómica y laboral. Necesita continuidad y una estrategia de firmeza para consolidar y ampliar los apoyos sociales y generar una dinámica de cambio social profundo hacia una salida de la crisis económica más justa y equitativa.

 

Antecedentes y contexto

 

Llevamos cuatro años de fuerte impacto regresivo de la crisis socioeconómica y su hegemónica gestión liberal-conservadora, con graves consecuencias para la sociedad: paro masivo, mayor desigualdad social y retroceso de derechos sociales y laborales. Desde mayo de 2010 existe un fuerte consenso en las instituciones europeas y españolas, en torno a unas políticas de ajuste y austeridad, con la disminución del gasto público, pérdida de poder adquisitivo de los salarios y reestructuración regresiva del Estado de bienestar, desconsiderando las políticas de creación empleo y las garantías de protección social y servicios públicos de calidad. Diversos analistas señalan, para España y los países periféricos del sur europeo, la continuidad de esa dinámica en los próximos cuatro años, con la acumulación de mayor gravedad de nuevas brechas sociales y problemas de cohesión social.

Ha comenzado un nuevo ciclo político con la victoria parlamentaria del PP (afianzada por CIU), que pretende utilizar su renovada legitimidad electoral para continuar y profundizar la senda regresiva iniciada por el gobierno socialista anterior. Perjudica la creación de empleo decente y los derechos sociales y laborales, y su consecuencia es la prolongación de esta etapa de sufrimiento para la mayoría de la población. Su estrategia de reformas regresivas es un error, desplaza aún más el poder y la riqueza hacia las élites poderosas y privilegiadas y no garantiza la salida de la crisis, y menos, equitativa. Pero tiene la vulnerabilidad de no contar con suficiente legitimidad popular. Esta disminución de su credibilidad ciudadana, todavía significativa en su base social y amparada en el pretexto de la herencia recibida, podrá profundizarse ante la evidencia de la persistencia del estancamiento económico y de empleo y el deterioro de las condiciones y derechos para la mayoría de la sociedad.

El movimiento sindical dijo Así, no y Rectificación, ya, en el otoño de 2010, en la primera huelga general masiva de este periodo. Abrió y confirmó el camino social para superar la resignación y la impotencia ante los planes europeos de ajuste y austeridad, y estimuló una amplia respuesta democrática frente a los recortes sociales y laborales. Sus objetivos reivindicativos todavía son vigentes y están plasmados en una ILP, para revertir aquella injusta reforma laboral y garantizar los derechos sociolaborales. Fortaleció una importante resistencia ciudadana que restó credibilidad social a esa política regresiva.

No obstante, no se pudo echar abajo la reforma laboral y, ante la falta de prolongación de una dinámica de movilización social, se debilitó la pugna democrática por la rectificación de esa política. Entre sectores sociales y sindicales significativos se generó cierta frustración, incrementada por el acuerdo social y económico de febrero de 2011 que avalaba el recorte de las pensiones y que tuvo grandes dificultades de legitimación social. Las direcciones de los grandes sindicatos, en ese momento, confiaban en que con su colaboración con esa medida y la desactivación del conflicto social, iban a detener los siguientes recortes laborales y neutralizar las pretensiones patronales e institucionales de debilitar directamente la función contractual y el estatus de las estructuras sindicales. Nada más lejos de la realidad. Los recortes sociales aprobados se aplicaron y las supuestas contrapartidas esperadas por los aparatos sindicales mayoritarios, de una reforma de la negociación colectiva consensuada, no se cumplieron. Y el gobierno socialista impuso una regresiva norma que debilitaba la capacidad contractual de trabajadores y sindicatos. Esas dos reformas del Gobierno socialista han sido antesala de esta tercera del Gobierno del PP, todavía más completa y agresiva.

En ese contexto resurgió la expresión colectiva de una ciudadanía activa, esta vez canalizada a través no de la iniciativa de las cúpulas sindicales sino de la de otros grupos de activistas jóvenes, que conformaron el movimiento 15-M, en esa primavera del año 2011. Incorporaba a la acción colectiva a una parte relevante de gente joven y precaria, aunque también tenían una parte de su base social común con el movimiento sindical y la izquierda social. Las grandes movilizaciones sociales desde el quince de mayo y sus acampadas y concentraciones posteriores, hasta las grandes manifestaciones del 15 de octubre, demostraron la existencia de esa ciudadanía activa -con varios centenares de miles de personas-. Esa ciudadanía, con esa nueva y masiva movilización social, porfiaba en su indignación colectiva por las consecuencias de la crisis, criticaba el distanciamiento de la clase política de la voluntad ciudadana y exigía mayor y mejor democracia de las instituciones políticas, así como cambios sociales y políticos progresistas. Ha sido un factor positivo de desarrollo de la resistencia popular y la participación ciudadana, y ha condicionado el escenario sociopolítico y las estrategias sindicales, aunque esté por ver su desarrollo futuro.

En esta primavera de 2012 persisten dos graves problemas por los que se movilizó esa ciudadanía indignada: la gravedad de las consecuencias de la crisis socioeconómica y las políticas de austeridad, y la rebaja de la legitimidad social y la calidad democrática de las actuaciones de la clase política dominante. Sin embargo, ha cambiado un tercer factor fundamental. Ahora, otro agente social relevante, el movimiento sindical, ha vuelto a ofrecer un cauce para la expresión masiva de ese malestar ciudadano, y una amplia base social común o mixta ha participado en sus convocatorias, al igual que lo hizo en las del movimiento 15-M, el año pasado. Los grupos de activistas que lo encabezaron tienen un reto inmediato, no distanciarse de esa amplia base social, no caer en el sectarismo y contribuir de forma autónoma pero unitaria y no sectaria a fortalecer la participación ciudadana contra los recortes sociales y las insuficiencias democráticas de nuestro sistema político.

En este comienzo del año 2012, frente a la nueva ofensiva antisocial del Gobierno de la derecha (del PP y CIU), esta respuesta masiva y contundente del 29-M reabre y fortalece el escenario de la confrontación social contra esa política de recortes sociales y laborales. El movimiento sindical ha estado a la altura de las circunstancias, y ha estado arropado por numerosos grupos sociales y sectores progresistas. No obstante, hay que hacer una reflexión sobre algunas actuaciones erróneas que lastran la profundidad y la continuidad de la apuesta colectiva por el cambio social y los derechos sociolaborales.

 

Después del 29M. Límites del diálogo social

 

La huelga general del 29M es un paso clave contra la ofensiva regresiva del Gobierno del PP. Ha sido una actuación acertada de los sindicatos, que han demostrado ser agentes sociales fundamentales para encauzar el rechazo popular y frenar la involución social. Ha tenido un impacto social positivo, y reabre nuevas posibilidades y escenarios para continuar la acción sindical y ciudadana contra la política de recortes y por los derechos sociolaborales y una gestión más justa de la crisis. Es una tarea conjunta del movimiento sindical y la izquierda social y política, que se enfrentan a diversas dificultades y limitaciones. Aquí nos centraremos en las actuaciones de los grandes sindicatos, dada su influencia y protagonismo. En las orientaciones y decisiones de sus dirigentes ha habido aciertos y errores. Y es conveniente la reflexión crítica y el debate constructivo para reafirmar los primeros y evitar que se reproduzcan los segundos. Las encrucijadas inmediatas están abiertas. Es preciso sacar enseñanzas, comprender mejor el significado de esta amplia y contundente respuesta ciudadana y enmarcarla en el proceso social anterior. Así, se podrán definir mejor su impacto posterior, las opciones estratégicas para el sindicalismo y las perspectivas a medio plazo.

La actuación de las cúpulas sindicales ha dado diversos bandazos, y ha denotado algunos diagnósticos poco realistas y una estrategia ambivalente y contradictoria. Su apoyo a los tres últimos pactos sociales (acuerdo para la negociación colectiva –ANC- de 2010, pacto para el recorte de las pensiones en 2011 y acuerdo salarial con la aceptación de su pérdida de capacidad adquisitiva en 2012) ha llevado al movimiento sindical a callejones sin salida. Han constituido concesiones sindicales relevantes en el retroceso de derechos sociolaborales de las clases trabajadoras, no han conseguido resultados significativos en el freno a los planes gubernamentales o empresariales, y no han impedido las siguientes reformas regresivas: la de la reforma laboral del PSOE en el primer caso; la de la negociación colectiva del Ejecutivo socialista en el segundo, y la actual reforma laboral del Gobierno del PP en el tercero. Tampoco han evitado el deterioro de la estabilidad del estatus y la capacidad contractual de las estructuras sindicales.

La experiencia de esos pactos generales ha demostrado que esos procesos institucionales de diálogo social no han conseguido resultados positivos para las condiciones y derechos de capas populares y el mantenimiento del equilibrio contractual en las relaciones laborales, ni han constituido un freno significativo o una suavización relevante de su aplicación. Todo lo contrario. La colaboración de esos dirigentes sindicales, con su apoyo a esos retrocesos, no les ha reportado mayor credibilidad social sino mayores dificultades de legitimidad ante la sociedad y sus bases sociales. Así, han producido una erosión de su capacidad representativa y de influencia frente a empresarios e instituciones políticas, que ahora, con esta demostración de fuerza y apoyo popular del 29M, recuperan parcialmente. Sin embargo, esa mayor debilidad sindical ha sido aprovechada por patronal y gobiernos (primero el del PSOE y después, de forma más dura, el del PP, además de varios autonómicos) para imponer sus siguientes reformas regresivas. Estas medidas, además de un profundo recorte a los derechos laborales, también conllevan un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales, con mayor poder empresarial y marginación de la función reguladora y representativa de los sindicatos.

Por tanto, esa apuesta fundamentalista por el diálogo social, en el actual contexto, de fuerte ofensiva antisocial, ha sido ineficaz respecto de sus objetivos explícitos de frenar sustancialmente estos recortes. Tampoco ha servido para garantizar el estatus y la estabilidad de los propios aparatos sindicales, a cuya línea de flotación apuntan las tres reformas laborales: indefensión de trabajadores y trabajadoras, subordinación al empresariado, y debilitamiento de la capacidad reguladora y contractual de la negociación colectiva y las correspondientes comisiones negociadoras y paritarias. La función reivindicativa y representativa a través de la acción sindical en la negociación colectiva queda cuestionada y disminuida, y puede generar mayor impotencia transformadora y menor legitimidad de los aparatos sindicales ante sus bases sociales.

No obstante, desde hace tiempo ya era evidente el estancamiento de la acción sindical reivindicativa y dinamizadora durante la negociación de los convenios colectivos y el bloqueo en el avance sobre sus resultados para las capas asalariadas. El primer ANC de 2002 fue defensivo, pretendía impedir la reforma laboral del PP, cosa que no evitó y hubo que frenarla con la huelga general de ese año que sí consiguió su modificación sustancial. Era todavía época de crecimiento económico y de empleo y de mantenimiento de las condiciones salariales y laborales, aun en un mercado de trabajo con importantes zonas de precariedad, particularmente juvenil. La conflictividad laboral en la negociación colectiva prácticamente desapareció. La dinamización y el empuje del sindicalismo de base no aparecían como una necesidad para fortalecer esos derechos y la propia credibilidad de sus representantes en la negociación. Junto con esa relativa estabilidad en el empleo y las condiciones laborales y salariales, esa inercia ofrecía cierta confianza en el mantenimiento de ese equilibrio contractual y la acomodación de esa estructura negociadora. Se reforzaba con el reconocimiento institucional y jurídico de varias decenas de miles de sindicalistas en su función negociadora, a través de las comisiones negociadoras de los convenios, comisiones paritarias y diversas funciones de mediación y arbitraje, junto con la participación institucional de muchos dirigentes sindicales y la ampliación de su aparato para desarrollar políticas activas y de formación (cuestión contra la que apunta la rebaja de 1.500 millones de los presupuestos generales de 2012).

Sin embargo, ese entramado organizativo tenía unas bases frágiles si no se asentaba en la bonanza del crecimiento económico y el empleo con un reparto equitativo de sus rentas, es decir, con unos resultados reivindicativos significativos para las clases trabajadoras. Presuponía una fuerte vinculación con sus bases sociales, importante en los grandes centros de trabajo, pero más débil entre las capas trabajadoras de las pymes y la gente joven. Con la crisis y las políticas regresivas, esa labor negociadora e institucional no ha sido suficiente para evitar su cuestionamiento empresarial y del gobierno socialista primero y de la derecha después, que han impuesto un profundo desequilibrio que cercena la dimensión y el  estatus adquiridos por esos aparatos sindicales. La simple inercia de una representatividad y una comunicación básica con su afiliación y sus bases sociales más estrechas, presenta insuficiencias para acometer las nuevas tareas, más duras, que necesitan una profunda y prolongada activación de trabajadores y trabajadoras y mayor participación de sus bases sociales.

La crisis económica y de empleo, la presión empresarial y la política institucional de austeridad y subordinación del diálogo social a una política regresiva, han puesto en evidencia la fragilidad del estatus de esa burocracia sindical. Los sindicatos son instrumentos fundamentales –reconocidos en la Constitución- para participar en la regulación de las condiciones sociolaborales. Las reformas laborales, además de precarizar las condiciones laborales, han debilitado la capacidad de articulación y presión social de las capas asalariadas y han fortalecido el poder empresarial. Pero, el segundo componente clave y más específico es el desequilibrio en las relaciones laborales, con el debilitamiento de la capacidad reguladora de las estructuras sindicales en la negociación colectiva y en el plano más general. Los cambios normativos e institucionales que ahora se aprueban consolidan esa situación y van a tener efectos regresivos profundos, laborales y sindicales, en los próximos años. Ello sí puede constituir una derrota particular de los aparatos sindicales, idea incorporada en la visión algo catastrofista de que la ofensiva del PP va ‘a terminar con todo’, incluido el reconocimiento y la estabilidad de los dirigentes de los grandes sindicatos. No es el final. En las 4.500 empresas medianas y grandes (con un millón de asalariados) con su convenio propio, su representación sindical más estable y su comisión negociadora, ven reducidas sus funciones a favor del empresario y las comisiones de arbitraje, pero tienen mayores recursos que el resto de pequeñas empresas en situación más desventajosa. Sus trabajadores y trabajadoras, particularmente las personas precarias, tienen mayores riesgos de retrocesos.    

Por tanto, tiene sentido su valoración de que el actual es el mayor ataque laboral y sindical de toda la democracia, y puede ser un punto de inflexión en el menor papel regulador, negociador, institucional y asistencial de las estructuras sindicales, cuestión que genera su lógica preocupación. A finales del año 2010, tras el pulso del 29-S, se produjo en las cúpulas sindicales un vértigo ante el riesgo de una prolongación del conflicto social con los poderosos. Para evitarlo, generaron la ilusión de que la desactivación del conflicto y su colaboración con el pacto de las pensiones les permitirían mantener el objetivo estratégico del equilibrio en las relaciones laborales, es decir, la capacidad contractual de las estructuras sindicales y su estatus institucional y en la negociación colectiva. Las siguientes reformas laborales se han encargado de demostrar lo desacertado de ese pronóstico y esos pactos, así como la ausencia de la suficiente previsión y preparación para hacerlas frente. Ha sido necesaria la evidencia de la última reforma laboral del PP, especialmente agresiva, la que ha forzado a los dirigentes sindicales mayoritarios, por encima de las pretensiones iniciales de ignorarla o minusvalorar la indignación social contra ella, a una reconsideración de la gravedad de este embate y la conveniencia de una actuación contundente y firme contra ella.

De momento no se ha conseguido su abolición y su aplicación ya tiene efectos graves. La imposición y la arbitrariedad empresarial ya están a la orden del día. Además, la desarticulación de la negociación colectiva sectorial y la marginación de las comisiones negociadoras y paritarias de los convenios colectivos, dando el poder decisorio a las comisiones de arbitrajes, ajenas al sindicalismo, puede ser un golpe profundo a su función principal de defensa reivindicativa y garantía de las condiciones laborales de las clases trabajadoras. A corto plazo, es difícil una modificación sustancial de esas reformas cuya pleno desarrollo va a profundizar esas dinámicas regresivas y ese desequilibrio para el sindicalismo. No se puede confiar en una improbable negociación sustantiva con el Gobierno para que las retire o cambie significativamente, pero hay que evitar adaptarse y acomodarse a la nueva situación, refugiándose en el intento de salvar sólo algunas parcelas sindicales de actividad institucional y mirar hacia otro lado.

 

Refuerzo de la acción sindical y sociopolítica

 

La única alternativa sindical realista para frenar esta ofensiva regresiva de la derecha es fortalecer la dimensión representativa y social del movimiento sindical y ciudadano, su vinculación con las clases trabajadoras y la ciudadanía indignada y su activación y articulación. Se trata de afianzar el arraigo de los representantes sindicales con sus bases trabajadoras, particularmente en las pymes y la gente joven, con la extensión a las personas desempleadas y sin descuidar a las capas profesionales. Y además, junto con otros grupos de izquierda social y política, estimular y ser portadores de las demandas sociopolíticas de la ciudadanía. Supone reafirmar la confianza y la credibilidad en sus propias bases sociales, recomponer su función reivindicativa y dinamizadora, para hacer frente a toda esta ofensiva antisocial. Ello le permitirá ir ganando legitimidad, representatividad, influencia y capacidad contractual en el nuevo marco de relaciones laborales, más disperso y desventajoso, que impone las últimas reformas laborales.

Consiste en una reorientación de la estrategia sindical, superando las inercias de pasividad y acomodamiento, de más de una década, en la negociación colectiva, ámbito clave para el sindicalismo, y con un sistema de concertación institucional ahora fracasado. Es una adecuación imprescindible y necesaria para frenar el desgaste de prestigio y legitimidad de los dirigentes sindicales por sus pactos infructuosos y la tendencia hacia la irrelevancia que los poderes políticos y económicos quieren imponer al movimiento sindical. La reversión del nuevo marco jurídico-laboral y el reconocimiento del estatus de las estructuras sindicales es un objetivo fundamental, que se debe librar, particularmente, con el fortalecimiento de la acción sindical en los centros de trabajo y en una dinámica general de resistencia frente a la involución socioeconómica y laboral. Frente a la casi nula conflictividad laboral en las empresas y en el ámbito local, y más allá de los conflictos sociales y manifestaciones generales, la actividad defensiva y prolongada supone un cambio de las inercias y prioridades de la acción sindical. La respuesta depende, sobre todo, de la capacidad representativa y dinamizadora de los sindicalistas de base, de los representantes directos de trabajadores y trabajadoras, en los centros de trabajo. La nueva estrategia de las direcciones sindicales debería apuntar a ello, renovando la cultura, las dinámicas organizativas, las propuestas y los nuevos horizontes de cambio que ilusionen a sus bases y a la ciudadanía. Dada su influencia social, y junto a otros grupos sociales progresistas, deberían ofrecer un liderazgo y dar alternativa a las exigencias de fortalecer un sindicalismo firme y una mayor participación democrática y ciudadana, como instrumentos para conseguir mejoras sociolaborales y forzar una democracia social y económica avanzada.

Uno de los ejes específicos de la nueva orientación, frente a la nueva realidad impuesta, debería ser una mayor dinamización de la acción sindical en las empresas y sectores, reafirmando la acción reivindicativa con ocasión de la articulación de los convenios y acuerdos colectivos. Su plasmación en movilizaciones sociolaborales y avances colectivos puede ser desigual, se trata de empezar en los sitios y momentos más favorables. En todo caso, presupone el reconocimiento del fracaso del reciente acuerdo de los negociadores sindicales con la patronal para la reducción salarial, que ha demostrado ser desequilibrado y perjudicial para trabajadores y trabajadoras. El contenido de esa concesión sindical, sustancial para la patronal como confirmación de la disponibilidad de las cúpulas sindicales para admitir ese retroceso y garantizar la pacificación de las relaciones laborales en la negociación colectiva, se ha aplicado. La supuesta contrapartida para los sindicatos, derivada de la promesa patronal de respetar el consenso en la reforma laboral posterior y admitir sólo un retroceso limitado en la capacidad contractual de las estructuras sindicales, se ha incumplido. Está claro que el acuerdo era desequilibrado y que, además, ese compromiso ha resultado ser retórico para la patronal que apostaba, todavía más con el acuerdo en la mano, por un retroceso profundo de las condiciones laborales y el estatus de los sindicatos. Han quedado en evidencia sus consecuencias: éxito para la patronal (y Gobierno) y fracaso para los sindicatos. Es motivo suficiente para que los órganos dirigentes de los grandes sindicatos, aun sin que acepten explícitamente su gran error, impugnen el citado acuerdo, en vez de seguir reclamándolo. Supone abrir un frente de rechazo a los retrocesos salariales y laborales en las empresas y sectores y resituar la acción reivindicativa.

El segundo eje tiene que ver con la respuesta ante los recortes sociales y en defensa de los servicios públicos y el Estado de bienestar. Las ejemplares movilizaciones y huelgas del sector de enseñanza en Madrid y de la sanidad y empleados públicos en Catalunya es una pauta a seguir y generalizar. Motivos no  faltan en este periodo restrictivo del gasto público y de deterioro de prestaciones y servicios públicos. El impulso sindical y social debe ser prolongado y general.

El tercer eje es sobre la orientación global de continuidad de la oposición y la resistencia sindical y ciudadana, tras la negativa del Gobierno del PP a modificar su reforma laboral y sus planes restrictivos. El próximo reto es esta misma primavera, mayo y junio, como marco para volver con otra contestación social masiva que siga debilitando la legitimidad de esa política, favoreciendo la dinámica sociopolítica para su cambio, a través del fortaleciendo el movimiento sindical y la izquierda social, junto con la expresión colectiva de esa ciudadanía activa. Y en el horizonte del curso que viene, con la amenaza de mayores planes de ajuste y austeridad y un agravamiento de las consecuencias sociales de la crisis, hay que levantar una dinámica creíble de resistencia social y de cambio del escenario sociopolítico que apueste por el empleo decente y los derechos sociolaborales.

Los dirigentes de CCOO y UGT utilizan un lenguaje doble. Por un lado, conscientes de las dificultades para forzar avances sustantivos en los objetivos reivindicativos, amenazan al Gobierno con una movilización sostenida y creciente, manifestando firmeza en sus exigencias de cambios sustantivos. Por otro lado, ponen el acento en una faceta más limitada y de cierta ambigüedad: la recomposición del diálogo social, como freno a las imposiciones gubernamentales, junto con el reconocimiento institucional de la función de los aparatos sindicales y la garantía del reequilibrio de su capacidad contractual y su estatus. Pero, como se ha dicho, ha terminado la etapa en que el diálogo social, como condición o veto sindical para regular condiciones y derechos sociolaborales, permitía conseguir o mantener algunos derechos o, al menos, evitar recortes sustantivos. Y la promesa institucional de tratar bien a los sindicatos está condicionada a una completa subordinación a sus planes.

La situación actual ha dejado operativas dos opciones de acción colectiva: 1) negociación institucional y colaboración con acuerdos generales regresivos para las capas trabajadoras que tampoco consolidan al sindicalismo, o 2) respuestas firmes y masivas para frenar esos retrocesos, activar a sus bases sociales y la ciudadanía,  afianzar la representatividad y arraigo del sindicalismo y su unidad con otros movimientos populares, y condicionar y revertir esos recortes. Y es en la medida que se consolide la segunda opción cuando se podrán recuperar unas negociaciones más equilibradas y unos acuerdos (generales y en la negociación colectiva) positivos, para sus bases sociales y los propios sindicatos.

La otra cara es la opción individual de la supervivencia y adaptación a la inseguridad y la precariedad. El tradicional esfuerzo en formación de muchos jóvenes no constituye ya una salida segura al empleo cualificado y el ascenso social. Se generan dinámicas de descontento y malestar, con distintas posturas reactivas, pero también de miedo, resignación y segregación.

Este proceso de huelga general es una clara y firme advertencia popular para modificar esa dinámica. Supone un fortalecimiento de la izquierda social contra la involución social y refuerza el movimiento sindical. Ha sido una convocatoria acertada, con objetivos justos. La masiva participación popular aporta una nueva relegitimación de las estructuras sindicales. No obstante, ese apoyo no es incondicional ni para cualquier iniciativa o acuerdo. Los dirigentes sindicales asumen una gran responsabilidad en la gestión de esta gran capacidad social expresada por esta ciudadanía activa. Les exige afirmación en sus objetivos fundamentales: retirar la reforma laboral -y las dos anteriores-, frenar la ofensiva antisocial del Gobierno del PP, abrir un horizonte de cambio.

Dado el desequilibrio en las relaciones de poder y la persistencia y la profundidad de la política regresiva del Gobierno de la derecha, la baza fundamental a utilizar por los sindicatos y el conjunto de la izquierda social es la de una resistencia sindical y ciudadana, intensa y prolongada. Supone estimular la participación democrática y la activación de la ciudadanía, modificar el escenario sociopolítico, generar las condiciones para deslegitimar y abolir esas normas antisociales y promover un cambio de la política socioeconómica y de empleo, garantizar los derechos sociales y laborales y reforzar el Estado de bienestar y una democracia social más avanzada.

 

Los apoyos sociales a la huelga general del 29-M

Respuesta masiva, intensa y prolongada

Respuesta masiva, intensa y prolongada

Antonio Antón

Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Publicado en Nueva Tribuna (16-2-2012), y en www.pensamientocritico.orgwww.solidari.es (febrero-2012) y Mientras Tanto nº 100 (marzo-2012). Unas versiones resumidas y actualizadas se publican en las revistas Página Abierta nº 219 (marzo-abril de 2012) y Berrituz nº 31 (abril de 2012).

14 de febrero de 2012

El Gobierno del PP ha aprobado y pretende imponer, con su mayoría parlamentaria, una reforma laboral profundamente regresiva: abarata y facilita el despido, recorta derechos y condiciones laborales, precariza el empleo y debilita la regulación laboral y la negociación colectiva. Sus objetivos son dobles: por un lado, la subordinación de trabajadores y trabajadoras, el abaratamiento de los costes laborales y asegurar una inserción laboral en la inseguridad, y, por otro lado, el incremento de los beneficios empresariales y el fortalecimiento de la capacidad empresarial para disponer arbitrariamente de las personas empleadas y en paro. El resultado es un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales: por una parte, mayor indefensión para las capas trabajadoras y marginación de sus representantes sindicales, y por otra parte, mayor poder y control empresarial.

Lejos de constatar el fracaso de las anteriores reformas laborales para crear empleo, asegurar su calidad y atender las demandas ciudadanas de superar el paro y garantizar la protección al desempleo, esta contrarreforma laboral del PP profundiza su contenido regresivo y desarrolla su impacto antisocial.

 

Facilita y abarata el despido, empeora las condiciones laborales y precariza el empleo

 

Es una reforma ‘completa’ porque impone un retroceso en los tres ámbitos fundamentales: facilita un despido más barato; empeora las condiciones laborales de los empleados marginando la negociación colectiva, y crea nuevos tipos de contratación más precarios. Se generaliza la flexibilidad externa, en la entrada y la salida del mercado de trabajo, y se añade mayor flexibilidad interna, reduciendo las garantías laborales. Se refuerza el poder discrecional de la jerarquía empresarial, y se profundiza la ‘inseguridad’ para la gente trabajadora.

Primero, reduce drásticamente la protección del empleo al facilitar y abaratar el despido. Tiende a generalizar el despido procedente objetivo, con 20 días de indemnización por año trabajado y un máximo de doce mensualidades. Elimina la protección del contrato indefinido ordinario (45 días y 42 mensualidades) y a partir de ahora lo convierte en el indefinido de fomento del empleo (33 días y 24 mensualidades). Facilita el despido colectivo a través de los expedientes de regulación de empleo, eliminando la necesidad de autorización administrativa previa y la consiguiente participación y negociación de los representantes de los trabajadores. El empresario aduciendo causas económicas, productivas, técnicas o de organización puede decidir libremente la rescisión de contratos de trabajo. Y para que no haya dudas jurídicas establece que un descenso de ventas o beneficios durante tres trimestres es motivo suficiente.

Segundo, empeora las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras y debilita la regulación colectiva. Posibilita la inaplicación de los convenios colectivos y el descuelgue empresarial, con reducción de salarios, cambio de jornada y horarios, movilidad funcional y geográfica. Esta ‘modificación sustancial de las condiciones de trabajo’ requiere la consulta a una representación de trabajadores de la empresa (o de la comisión negociadora del convenio sectorial), pero en caso de desacuerdo dictamina la correspondiente comisión de arbitraje, ajena mayoritariamente al sindicalismo. Además, el empresario, puede imponer arbitrariamente y bajo amenaza de despido procedente objetivo, una modificación colectiva (en torno al 10% de la plantilla) de esas condiciones cuando se den esas circunstancias.

Tercero, crea unas figuras de contratación subvencionada, especialmente precaria. El nuevo ‘contrato indefinido de apoyo al emprendedor’ sólo tiene el nombre de indefinido; es un cambio nominal para rebajar las estadísticas de temporalidad y dar apariencia de que se amplía el empleo estable. Pero es sólo un cambio nominal. Ese contrato es más precario incluso que el temporal. El empresario lo puede rescindir durante el primer año –de prueba- sin ningún motivo ni indemnización por despido improcedente (el temporal tiene ocho días). Por otra parte, se desarrollan el contrato a tiempo parcial y el contrato de aprendizaje y formación, dirigidos sobre todo a jóvenes, con fuertes subvenciones para abaratar su coste a los empresarios (a cargo de la Seguridad Social), pero sin garantías de su continuidad. Se crea un segmento todavía más bajo y más inestable e inseguro. Se impone un proceso de inserción profesional a los jóvenes basado en la indefensión y la precariedad laboral. A falta de creación de empleo neto, a corto y medio plazo los nuevos contratos de infra-empleos y con pocos derechos irían sustituyendo a personas con contratos con mayor estabilidad y protección. En perspectiva, supone la ampliación de la contratación precaria y la reducción de la estabilidad laboral.

Este plan de incentivación a los nuevos contratos tiene otro efecto perverso. También segmenta a los propios desempleados, favoreciendo la contratación de los que reciben prestaciones de desempleo (y cuanta más alta y más tiempo mayores beneficios para el empresario al que revertiría el 50% de su prestación). Tiene la lógica de reducir el gasto público en prestaciones de desempleo en el 25% (el nuevo contratado seguiría recibiendo el 25% como incentivo para la búsqueda de empleo). La cara principal es que condena a unos cuatro millones de desempleados y a los jóvenes sin empleo previo a un paro prolongado y sin apenas protección social.

En definitiva, esta reforma laboral no tiene ningún plan de creación global de empleo neto, y facilita una reestructuración de plantillas hacia un mercado de trabajo más barato y dócil. Empleos más estables disminuyen su protección para sustituirlos por nuevos contratos más precarios. Se somete a la gente joven y desempleada a una vida laboral estancada, de paro y precariedad. Por tanto, frente a los discursos oficiales, no crea empleo sino que pretende sustituir unos contratos, hasta ahora con mayores derechos de protección, por otros precarios. Tampoco frena la dualidad del mercado de trabajo, sino que empeora las condiciones de los distintos segmentos e incrementa la inseguridad y desprotección de los nuevos empleos, particularmente, los destinados a jóvenes. Su apuesta es consolidar la capacidad empresarial de control social y productivo, mediante la coacción y reglas autoritarias para garantizar la subordinación e impotencia de la gente trabajadora.

 

No crea empleo, prolonga la crisis y perjudica a la mayoría

 

Su justificación oficial es la creación de empleo, aunque se diluye en el tiempo y aparece condicionado. Así, sin mucha convicción y acompañado por otras reformas estructurales (financiera y presupuestos restrictivos), se considera un medio imprescindible para generar un nuevo periodo de expansión económica, la condición necesaria para salir de la crisis económica. Cuando menos, ese pronóstico es dudoso. Probablemente, va a contribuir a la prolongación de la crisis, la contracción económica y, sobre todo, el empeoramiento de las condiciones de empleo, laborales y de vida de la mayoría de la sociedad. Estos efectos son claros a corto plazo. Pero, no hay que descartar la persistencia de esta situación a medio plazo con estancamiento del empleo y menor protección social: continuidad de un paro masivo, ampliación de las capas trabajadoras precarias y baratas con mayor incertidumbre socioeconómica, mantenimiento de una estructura productiva frágil y de baja cualificación, recortes del Estado de bienestar, probabilidad de un fuerte descontento popular y dificultades para la cohesión social.

Estos ‘sacrificios’, esta contrarreforma laboral del PP, tendrían todavía menos legitimación ya que se diluiría la credibilidad que todavía pueden contar en un parte conservadora de la sociedad española. Su apoyo electoral e institucional actual no le avala ahora, y menos indefinidamente, para continuar con esta vía antisocial. El desacuerdo popular a recortes sociales fundamentales, como el abaratamiento del despido, es mayoritario. La oposición social y sindical frente a estos retrocesos laborales es ya muy amplia (según la encuesta de Metroscopia –El País 12-2-2012- realizada antes de saber el fuerte impacto ‘agresivo’ de la reforma laboral, el 46% de la población -67% de los votantes del PSOE- estaría de acuerdo con la convocatoria de una huelga general).

En la medida que sus efectos oficiales positivos no se confirmen, pueden aparecer ante la ciudadanía sus objetivos implícitos y percibirse sus consecuencias negativas. Este plan de fuerte ajuste y austeridad se vería resquebrajado. La amplitud y la consistencia de esa conciencia ciudadana de rechazo es la condición para el cambio. Supone la activación del movimiento sindical y la ciudadanía indignada para hacer valer las críticas y alternativas y demostrar su carácter injusto y engañoso. Por tanto, es imprescindible un impulso intenso y prolongado de concienciación y movilización social para hacer reversible esta contrarreforma (y las dos anteriores) y conseguir su abolición.

El desarrollo de la indignación ciudadana y el conflicto social puede socavar la legitimación de la nueva élite política de las derechas y su política de austeridad. Las propias élites económicas e institucionales pueden incluso desconfiar en sus pronósticos de reactivación a medio plazo. El engaño, incluso respecto de su propio programa electoral, y la visualización de estas medidas como medio para imponer una dinámica no solo injusta sino además ineficaz para el conjunto de la sociedad, añadiría una fuerte pérdida de su credibilidad. Aparecerían públicamente sus intereses: incrementar los privilegios de los poderosos a costa de la mayoría de la ciudadanía. Ni interés general, ni bien común. Retroceso colectivo, perjuicio para la mayoría y, particularmente, bloqueo para las expectativas ascendentes de la gente joven.

Pero parece que ante esa dinámica de desvertebración social y/o indignación ciudadana, la opción conservadora que se dibuja es reforzar la autoridad y los mecanismos de coacción de la jerarquía empresarial, someter a la población a una fuerte socialización en la precariedad laboral, debilitar los mecanismos sociales de defensa sindical y representación colectiva, neutralizar la expresión colectiva del descontento ciudadano, marginar las opciones progresistas y de izquierda.

 

Prolongación de la crisis y desequilibrio en las relaciones laborales

 

Esta agresiva contrarreforma de las derechas (PP y CIU) profundiza el retroceso laboral impuesto por las dos reformas del Gobierno socialista anterior: la reforma laboral de junio de 2010, con el abaratamiento del despido, y la reforma de la negociación colectiva de julio de 2011, con el debilitamiento de la capacidad contractual de los sindicatos. En su conjunto es un recorte generalizado de las garantías colectivas e individuales de trabajadores y trabajadoras, una marginación del sindicalismo en la regulación de las relaciones laborales, un incremento del poder empresarial.

Se basa en la lógica liberal de culpabilizar de la crisis y el paro a los trabajadores y sus derechos: salarios, protección social y regulación colectiva. Su opción para ellos es clara: abaratamiento, inseguridad e indefensión. Tratan a aprovechar el desempleo masivo para intentar trasladar la responsabilidad de la ausencia de puestos de trabajo decentes a las personas empleadas y crear una brecha social interesada. Pretenden justificar la austeridad salarial y los sacrificios laborales de la gente empleada como imprescindible para crear empleo o evitar su destrucción. A los empresarios se les garantiza una mano de obra más dócil y barata y una flexibilidad casi total para la adecuación de sus plantillas (despedir, contratar en precario, disponer libremente), y eso les incrementa los beneficios; sin embargo, no es suficiente para asegurar el crecimiento económico y del empleo.

La realidad de estos años ha demostrado que es la actividad económica, las perspectivas de la demanda y el consumo, el factor determinante para la inversión y la creación de empleo. Y en condiciones de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, mayor inseguridad del empleo e, incluso, menor cobertura protectora a las personas desempleadas, la incertidumbre económica se mantiene, y se retrae la producción de bienes y servicios. Además, la otra variante de la austeridad, la del gasto público y social, amplía la contracción económica e impide la necesaria vía de la inversión pública con una reforma fiscal profunda y progresiva.

Por otro lado, esta política liberal-conservadora, amparada por las instituciones europeas (UE) e internacionales (FMI), al priorizar la reducción del déficit público y la deuda pública y no ofrecer un plan global de reactivación económica y mutualización de los riesgos de la deuda, no permite vislumbrar a medio plazo (dos/tres años) el cambio hacia un crecimiento significativo del empleo. Así, las condiciones de penalidad y pérdida de derechos laborales van a beneficiar la acumulación de beneficios empresariales, pero tampoco van a facilitar la creación de empleo. En el medio plazo junto con altas tasas de paro se puede conformar un mercado de trabajo más barato, precario y vulnerable. Además, la intensidad del trabajo en las empresas ya es alta, tanto en los segmentos cualificados cuanto en los semicualificados y no cualificados. La mayor subordinación de la mano de obra y la mayor presión empresarial tampoco van a aportar avances relevantes en términos de mayor productividad de la fuerza de trabajo. Hay incluso nuevos mecanismos selectivos, como la posibilidad de despido objetivo (20 días por año) para las personas con enfermedad común con una acumulación de bajas de más de doce días en dos meses (y menos de veinte). Una cosa es eliminar el fraude real, pero esa contención del absentismo es vergonzosa y contraproducente

El abaratamiento de costes salariales y la flexibilidad laboral pudiera beneficiar, parcialmente, a las empresas exportadoras al ser más competitivas en el extranjero. Algunas de las multinacionales españolas podrían aumentar fuera su cuota de mercado. Pero resulta que la mayoría de esas empresas industriales y de servicios utilizan una mano de obra cualificada o semicualificada y esas medidas de precarización tendrían efectos contraproducentes para su motivación y productividad. La gran mayoría de empresas dedicadas a la demanda interna no conseguirían ninguna ventaja comparativa. Este plan tampoco mejora la ‘competitividad’ de la economía española. Esa política de ‘deflactar’ costes laborales y deteriorar las condiciones laborales de las personas empleadas, amplificada por la contracción del gasto público, disminuirá el consumo global privado y público y, por tanto, la actividad económica y el empleo. Esta reforma regresiva no crea más riqueza y beneficios, sino que el conjunto de la sociedad, el total de los propios empresarios y el capital, tendrán menos a repartir. La opción subyacente es favorecer una redistribución de la renta de los asalariados a los empresarios, un crecimiento de la desigualdad, ya iniciado estos años. No obstante, la consecuencia real más significativa es que no asegura que el conjunto de la tarta sea mayor sino menor. Así, esa perspectiva económica tampoco es funcional o positiva para los propios inversores y emprendedores ya que no garantiza a medio plazo la devolución de las deudas privadas y públicas ni un crecimiento sostenido y suficiente de las rentas del capital y los beneficios empresariales. Sólo permite una destrucción más fácil y barata de tejido empresarial más improductivo, a costa de mayor desempleo. Por tanto, son otros los parámetros para ganar competitividad: desarrollo tecnológico, inversión pública, cualificación. Y de todo eso no hay nada.

 

Una respuesta contundente hasta su abolición

 

Este plan conservador es injusto, bloquea las expectativas de la gente joven y parada, crea nuevas brechas sociales e incrementa la inseguridad y la fragmentación social, particularmente de las personas más débiles y de origen inmigrante. Pero, además, es un proyecto vulnerable. No ofrece una salida satisfactoria a una crisis dura y prolongada. La expectativa del supuesto ‘cambio’ liberal, de la relativa confianza de una parte de la sociedad en la política de ajuste y austeridad para salir adelante, puede transformarse en nueva frustración, reforzada por el sentimiento de engaño. Añadida a la acumulación del deterioro social y la falta de salidas se puede profundizar la indignación ciudadana. El problema de falta de confianza en la clase política se puede transformar a medio plazo en una menor legitimidad del poder político dominante. Tras esa falsa ilusión en una salida equilibrada, promovida desde esta política y todavía amparada por la legitimidad electoral reciente y mayoritaria, puede crecer la indignación popular y ciudadana y forzar otra política progresista y solidaria.  

No se puede adivinar la evolución futura de estas tendencias contradictorias. En todo caso, hay que destacar los riesgos y la vulnerabilidad de este plan liberal-conservador de gestión de la crisis. Y que puede frenarse y empezar a desactivarse desde este momento. El horizonte es deslegitimarlo ante la mayoría social, rechazar la resignación, expresar colectivamente la indignación ciudadana, impedir que se consolide y promover su cambio. Es una tarea que atañe a todas las izquierdas, el movimiento sindical y los sectores progresistas y que exige su reafirmación y renovación.

El objetivo inmediato es la rectificación de este plan de austeridad, impedir la fuerte regresión de esta contrarreforma, evitar un panorama de precariedad y sumisión de las clases trabajadoras y de fuerte desequilibrio en las relaciones laborales.

La apuesta sindical y social debería ser afianzar la indignación popular y convertirla en una poderosa fuerza de cambio. Para ello son necesarias la amplitud de miras, la unidad y la determinación. Se trata de una respuesta masiva, firme y continuada en estos próximos meses. Supone la reafirmación de la izquierda social, la ciudadanía indignada  y el sindicalismo.

El día 19 de febrero, con las grandes manifestaciones con el NO a esta reforma laboral, es el inicio para echarla abajo (junto con las dos anteriores). Para impedir la aprobación definitiva de esta contrarreforma y evitar los nuevos planes restrictivos de gasto público y prestaciones y derechos sociales, los próximos meses sería necesaria una movilización intensa y contundente. No hay que descartar un proceso que culmine en una huelga general, con apoyos suficientes y una gran legitimidad entre la ciudadanía. No es fácil, empezando por la propia fragmentación y fragilidad de las fuerzas del trabajo, así como por la poca conflictividad laboral. Se trata de hacer pedagogía, persuadir a sectores amplios de la sociedad, ofrecer credibilidad para frenar esta involución, abrir una esperanza de cambio efectivo. Y en todo caso, ganar legitimidad social, conformar un bloque social crítico y alternativo por una gestión de la crisis más justa y equitativa. Ello exige firmeza, liderazgo, continuidad y mirada amplia. Todos los partidarios de la igualdad y la justicia social debemos estar a la altura de este reto histórico y estratégico.

 

Recorte salarial y laboral sin contrapartidas