Sociólogo y politólogo.  Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (2003/2022)

Precariedad y mercado laboral. Comentario sobre C. Offe

PRECARIEDAD Y MERCADO LABORAL.

UN ANÁLISIS A MEDIO PLAZO DE LAS RESPUESTAS DISPONIBLES

Claus Offe

 

RESUMEN Y COMENTARIOS DE ANTONIO ANTÓN

 

Este capítulo está publicado en el libro ¿QUÉ CRISIS? Retos y transformaciones de la sociedad del trabajo. Ed. Gakoa, 1997. Dentro del resumen he seleccionado en 'negrita' las frases más significativas del texto de C. Offe. En la segunda parte, a través de las notas correspondientes, hago los comentarios.

Madrid, septiembre de 1997

 RESUMEN

 

0 INTRODUCCIÓN.

            "Para reproducirse de manera compatible con la noción de 'orden social', todas las sociedades tienen que resolver por vías institucionalizadas dos recíprocos problemas centrales. En primer lugar tienen que asignar la mano de obra humana (adulta) a funciones valoradas ('productivas'), colocando de esta manera 'personas' en 'sitios'. En segundo lugar, las sociedades deben facilitar a las personas, por vías igualmente estructuradas y rutinarias, los medios de vida y subsistencia en recompensa por las funciones valoradas que están cumpliendo (o que cumplieron en el pasado) y como condiciones previa para el cumplimiento continuo de las mismas. Estos medios comprenden los ingresos (o el derecho a medios de consumo de 'bienes') y a la protección (o la compensación, al menos parcial, de riesgos o de la incidencia de 'males')....

            Pero esta función central del contrato laboral como fundamento del orden social, muestra signos de erosión.[2] O, mejor dicho, se sigue confiando en él como si fuera central, pero falla en el cumplimiento de sus funciones como pilar de asignación y distribución e, implícitamente, del orden social. El 'problema del desempleo' se evidencia como la manifestación más obvia del fracaso de este modelo institucional clave que es el trabajo contractual... Este fracaso institucional adopta muchas formas...el contrato laboral falla tanto en asignar un 'sitio' en la sociedad a un creciente número de personas, como en proporcionar ingresos y protección adecuados. Primero, la precariedad de la situación: esta condición de empleo 'no regular’ afecta a una amplia variedad de personas...Segundo, la precariedad de la subsistencia: Es importante darse cuenta de que ya no existe ninguna correspondencia exacta según las antiguas categorías. Es posible estar involuntariamente 'fuera del trabajo' y disfrutar todavía de un standard bastante bueno de vida y de protección (por ejemplo debido a la existencia del apoyo familiar o acuerdos factibles de asistencia social); y, lo que en el contexto actual tiene más importancia, también es posible estar completamente integrado en algún tipo de proceso productivo sin que se disponga de un nivel de subsistencia y protección que pueda considerarse adecuado según los standard reinantes en una sociedad...[3]

            Esta precariedad dual, junto con el desmoronamiento del contrato laboral y del paradigma del pleno empleo como pilares del orden social, es el problema de referencia de este artículo."

1. INTERPRETACIONES CAUSALES Y REMEDIOS PERTINENTES

            "Factores causales (de la precariedad):

            - Los tecnológicos. Disparidad existente entre la tasa de crecimiento de la productividad laboral y la tasa de crecimiento del resultado económico. Dado que el trabajo es cada vez más productivo, el resultado es una inmensa infrautilización de la oferta de mano de obra. (no existe) un tipo de productos nuevos que en las economías ricas de la OCDE, podrían encontrar una demanda real en el mercado de consumo... (aunque) se afirma una demanda virtualmente ilimitada...los servicios. A pesar de la difícilmente discutible 'necesidad' social existente, nos encontramos con tres tipos de (problemas que impiden) una restauración del pleno empleo dentro del marco de una incipientes 'sociedad de servicios'[4].

            - Explicaciones económicas. Dos interpretaciones: O bien la demanda de trabajadores es 'demasiado baja' (keynesiana) o la oferta es 'demasiada alta' (neoliberal)... y entonces el coste del trabajo ha de ser reducido... La crisis de las política keynesianas son cinco: (1) la globalización de las relaciones económicas (integración económica de Europa Occidental, la productividad de las económicas de Asia Oriental, la conversión de los países del Este pero también del Oeste en países 'postcomunistas)  y el sistema de tipos de cambio flotantes, han conducido a que resulte inútil cualquier intento de ejercer el control sobre la economía nacional mediante los instrumentos keynesianos de gerencia de la demanda. (2) además, esta gerencia de la demanda sólo es eficaz cuando se lleva a cabo de forma 'inesperada' (3) la inflación y (4) la mayor deuda nacional, así como (5) la 'exclusión' de las inversiones del sector privado.

            - Políticos e institucionales: De todas formas, existe en el Oeste mucho menor imperativo político que durante la Guerra Fría para mantener, a través del pleno empleo, generosos subsidios sociales y una política de redistribución, unas relaciones industriales armoniosas y la estabilidad política...el proteccionismo puede ser, y será, sancionado por los mercados globales... Los empresarios no están interesados en el pleno empleo ni pueden negociar ni acordar compromisos sobre empleo futuro ... y los sindicatos están obligados a centrarse en la defensa de los salarios, y dar preferencia a este objetivo frente al pleno empleo, para mantener su robustez organizativa.

            - Culturales y morales: la precariedad es el resultado de la degradación de la infraestructura cognitiva y de motivación de los trabajadores en las sociedades occidentales... la decadencia de un modo de vida que debe considerarse como otro de los mecanismos principales, además del contrato laboral, para situar o insertar personas en la vida social: la familia nuclear."

2. CONSECUENCIAS SOCIOPOLÍTICAS DE LA PRECARIEDAD.

            "Efectos sobre los individuos...sobre el sistema... erosión del Estado de Bienestar... un cambio de escena a largo plazo, o una ubicación institucional del conflicto social... consecuencias colectivas de tipo no-político o, a lo sumo, pre-político... la ruptura de la cohesión social...[5] Hay cada vez más indicios de que las medidas de austeridad y los recortes de las prestaciones sociales, en absoluto provocan una respuesta de resistencia coherente, sino que cuentan con la aprobación, más o menos tácita, de la mayoría de los que tienen razones para esperar que, el apretarle el cinturón a otras personas, les produce más ventajas que perjuicios con lo cual el conflicto se centra en la cuestión de a quién se le aprieta el cinturón y no en el mismo apriete como tal."

3. LA SELECCIÓN DE LA POLÍTICA CLAVE.

            "O creemos y actuamos conforme a la convicción de que estas consecuencias de desorganización social pueden ser controladas y finalmente eliminadas a través de la restauración y el fortalecimiento del mercado laboral como generador central del orden social, o bien creemos, y actuamos de acuerdo a la convicción de que  esos esfuerzos de restauración son inútiles (o intrínsecamente inaceptables por sus efectos económicos y morales) y que hay que buscar la respuesta, en vez de en la eliminación de las causas, en la neutralización gradual del efecto[6] que tienen los factores causales (por si mismo no eliminables) sobre las oportunidades de vida de los individuos, sobre el orden institucional y sobre la cohesión social. Las alternativas que se plantean son, por lo tanto, la restauración del 'pleno' empleo por un lado y, por otro, la conversión del no-empleo en alto tolerable, controlando sus consecuencias en términos de precariedad.

            Este artículo aboga por la segunda de estas dos alternativas básicas. Por motivos de realismo y honradez, no se debería definir el desempleo y las dos formas de precariedad como un 'problema' (insinuando que éste puede ser resuelto con suficiente ingenio político, esfuerzo y resolución), sino como un fenómeno y un reto inexorable que han de afrontar las economías, los gobiernos y las sociedades de la OCDE. Es inútil acercarse a esta condición penosa y crónica mediante la retórica del pleno empleo...

            La cuestión clave sigue siendo, cómo y si podemos estructurar esta situación para reducir al mínimo sus negativos efectos sociales y políticos, combinando los modelos contractuales y de mercado, que hasta ahora han regulado la situación social, con un estatus de trabajo de otros modelos institucionales y, concretamente, con los que se basan en los principios de ciudadanía y comunidad."

            "La reacción predominante que estamos experimentando en Europa antes esta situación es, evidentemente, la primera de las dos alternativas citadas antes.[7]

            En términos generales existen tres dimensiones que pueden manipularse para que el empleo de mano de obra resulte algo más atractivo a los empresarios: Los salarios, la cualificación y el tiempo.

            En términos políticos, y con respecto a la primera de estas dimensiones, el asunto se reduce a políticas de reducción más o menos controlada de los salarios reales, del coste de empleo y de la seguridad social, así como de otras transferencias y servicios...

            El segundo punto: la cualificación...mejorarla y aumentar la productividad de los trabajadores con unos niveles (supuestamente) constantes del coste salarial. Esta es la vía política que a veces se suele llamar 'capitalismo humano'.

            La tercera dimensión es el tiempo. La idea básica es que los empresarios estarán interesados en emplear más trabajadores (o en mantener el presente nivel de  empleo), si éstos están dispuestos a ajustar su flexibilidad al ritmo de la producción y a aceptar variaciones cronológicas de su horario laboral... que podría dar un valor algo mayor al empleado individual, pero también es un mecanismo poderoso de economizar en el total de la mano de obra que necesita ser empleado por alguna empresa".

            "Las iniciativas y propuestas actuales respecto al mercado laboral y a las políticas salariales, tienen una cosa en común: su idea clave es defensiva..."[8]

            "Otra interpretación diferente: lo que necesitamos no es un aumento del número de puestos de trabajo sino una reducción del volumen de trabajo... (mediante) una rotunda prohibición selectiva, o desde mediados de los años ochenta, con las políticas de reducción del tiempo de trabajo de los sindicatos alemanes. La debilidad de la lógica de hacer crecer las oportunidades de empleo a través de la reducción del tiempo de trabajo es que, en la práctica, para el empleado individual resulta una exigencia moral excesiva apoyar este modelo y conformarse con sus resultados. Después de todo, ¿porqué debería 'yo' aceptar trabajar menos horas (renunciando con ello a ingresos o potenciales subidas de pagas), sólo para que 'tú' puedas trabajar y obtener ingresos, sobre todo cuando existen dudas de si 'él', el empresario, está dispuesto a (o puede) recompensar mi sacrificio concediéndote el beneficio de un empleo adicional? ¿o será 'él' capaz de compensar la reducción de horas con inversiones que ahorran mano de obra con una mayor flexibilidad del tiempo en el proceso laboral?"...[9]

            "Los pilares morales, culturales e institucionales de la sociedad centrada en el trabajo recompensan al asalariado, pero muchos ciudadanos ya no tienen acceso a estas recompensas... la idea de que sólo se pueden participar en los bienes y valores de la vida si uno ha conseguido comercializar con éxito su propia mano de obra, se ha convertido en moralmente indefendible. ¿Qué justifica la idea de que el total de las actividades de un ser humano sabe realizar deben pasar necesariamente por un contrato de empleo?... ¿Es justo limitar las oportunidades de consumo, posición y seguridad social a los que se lo hayan ganado en el mercado laboral?."

            "Un argumento en favor del pleno empleo que cobra cada vez más apoyo, aunque a veces en forma de cinismo sin disimulo, sugiere que la integración del mayor número posible de personas en el mercado laboral, es deseable no tanto por motivos de producción económica y justicia social, como por razones de control social."

            "Tampoco son de ayuda las loas a la modestia y a lo hermoso (como hacen incluso algunos profetas conservadores) que es vivir fuera del trabajo asalariado (familia,trabajo de voluntariado, ocio) aunque sea con recursos muy limitados... las estructuras de oportunidades no se corresponden con esta retórica moralizadora sino con el intento declarado de apretar el cinturón de otros... cuanto más precario e improbable parezca que cada adulto pueda encontrar y mantener un puesto de trabajo seguro, satisfactorio y bien remunerado, más intensa y agresiva se vuelve la competencia (entre generaciones, sexos, grupos étnicos) para conseguir ese 'bien supremo' con el que se identifican...[10] La revalorización del ocio y de las actividades individualmente elegida para llenarlo o, a la inversa, la devaluación social de la participación en el mercado laboral, es un proyecto dirigido al corazón moral, institucional y económico de las sociedades industriales democráticas... La parte de la población realmente implicada en la creación de valor económico seguirá disminuyendo. Al mismo tiempo, los mecanismos 'capilares' de la distribución, como son la familia, el Estado de Bienestar e incluso las políticas de ayuda al desarrollo ... serán mutilados."

4. DERECHOS ECONÓMICOS DE CIUDADANÍA POR ENCIMA DEL PLENO EMPLEO.

            "La otra respuesta... en vez de la eliminación de las causas de los niveles deficientes de la absorción de la mano de obra en el mercado, esta respuesta sugiere la neutralización de sus consecuencias.[11] El enfoque correspondiente de los problemas de la precariedad, son estrategias que abogan por un ingreso básico como derecho económico de ciudadano (en contraste con empleado). En los modelos de ingresos básicos, la transferencia de ingresos no va ligada a unas circunstancias individuales relacionadas con el empleo sino exclusivamente al estatus de ciudadanía de cada individuo. Este sistema tendría la ventaja de que las ayudas de ingresos dejarían de estar sujetas a fluctuaciones en la demanda de mano de obra (barata); en cambio, la transferencia de ingresos se haría efectiva (y con ella una reducción del desempleo manifiesto) en cuanto los ciudadanos decidieran hacer uso de ella. Según su situación personal y las circunstancias del mercado laboral, podrían decidir si desean aumentar sus ingresos de subsistencia aceptando un trabajo regular"...

            "En segundo lugar las categorías de distribución no pueden estar ligadas al contrato laboral sin que se cree una exclusión injusta. Mientras la mayoría de los trabajadores tengan la posibilidad real de contribuir a la generación de la riqueza a través de un empleo remunerado, el problema de la distribución se resuelve por el contrato laboral de cada individuo, los subsidios familiares y los acuerdos de seguridad social correspondientes. Una vez que esto deje de ser el caso, y desaparezca definitivamente esta condición supuestamente 'normal', el problema de la distribución no podrá resolverse si no es mediante el establecimiento de derechos económicos específicos que todos los ciudadanos se conceden mutuamente como un elemento de su ciudadanía. Esta idea central de un 'ingreso de ciudadano', consiste en el derecho a un ingreso suficiente y no condicionado por un empleo remunerado... y no requeriría para hacerse efectivo, el que una persona se convirtiese previamente en 'trabajador', es decir, que cumpliese con su papel en el mercado de trabajo. Serían una consecuencia automática de la condición de ciudadanía de cada personal".[12]

            "Tres grupos de contraargumentos. La primera objeción se refiere a los efectos del incentivo: ¿por qué unos agentes racionales querían seguir trabajando si pueden asegurarse lo indispensable para vivir sin ningún empleo formal?...Pero una retirada temporal sería deseable. Por otro lado, esta retirada será limitada, ya que, el incentivo adicional de unos ingresos mayores, seguiría teniendo su efecto movilizador sobre la participación en el mercado.[13]

            La segunda objeción ha de tomarse en serio y es de carácter financiero. Si una minoría recibe un ingreso de ciudadano relacionado con el no-empleo, la mayoría estructural que paga impuestos se inclinaría por favorecer políticas que redujesen el nivel de ese ingreso.[14]

            La objeción más importante: una 'exclusión' de una parte de la población adulta del mercado laboral incluso con una protección material adecuada, podría considerarse como cinismo moral, ya que, este tipo de políticas, pretenden 'poner fuera de funcionamiento' la capacidad humana de hacer algo útil o arrinconarla del todo. En una palabra salvando el estado de precariedad de la distribución, el esquema consolidaría una situación de precariedad en la producción, lo que supondría una exclusión permanente. Semejante enfoque sería contrario a los principios de la igualdad material (particularmente a los que prohíben la discriminación de los sexos) así como al derecho moral del individuo de desarrollarse a través de actividades que son (reconocidas como) útiles. La importancia causada por este argumento puede ser reducida, en una pequeña parte, con medidas que condicionen el derecho a un ingreso de ciudadano a una edad mínima del beneficiario (digamos 25 años)[15] y con otras formas que fomenten y promuevan la 'rotación' entre el empleo remunerado y las actividades fuera del mercado laboral."[16]

            "Es poco probable que este nuevo enfoque ... sea aceptado e implementado en un futuro previsible... se requiere una aproximación gradual y reversible... en cualquiera de las dos direcciones:

            a) Exención condicional reconocida de la participación en el mercado laboral (o la libertad de optar por 'no participar'). Este primer enfoque seguiría ampliando sustancialmente la lista de 'excusas' para la no-participación que ya existen en cualquier sociedad moderna (incapacidad, vejez, enfermedad, , dar a luz y ser padres, servicio militar, formación) ampliando esta lista de excusas (voluntariado, cuidado a personas, actividades asociativas relacionadas con el deporte, la cultura, la educación y el medio ambiente) y 'descondicionar' este derecho en lo que se refiere a la duración de las pretensiones y al trabajo remunerado previo.[17]

            b) Exención temporal. Esta aproximación, igualmente gradual y experimental, dependería de la dimensión del tiempo. La idea base es la siguiente. Cada ciudadano 'nace' con un derecho a una 'cuenta sabática' como derecho de ciudadanía. Esta cuenta cubre, digamos diez años de ingreso a nivel de subsistencia que pueden ser retirados de esa cuenta en cualquier momento entre la mayoría de edad (digamos 18 años) y la edad de jubilación... y proporcionaría una posibilidad sustancial (limitada) de optar por no participar en el empleo remunerado, fomentando así la rotación...[18] y significaría la implementación a largo plazo de los tres principios siguientes.

            Primero. Nadie tiene derecho a excluir categorías enteras de población.

            Segundo. Las personas que se retiran (de competir por empleo) merecen una recompensa para la duración de su no-participación en el mercado laboral.

            Tercero. La compensación...sirve para animarlos a dedicar su trabajo a finalidades diferentes de su venta a cambio de salarios. La norma moral es que, de las personas que exijan ingresos sin empleo remunerado, se espera que realicen actividades útiles sin que se pague por ellas... Es necesario que este tipo de actividades fuera del mercado se 'reinventen' institucionalmente, sean patrocinadas y fomentadas".

5 ELEMENTOS DE UN ESCENARIO.

            "Si las premisas del anterior análisis son ciertas, y los enfoques de políticas convencionales (basados en el contrato laboral como pilar del orden social) finalmente habrá de fracasar, habrá que elegir una política entre dos utopías y no entre 'realismo' y 'utopía'. Entonces la cuestión es: ¿cuál de las dos 'utopías' prevalecerá?[19] Sin duda la percepción de crisis puede volver a la gente, tanto a las masas como a las élites, terriblemente conservadora y nada dispuesta a aprender o emprender vías innovadoras... pero si no se bloquea la situación (por la crisis) existen tres grupos de factores que probablemente determinarán la trayectoria del aprendizaje, de la reorientación y de la innovación:

A)   Tradiciones normativas.

Las sociedades modernas del mundo de la OCDE comparten todas alguna versión de tradición moral universalista... una preocupación por los derechos humanos y de ciudadanía, así como por las condiciones materiales previas para el disfrute real de los mismos.[20]

            B) Experiencia.

A lo largo del último siglo y medio, la percepción o expectativa de la inminente desintegración del orden y la cohesión social, siempre ha sido una fuerza impulsora de innovaciones en la política social. Las formas de esta desintegración y de la disolución de la cohesión social han cambiado... Ejemplos:

            - La educación formal (en donde se basa en gran medida la 'reproducción cultural') está funcionalmente ligada (e individualmente motivada por) la inserción esperada de la mano de obra 'educada' en papeles ocupacionales... y lleva a sectores de la juventud al 'abandono de los estudios'...

            - La organización espacial de las ciudades modernas está a menudo marcada por esquemas de segregación.

            - Dependencia de métodos desprotegidos, informales y delictivos de adquisición de ingresos y 'mercados clandestinos de trabajo'.

            - Erosión de la forma de vida y reproducción en familia. Cuando ésta no cumpla con la función de microsistema de seguridad social,m la precariedad se intensificará.

            - Los factores externos políticos... incremento de formas etnocéntricas y racistas de 'exclusivismo'. Todos estos factores externos de precariedad son colectivamente relevantes y se transmiten a la atención de audiencias masivas.

            C) Campo para innovaciones iniciadas por las élites.

Las élites políticas y económicas... empiezan a valorar las ventajas y desventajas entre el coste de la desintegración social y los beneficios que trae la economía globalizada con su precariedad a gran escala... el problema de cómo hacer frente a las alternativas que se plantean entre eficiencia económica contra cohesión social, se impondrá como un problema clave de gobierno... Hay dos características de la configuración de las fuerzas políticas, que facilitan aún más esta apertura del horizonte de reflexiones sobre la creación de políticas y la construcción de instituciones. Por un lado, el final de la Guerra Fría,... y (la ausencia) de movimientos militantes de masa organizados, y de reivindicaciones 'revolucionarias'. Por otro lado el potencial de innovación institucional... también ha cambiado del extremo radical de las élites hacia el centro... Es posible que las ricas tradiciones del liberalismo político republicano (frente al liberalismo económico del mercado) se redescubran como fuente intelectual para el diseño (tal como se sostiene en este artículo) de un nuevo equilibrio de derechos de ciudadanos y recursos económicos.[21]

Madrid, agosto de 1997


COMENTARIOS

     [1] 

     [2]  LA DIVISIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO: Es importante esta distinción de planos. La segmentación o división del mercado de trabajo no se realiza sólo en dos partes homogéneas y bloqueadas entre sí, de gente con empleo y gente en paro. Así la gente empleada se puede agrupar en tres segmentos: uno de personas fijas (mercado primario con empleo estable, cualificaciones altas y status de clase media). Otro compuesto por un gran sector de personas fijas (llamado también mercado primario subordinado, especialmente en algunos países como el Estado Español) pero vulnerables con baja cualificación, con poca capacidad adquisitiva y de consumo (contemplando el ámbito de la familia como unidad de consumo). Uno tercero de gente precaria (mercado secundario con empleo inestable o a tiempo parcial), y que en el tiempo unas veces aparece como parada y otras como empleada. Como dice Offe. Un cuarto de las personas desempleadas (algunas de las cuales pueden pasar a lo largo del año por un empleo regular o irregular). Si a estos cuatro bloques se añadimos un quinto formado por las personas que son consideradas inactivas, pero en realidad son paradas 'pasivas' o resignadas hasta que ven alguna posibilidad de incorporarse al trabajo (que es cuando engrosarían las estadísticas de paradas) tenemos cinco segmentos más reales de la situación del conjunto del mercado de trabajo. Estadísticamente pertenecerían entre 3 y 4 millones de personas a cada uno de esos segmentos. Pero el tipo de contrato como dice Offe es muy importante para fijar las rentas y el status de las personas, pero ya no es siempre el elemento central. Así tendríamos gente empleada, incluso fija que puede estar en el umbral de la pobreza, y por otra parte gente en paro o con contrato precario, pero que por otros recursos familiares o de rentas está perfectamente integrada y con cierto nivel de consumo.

     [3] LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA: Hay que distinguir la 'dualidad' del mercado de trabajo de la 'dualidad' social en general que no siempre corre pareja. Sin entrar en el análisis de clase se puede hacer una clasificación según la renta disponible distinguiendo las partes más ricas, intermedias y las más pobres (excluidas o marginadas). A las rentas derivadas del empleo (salariales o autónomos), se deben añadir las rentas del capital, las medidas fiscales y de protección social y por otra parte el tipo de agrupación familiar y unidad de consumo. Agrupadas las familias en cuatro sectores (con datos de 1991 publicados por el INE en 1996), un 30% posee el 12,6%, es decir son pobres (8 millones) o ligeramente por encima del umbral de la pobreza (4 millones); otro 30%  tienen el 23,9% de la renta, o sea están entre la mitad y la renta media (es decir 12 millones tienen entre 42.500,- ptas y 85.000,- ptas al mes por persona); otro 30% se reparte el 48,7% de la renta, es decir están entre la renta media y el 150% de la misma (entre 85.000,- y 128.000,-ptas), y por último el 10% rico que posee casi la cuarta parte de la renta. Si miramos los extremos el 20% inferior es pobre, el 20% superior tiene el 40% de la renta; o bien la diferencia entre el 10% superior y el inferior (casi todo por debajo del umbral de pobreza severa) es de 10 a uno. riqueza. Es decir, en una redistribución global de la renta el 60% inferior tendría que ganar a costa del 40% superior, y especialmente del 10% más rico. A nivel mundial las 365 personas más ricas del mundo poseen lo mismo que los 2.000 millones de personas más pobres.

     [4] LA CREACIÓN DE EMPLEO: Esping-Andersen es de los que apuesta por la 'externalización' del trabajo doméstico pensando en generar mucho empleo en los servicios e incorporar a las mujeres al trabajo asalariado. Es conocido el artículo de J. Albarracín y P. Montes sobre su valoración de que una disminución del 20% de la jornada de trabajo (de 40 a 32 horas) supondría apenas una creación de 4 puntos de empleo. La fórmula empresarial de flexibilización de los horarios puede ir generalizando (más que el ocasional reparto del empleo) la 'adaptación' de la fuerza de trabajo a las necesidades de la producción (con la consiguiente reducción de empleo) o bien los contratos a tiempo parcial (por jornada reducida) o de forma discontinua y 'flexible'. Por otra parte, hay que tener en cuenta el tipo de empleo creado (parcial o total) y la dimensión de la población activa. Por ejemplo, en Holanda ha crecido bastante el empleo (pero a tiempo parcial) y la mayoría de esas personas (que son mujeres y un sector de jóvenes) aceptan voluntariamente esa jornada y rechazarían estar a tiempo completo. Por contra en el Estado Español la gran mayoría dice que desearía trabajar a tiempo completo. Una de las razones es que los niveles salariales son mucho más bajos aquí y el porcentaje de la población activa es mucho menor. Aquí no habría mucha aceptación entre la gente que tiene (o depende de) un empleo una reducción de la jornada con reducción salarial.

     [5] CRISIS DE LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN SOCIAL. Es interesante plantearlo en esos términos: no es una crisis coyuntural o exclusivamente económica, sino también "civilizatoria", es decir, pre-política, de fondo y duradera y por tanto de cuestionamiento de los sistemas de regulación institucional, normativa y de valores, etc., junto a las dinámicas de insolidaridad y disgregación social.

     [6] LA OPOSICIÓN DE CAUSAS Y EFECTOS. Hay diversos aspectos en esta polarización entre las causas o los efectos. A veces se esquematiza demasiado reduciendo la elección a poner el acento en la producción o la distribución, o en la forma de oponerse a través del (reparto o el pleno) empleo o la distribución de la riqueza. Sería caer en un nuevo economicismo pasar de considerar principal el campo de la producción (de sus relaciones y su propiedad y control) a considerarlo el de la distribución (de la renta). Ambos no dejan de quedarse en el ámbito de lo económico cuando la realidad social es más multidimensional, las contradicciones muy diversas y la generación de conciencia crítica y agrupación social (ya que no hay grandes sujetos sociales) de momento es difícil, limitada y compleja. En el texto se han planteado numerosos factores causales de la precariedad, así como consecuencias. Por otra parte, hay diversos planos en la mutua relación de cada causa y cada efecto y al mismo tiempo elementos de antagonismo o complementariedad. Sin entrar ahora en la polarización entre reparto del empleo o de la riqueza (como plantea Riechmann), hay que señalar que en cada una de ellas tiene diversos tipo y planos y habrá que ver su potencialidad crítica anticapitalista o los valores que conlleva, su papel como reformas sociales y su posibilidad, su vinculación con diferentes sectores sociales o su capacidad de articular fuerza social, etc. A veces la discusión discurre por lo que es más fácil o posibilista argumentando a favor de unas u otras. La excesiva esquematización en un aspecto parcial (empleo o riqueza) tiende a desconsiderar el conjunto de aspectos y 'causas de la precariedad', del entramado capitalista (llámese mercado, competitividad, globalización o neoliberalismo) y que como "no se pueden cambiar" se tiende a legitimarlos. Offe tiene una visión mal multilateral, pero priorizando la acción sobre las 'consecuencias'.

     [7] PARO Y VARIABLES ECONÓMICAS. El empleo es difícil de modificar, pero el nivel de paro, que depende además de la evolución demográfica, puede tener algunas fluctuaciones significativas. Por ejemplo, en España tenemos casi el 24% de paro y en Portugal apenas el 6%. En Francia y Alemania en torno al 12% con fuerte inmigración. Aquí en 20 años no se ha creado más empleo global pero se han destruido un millón en la agricultura y se ha creado otro millón en los servicios (una parte en la admón. pública). Por otra parte, se ha cambiado otro millón de la industria y construcción que ahora se contabilizan en el sector de servicios (debido a la disociación o subcontratación de las áreas administrativas, comerciales o de servicios de muchas empresas que antes se contabilizaban como empleo industrial). Es decir, el sector industrial a pesar de todas las reconversiones mantiene un similar volumen de empleo, habiendo destruido y creado empleo y es al mismo tiempo el de mayor crecimiento de la productividad. Por tanto, sí se ha creado empleo nuevo, aunque se ha destruido mucho agrícola en estos 20 años cosa que no puede suceder en los próximos veinte. En el sector servicios aunque se genere nuevo empleo en diversas áreas de 'servicios personales', en las áreas administrativas y financieras probablemente bajará por la informatización, estancándose en la administración pública. En todo caso las políticas económicas de los Gobiernos y menos la acción sindical tienen poco margen para condicionar esas variables económicas.

     [8]  PARO Y EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. Un tema muy importante que puede hacer bajar la tasa de paro con el mismo volumen de empleo, es la evolución demográfica. Las nuevas generaciones en edad de trabajar van disminuyendo en dimensión fruto de la baja natalidad desde finales de los 70. Es decir, la población activa puede disminuir un millón en los próximos quince años y bajar el paro de los cerca de 3,5 millones a dos millones y medio si hay algo de mayor crecimiento o algo de reparto del empleo (o desarrollo de los contratos a tiempo parcial) a millón y medio. Esta es la versión optimista, aunque no alejada mucho de la realidad. Por otro lado hay que contar que la población activa española es del 48%, la más baja de Europa (por ej. Portugal casi 20 puntos más y hasta Dinamarca con el 75%) en sentido contrario (a diferencia de la media europea en que el porcentaje de población activa es superior a la española) y que hay una bolsa de más de 3 millones de personas inactivas compuesta por una gran mayoría mujeres y una parte de jóvenes que no buscan ahora empleo (y no son considerados activos manteniéndose una parte en la economía sumergida) pero que podrían desear un empleo si aumentasen las expectativas. Al incorporarse al mercado de trabajo, se pasaría a aumentar el paro significativamente (sin modificar las dinámicas inmigratorias). Por tanto, dada la crisis de las políticas keynesianas, el tipo de crecimiento, los efectos limitados del reparto del empleo, y la evolución demográfica, en los próximos 15 años podemos tener un paro permanente entre el 10% y el 30%. Aunque no son indiferentes los efectos sociales y las repercusiones en los sistemas de prestaciones sociales, si se acerca a una u otra cifra, así como su tampoco su distribución por colectivos sociales (jóvenes con el 42%, mujeres con el 29% y de larga duración que son la mitad del total) y zonas geográficas.

     [9] LA MOTIVACIÓN PARA EL REPARTO DEL EMPLEO. Son bastante realistas estas consideraciones. El asunto no es que el personal que trabaja tenga una motivación fundamentalmente egoísta e insolidaria, que también puede tenerla, sino que duda, y en gran parte con razón, de que su posible sacrificio sirva a los desempleados y en cambio si beneficie a su empresario. Los discursos institucionales y del movimiento sindical de adoptar políticas de solidaridad, compartiendo sacrificios entre la clase obrera que no tienen apenas resultados prácticos para la gente más desfavorecida, desmoviliza la exigencia de la consolidación de los derechos económicos y laborales (de la parte empleada pero también del conjunto) y encima suele salir ganando el poder económico y político. El lenguaje es incluso bastante perverso y se mantiene una retórica de la solidaridad, pero hasta que le toca a cada cual. Las motivaciones morales y de solidaridad podrían aumentar en otros contextos generales o más concretos de compartir sacrificios entre los de abajo, exigiendo sobretodo el sacrifico hacia los de arriba.

     [10]  LAS DIFICULTADES DE LA SOLIDARIDAD. Se apunta un aspecto importante. La existencia de un alto volumen de paro puede arreciar la competencia interna en la clase obrera y por tanto la división interna y la neutralización de la protesta y la solidaridad. No se considera a los desempleados como el nuevo y fundamental sujeto transformador (y en contraposición a los empleados como hace entre otros Parijs). Estamos en una época de pequeños, variados y heterogéneos sujetos. En su desarrollo influyen muchos aspectos y entre ellos la dimensión socioeconómica que puede desempeñar un papel mayor o menor en la conformación de la identidad y dinámicas de cada grupo, asociación o movimiento social. Los cambios suelen venir de la protesta de los sectores que se ven afectados por los problemas, y las motivaciones morales como dice Offe son insuficientes en un contexto de fragmentación social y pérdida de referencias ideológicas e identidades colectivas. Pero también en algunos textos se parte de cierto 'realismo' para basarse todo en los incentivos económicos o ventajas materiales como base de la motivación y por tanto de las decisiones 'voluntarias', sin valorar que para una acción por una gran reforma social también entran en liza y se modifican las expectativas y motivaciones sociales. Offe entra en las bases morales y culturales que pueden influir en la acción colectiva, más favorables hacia la distribución de la riqueza.

     [11] LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA. En diez años de 1981 al 91, prácticamente no se ha modificado la estructura de renta en el Estado español, aunque el 30% inferior ha ganado en su conjunto un insignificante 0,70% más (incluido el sector de extrema pobreza), a costa de la disminución de otro tanto del 10% rico, manteniéndose exactamente con el mismo porcentaje de renta el 60% intermedio. Frente a las interpretaciones de avance en la igualdad en la distribución de la riqueza (por Ej. Gaviria), la desigualdad se ha mantenido a pesar de duplicarse la producción y la riqueza en estos 20 años. Pero no se deben comparar sólo los aspectos estrictamente monetarios. La persistencia de esta desigualdad profundiza los perjuicios para la gente más desfavorecida, mientras en términos de poder económico y político, de status social y de desarrollo social y cultural se consolidan y amplían las diferencias y los efectos negativos. Además en estos últimos años se ha empezado a haber un desplazamiento regresivo en beneficio de las rentas del capital (en el año 96 fueron superiores a las salariales cosa que no pasaba en la anterior década) acentuado por los beneficios fiscales del Gobierno del PP.

     [12] EL INGRESO CIUDADANO Y SU UNIVERSALIDAD. Está bien definido y muy matizado. No debe estar 'condicionado' al 'empleo remunerado' o a haber entrado en él y está fundamentado en el derecho de ciudadanía. Sería 'libre' para dejar el trabajo (o no haberlo conseguido) y tener acceso a él y parece que da por supuesto lo contrario, que dejaría de recibirlo cuando se incorporase al trabajo. Tenemos aquí un ingreso básico fundamentado en la ciudadanía y por tanto universal como derecho pero su ejercicio no es automático e 'igual' para todos como en el caso de Iglesias. El trabajo ha dejado de ser es el elemento exclusivo de reparto de la riqueza (antes tampoco lo era totalmente, ya que también la proporcionaban el capital, la propiedad de bienes y el status... y la propia ciudadanía) y ahora se apela a los derechos sociales de ciudadanía como criterio de esa distribución. Como dice Offe más adelante el ejercicio real está condicionado al nivel económico y de rentas de las personas, siendo un ingreso 'neto' solo para las personas necesitadas, mientras para las rentas altas se le retiraría al tener unos impuestos superiores. Es por tanto un derecho es universal, pero en la práctica 'condicionado' y combinado con el resto de las rentas que se reciben. Entre las personas que lo cobran entero (por ejemplo, el 20% por debajo del umbral de la pobreza) y las que no lo cobran (por ejemplo el 40% por encima de la renta media) hay un porcentaje amplio de un 40% en que se pueden combinar formulas intermedios de este ingreso básico y el resto de ingresos salariales u otras prestaciones (pensiones, etc.), sin que se absorbiesen totalmente estos últimos. Es decir, universal no quiere decir que lo cobran igual todas las personas independientemente de sus ingresos. En ese sentido es similar si se da monetariamente y se deduce vía impuestos, que si no se da desde un determinado nivel de renta (sea el SMI o la mitad de la renta media como umbral de la pobreza u otro nivel). Y por otro lado (según Riechmann) también podría ser una parte monetaria y otra en especie con la tendencia a intentar desmercantilizar determinados bienes básicos. Particularmente me apunto más a esa fórmula o similar que ya apuntaba Carens en su polémica con Parijs en el 85 sobre el carácter 'compensatorio' del ingreso básico. En definitiva se trata de compensar a los más desfavorecidos y por tanto de ir contra la pobreza y la desigualdad y consolidar la integración social y por tanto la ciudadanía social de los sectores que más en crisis pueden estar con respecto a sus derechos sociales como ciudadanos.

     [13] INGRESO BÁSICO Y EL EMPLEO. Algunos para intentar no desincentivar la búsqueda de empleo plantean una renta básica baja, inferior o similar al umbral de la pobreza (42.500 ptas) ya que si se acercarse al SMI, nadie querría trabajar en los empleos más descualificados y bajos. Pero si el ingreso es básico pues es la prioridad principal, no si genera dificultades con agravios comparativos de una parte de la gente trabajadora. Una renta básica puede ser aceptable en torno al actual SMI (65.000,- Ptas.), la cuestión es que el SMI habría que aumentarlo por lo menos al nivel de la renta media (85.000,- ptas.). No es nada del otro mundo. En Francia el SMI es de 131.000,- ptas. justo lo mismo que la renta media, es decir en Francia tienen un 60% de renta más que en Estado español. El actual sistema de aumentos proporcionales es bastante perverso para los ingresos bajos. En las dos últimas décadas con el mismo porcentaje el SMI ha pasado de 32.000,- a 65.000,- ptas (un aumento de 33.000,-) y un salario de 100.000,- ha pasado a 200.000,- (un aumento de 100.000,-) La cuestión es el retroceso real de las rentas más bajas aunque guarden la proporción. Al igual que con las pensiones y otras prestaciones, las más bajas deberían subir inversamente proporcional o linealmente (al igual que hasta ahora se hace con los impuestos sobre la renta). Se garantizaría así un ingreso básico suficiente, y por otra parte cierta diferencia con la persona trabajadora. Otra cuestión es buscar fórmulas mixtas o complementarias de las personas que tienen otros ingresos salariales (y también aparece aquí los del trabajo irregular y económica sumergida) no poniendo como tope máximo entre ambos ingresos esas 65.000,- ptas. del ejemplo deduciendo de su renta lo que gana con un empleo a tiempo parcial.

     [14] EL PROBLEMA FINANCIERO. Es real sobre todo si perjudica a toda la gente empleada (y por tanto a sus familias) y no perjudica a la minoría más rica. El asunto no es financiero, sino de qué riqueza y de quién se redistribuye, de grado de crisis social que se puede generar, o del nivel de presión para vencer los obstáculos de poder reales, y no sólo en el marco de la voluntad democrático-electoral de las mayorías sociales. Así en frío nadie 'votaría' en contra de sus intereses.

     [15] INGRESO BÁSICO Y EDAD. Se da por supuesto que los menores de edad viven de las rentas familiares, y los jóvenes también tendrían que depender de la familia mientras se preparan profesionalmente cuestiones que también son problemáticas y cuestiona aquello del derecho ciudadano incluso antes de entrar en el mercado de trabajo. No es muy lógico retirar ese derecho totalmente a los menores de edad. Hoy día ya hay mecanismos de apoyo monetario (aparte de sus derechos a la enseñanza, etc. como las ayudas familiares por hijos, las deducciones fiscales o la ampliación de hasta un 25% de los subsidios de los padres por 'carga' de hijos) cuya titularidad ejercen los padres, (a veces con la mentalidad de protección a la familia) pero que podríamos considerar como 'derechos de esas personas menores de edad'. Por tanto se podrían ampliar aunque no lleguen el 100% del ingreso básico. Y siguiendo con ese criterio todavía más derecho tendría esa juventud (de entre 18 y 25 años) combinando con esas actividades de formación y cualificación profesional y de voluntariado social y al mismo tiempo complementándolas con otros ingresos en especie (por ej. alquileres de vivienda, comedores escolares, transporte público...). Para neutralizar las dinámicas de estancamiento en la marginación del mercado laboral se deberían estimular más la 'acción positiva' hacia los colectivos con más dificultades. Eso supone en general una mayor 'regulación' social de las inercias del mercado y es mejor que las dinámicas de rebajar sus salarios o restringir sus ingresos básicos para estimular 'su esfuerzo' en la inserción laboral. Esa concepción de Offe está presente en los nuevos planes de Blair y Aubry, de empleo juvenil donde se fuerza más la 'inserción laboral' de la juventud y, que aunque tenga un alcance limitado contra el paro juvenil, fortalece la cultura del trabajo y quizá la pérdida de derechos sociales para los que no lo tengan.

     [16] INGRESO BÁSICO Y LA EXCLUSIÓN. El contraargumento de la posibilidad de generar una exclusión del empleo, a un segmento de gente que quiere empleo (con todo lo que conlleva) es desde luego importante y no sea resuelve muy bien por Offe. Es cierto, según dice, que el ingreso no es, fundamentalmente, una cosa voluntaria de aquel que 'no quiere' trabajar, sino sobretodo un derecho que afecta a las personas que 'no pueden trabajar' ya sea por no tener las cualificaciones necesarias que le exigen en el mercado de trabajo o por situaciones de discriminación específicas, o por la dedicación a otras actividades no remuneradas, es decir el un derecho contra la exclusión social. El ingreso básico tendería a suavizar muchos efectos negativos de la pobreza, pero al mismo tiempo también puede prologar una situación de exclusión involuntaria del mercado de trabajo que todavía para la gran mayoría sería una situación de menores ingresos, status y autoestima que un deseado empleo. Para evitar eso Offe propone, medidas de reparto (rotación) del empleo (sin condicionarlo al ingreso básico) y restringir el derecho a ingreso social de los jóvenes de entre 18 y 25 años para forzar su integración en el mercado laboral e impedir por tanto su exclusión del empleo. Es decir que según Offe puede ser positivo generar medidas 'activas' de empleo para integrar a la juventud al trabajo asalariado, y al mismo tiempo limitar el "derecho universal de ciudadano" durante esos siete años, ya que podría ser contraproducente para su integración en el mercado laboral.

     [17] LA ACTIVIDAD SOCIAL Y EL INGRESO BÁSICO. Son propuestas muy interesantes e incluso las dos medidas se pueden también interpretar como reparto del empleo. Se sale del mercado laboral, pero haciendo un trabajo útil para la sociedad, y por tanto descondicionando el derecho económico de ciudadanía al trabajo 'formal' pero considerando positivo y complementario al ingreso básico realizar un trabajo 'social' no asalariado sin llegar a formularlo como 'condición' de validez jurídica para ejercer el derecho. Riechmann considera este tipo de actividad 'trabajo socialmente necesario' y por tanto sin apearse de su criterio de exigir la condición de realizarlo para recibir el ingreso social, es más amplio en la caracterización de esta actividad considerándola útil socialmente (incluyendo por ej. el trabajo doméstico), aunque en otras ocasiones habla exclusivamente de la vinculación del ingreso básico al 'empleo'. Offe con la primera medida trata de borrar la diferencia entre trabajo 'formal' y un trabajo en los ámbitos sociales o culturales (¿ y el doméstico?) que cumplen una función social. Como dice más abajo hay que 'reinventar' institucionalmente este tipo de actividades para favorecer su expansión y utilización.

     [18] LA CUENTA SABÁTICA. Esta segunda medida es un tipo de reparto del empleo, que en vez de reducir la jornada diaria o semanal de trabajo (o al mismo tiempo) se reduce la vida laboral en su conjunto disminuyendo la edad de jubilación, aumentando la edad de entrada en el mercado de trabajo por ej. a 18 o incluso 20 años, poniendo un tope máximo de años de vida laboral por ej. 30 años, o adelantando la edad de jubilación por ej. a las 60 o incluso 55 años. La cuenta básica de Offe consiste en poseer 10 años de libranza a discreción de cada cual; es decir, si la vida laboral es por ejemplo de 20 a 60 años se trabajarían como máximo 30 (actualmente la vida laboral de los jubilados en el régimen general es de 32 años pero está bajando) se librarían diez,  por hijos, estudios, etc. (incluso se podrían añadir otros diez a la entrada -20 a 25 años- o la salida 55 a 60 años, con media jornada. En todo esto se sobrentiende que las empresas no se responsabilizan de sus salarios (o con un sistema gradual como el de Offe) por sus períodos de libranza y se hace cargo el Estado a través de subsidios o del ingreso básico. Por tanto se tendría derecho 'incondicionado' a un ingreso básico durante 10 años, que por cierto es el derecho que hoy día se tiene a la prestación contributiva por desempleo en el Estado Español si una persona cada ocho años trabaja seis y está dos en paro.

     [19] UTOPÍA Y POSIBILISMO. Está bien definido que las dos alternativas son utópicas tomadas en el sentido global y radical, pero también hay aspectos posibilistas o pragmáticas en las dos facetas. La cuestión del poco realismo de una perspectiva de pleno empleo (con medidas de reparto o de aumento de la demanda) está clara y se abundan las razones. Igualmente se cuenta con la crisis de los sujetos (clase obrera y su representación sindical) que hasta ahora se situaban vinculados al contrato laboral. Pero a veces no se deja suficientemente claro que también está en crisis el conjunto del sistema de protección social, de pensiones y prestaciones sociales, es decir del propio Estado de Bienestar. Por tanto, las posibilidades de una transformación sustancial de la desigualdad, es decir, de una redistribución global de la renta también aparece bloqueada (y no aparecen nuevos sujetos que puedan llevarla a cabo) y asociada a un cambio sustancial de las relaciones de poder político, social-cultural y económico. Offe plantea bien que está agotada la orientación, dinámica y discurso economicista de la izquierda tradicional del cambio en el plano de la producción (propiedad, empleo), para considerarlo más fácil en el ámbito de la distribución (a partir de la tradición democrática y de los valores y cultura liberal con una política social autónoma de la política económica y de las constricciones del mercado).

     [20] LOS DERECHOS SOCIALES Y EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA. Además de la tradición más específicamente moral universalista conviene extenderse algo en la tradición más 'normativa' de la ciudadanía. (Ver Rosemary Crompton) El término ciudadanía implica tanto derechos como obligaciones: derechos contra el ejercicio arbitrario del poder estatal y obligaciones en relación con las actividades del Estado y denota un aspecto particular del status social del individuo o grupo. La tesis principal de Marshall que impulsó y generalizó este concepto en los años 50 y 60, es que 'las igualdades básicas que comparten todos los ciudadanos de las democracias industrializadas occidentales contemporáneas sirven tanto para reducir como para legitimar las desigualdades persistentes entre las clases sociales'. Como aspectos importantes del desarrollo de la democracia y de los Estado de Bienestar puede tener un efecto ambivalente. La ciudadanía civil describe los derechos necesarios para la libertad individual (empezando en el siglo XVII, con la libertad de pensamiento, a la propiedad privada, religiosa, de contrato mercantil o laboral...). La ciudadanía política se refiere al derecho a participar en el ejercicio del poder político (al voto, a la asociación...). Ambos dos constituyen el ideal liberal de ciudadanía. La tercera dimensión que desarrolla Marshall en el contexto de los Estados de bienestar de la posguerra, son los derechos sociales 'desde el derecho a una cantidad módica de bienestar económico y seguridad hasta el derecho a compartir la herencia social y a vivir como un ser civilizado de acuerdo con los niveles predominantes de la sociedad'. La gran contribución de la ciudadanía a la 'atenuación' de las clases reside en su dimensión social. La incorporación de los derechos sociales al status de ciudadano crea un derecho universal a un ingreso real que no es proporcional al valor de mercado del que lo reclama y contribuye al 'moderno impulso hacia la igualdad social'. Hay una versión conservadora que 'confiere más poder a los individuos en relación con las grandes burocracias de los servicios públicos' y como 'esfuerzo por reprivatizar los conflictos'. Según Lockwood la ciudadanía emergió como elemento central del orden de status moderno frente al orden de status de la era feudal que el capitalismo terminó por disolver y que se basaba en desigualdades legalmente sancionadas y no en derechos comunes de todos los ciudadanos. Según Giddens vale más señalar que el conflicto de cases ha sido un medio para la extensión de los derechos ciudadanos que subrayar que la extensión de los derechos de ciudadanía ha mellado las divisiones de clase. Considera que la extensión de la ciudadanía social puede ser considerada como un resultado de las aspiraciones políticas de la clase obrera con derecho a voto, aunque reconoce que las políticas encaminadas hacia el desmantelamiento y la mercantilización de las instituciones del bienestar, denotan la naturaleza discutible y esencialmente frágil de la ciudadanía moderna. Otros autores ponen el acento en la estrategia de la clase dominante para utilizar la ciudadanía para integrar a la clase obrera, y otros como Turner ponen el acento en la aportación de los movimientos sociales en la extensión de la ciudadanía. En todo caso la ciudadanía 'social' guarda una relación directa con las cuestiones distributivas debido a que garantiza ciertos derechos a beneficios materiales relacionados con el status de ciudadano. Por tanto, la ciudadanía social intenta mitigar las desigualdades relacionadas con la desigual distribución de la propiedad privada y las recompensas del mercado en las sociedades clasistas. Inicialmente estos derechos de ciudadanía hacen referencia al ciudadano, varón, primero como 'propiedades' y luego como 'empleado'; y como dirá Pateman, la ciudadanía es un concepto básicamente 'cargado de género'. Más tarde con el ascenso de los movimientos por los derechos civiles y en particular del movimiento feminista se han ampliado a todas las personas 'nacionales'. Queda pendiente una interpretación más amplia y flexible de la ciudadanía social (por delante y aunque no sea asociada a la ciudadanía política) como derechos sociales para los inmigrantes que 'vivan o trabajen' en el país.

     [21]  CIUDADANÍA Y CAMBIO SOCIAL. Son muy realistas y sugerentes los elementos de disgregación social que expone Offe. La cuestión es en qué medida ha sido su 'percepción' y por quién el factor decisivo para reorientar las políticas sociales. Aquí se da por sentado que las propias élites políticas y económicas ante la gravedad de las dinámicas sociales y de disgregación generadas van a ser conscientes y elaborar dinámicas que compensen y coarten la libre expansión de las dinámicas económicas puestas en marcha. Sería el liberalismo social que corrige al liberalismo económico (siguiendo a Polany). Offe es consciente de las reducidas dimensiones reales de las grandes alternativas político-económicas quedándose entre la izquierda social-liberal y la derecha democrático-liberal. Por tanto, descarta las fórmulas pasadas de políticas de la izquierda basadas en el conflicto y pacto social de los 50 a los 70: keynesianismo, intervencionismo del Estado, regulación de la economía para impulsar la redistribución social, Estado de bienestar, etc. Esa época fue de un crecimiento importante con generación de riqueza y aumento del bienestar social, y de fuerte consenso e integración social y nacional, aunque no tanto de redistribución entre las clases y de eliminación de la desigualdad. Ahora con la eliminación de la polarización (de clase y de bloque internacional) y el predominio del consenso de 'centro' tendrían la palabra las mayorías sociales y electorales que a través de los cauces institucionales (políticos y sociales) podrían ser un elemento de presión a las élites.

            El viejo conflicto de clase se ha dado sobre todo en el campo económico y laboral a través del movimiento sindical, pero el movimiento obrero también ha tenido un componente 'democrático' y 'social'. La democracia y el Estado de bienestar han formado parte de la tradición obrera y sindical en su integración social. Al transformarse los individuos en ciudadanos 'iguales' en derechos, se puede perder la visualización del viejo conflicto de la desigualdad económica y social. Es la vieja distinción marxista de tener derechos formales pero no reales, infravalorando el componente simbólico, cultural e institucional de integración de los derechos civiles y políticos. Se ha caído el gran sujeto de la clase obrera que nos afirmaba el marxismo y se ha debilitado el conflicto social por la igualdad social.

            Parijs que reinterpreta la ciudadanía social, apunta a la conformación de una nueva clase de los desempleados por oposición a los empleados (como propietarios de la fuente de riqueza básica que sería el trabajo) con un nuevo sujeto social y político, que impulsaría la ciudadanía social con una perspectiva de transición directa al comunismo, y que, dadas las dificultades de los movimientos de parados, sería el movimiento verde. Las contradicciones internas en el seno de la clase obrera irían a más conformando un nuevo panorama de la lucha de clases en las sociedades de bienestar. Los derechos sociales y los subsidios universales serán según Parijs el mecanismo de unificación de la gente parada, de la redistribución de la riqueza real (derivada del empleo) y del avance hacia el comunismo.

            La tradición socialdemócrata de posguerra, más que la comunista, ha impulsado, empezando por Marshall, la ciudadanía social basada en derechos que contribuyesen a la distribución de la riqueza y a las políticas sociales en el marco del estado de bienestar, pero sin cuestionar las bases del capitalismo, hasta que se ido pasando al liberalismo. Hay en todo caso, en Europa, una cierta cultura redistributiva y de solidaridad que todavía tiene algún papel y aportaciones de interés.

            Offe se plantea una síntesis y superación de estas ideas. Pero si en los diagnosticos y en la perspicacia para plantear aspectos nuevos es interesante a la hora de plantear alternativas globales es más problemático. Recogiendo las tradiciones de ciudadanía social, y manteniéndolo como programa alternativo de avance social, se le han ido viniendo abajo los sujetos transformadores (con la combinación del movimiento sindical y los nuevos movimientos sociales) que venía planteando estos años atrás. Ahora parece que da bastante autonomía propia y capacidad a las élites políticas y sociales actuales para su renovación y reorientación, basadas precisamente en la tradición normativa (moral universalista, ciudadanía social) y las instituciones democrático-liberales. Es quizá una visión excesivamente optimista y embellecida de las élites y de la capacidad de 'persuasión' de la 'sociedad democrática' que pasa a tener un papel subalterno en el cambio social. La reformulación innovadora de la ciudadanía social, incluso como propuesta utópica, que puede convertirse en nueva norma moral, está engarzada en una visión posibilista y pragmática que la sitúa sin cuestionar los grandes pilares económicos y políticos de esta sociedad capitalista.

            La ciudadanía social se generalizó en un marco histórico y social concreto de desarrollo del Estado de Bienestar que se ha puesto en crisis. Es conveniente no solamente resistir frente a su desmantelamiento, sino estimular la defensa de los derechos sociales que han ido configurando el bienestar y la conciencia social de las sociedades occidentales estas décadas. Pero como se dice más arriba, han que reconocer la fragilidad de la propia ciudadanía social y de la aplicación de los derechos sociales en particular para sectores importantes que se van viendo 'fuera', en el paro y la exclusión. Las dinámicas destructivas de la cohesión social y sus causas, como el propio Offe nos ha ido diciendo, son muy fuertes y poderosas; el propio enfoque global de avanzar en la ciudadanía social da por supuesto no solamente una consolidación del Estado de Bienestar sino un avance sustancial del mismo, cosa difícil de ver a medio plazo, aunque es un reto como propuesta útil contra el neoliberalismo imperante.

            El mismo Offe plantea la hipótesis de que se puedan generar otras dinámicas conservadoras y reaccionarias con cambios regresivos, que no hay que descartar. Por otro lado es verdad que hay preocupación entre las élites por estos problemas (entre la nueva socialdemocracia francesa, laborista o alemana e incluso entre sectores de la derecha) y hay que estar atentos a los diversos discursos que se van planteando. Pero su hipótesis optimista más que guiar puede servir para confundir (creando la expectativa en la evolución de las élites) y desviar la atención sobre el gran reto de ir conformando unas ideas críticas y una dinámica social que pueda abrir unas expectativas más prometedoras de transformación social. Como efecto educativo entre las élites, en lo que se refiere a la gente más inquieta, habrá que insistir en el espíritu innovador como nos enseña Offe, en estimular el pensamiento crítico. La acción por la ciudadanía social es pues un elemento de crítica y de denuncia, de resistencia y reivindicación social, más que una vía de reformas posibles en el momento actual que pueda ser apoyado, aquí y ahora, por una movilización social amplia. Pero en todo caso eso pertenece al futuro que no está escrito.

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