Reparto del trabajo y salario social

Reparto del trabajo y salario social

 

Antonio Antón

 

(Publicado en la revista mientras tanto  nº  72, primavera de 1998.

Una versiòn más amplia se edita por Babel)

 

 

A) CÓMO NACIÓ EL DEBATE SOBRE EL SALARIO SOCIAL (O RENTA BÁSICA)

          Durante los años 50, 60 y parte de los 70, se da una situación de relativo pleno empleo, con la integración a través del trabajo y con los avances del Estado de Bienestar. Durante estas décadas, se modifican y amplían los mecanismos tradicionales de integración social, como la escuela, la familia, la religión, la cultura, la familia o las instituciones democráticas. En ese período cobra nueva fuerza el Estado, transformándose en Estado de bienestar, con la integración de la mayoría de la clase obrera y del movimiento obrero en las instituciones de regulación social, estableciéndose un marco de pacto y estabilidad social  y nacional (enfrentado al Este) en

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 el terreno político-social y de estabilidad  y mejora socioeconómica con el pleno empleo y la protección social. Tras la crisis económica de los años 70, se configura una nueva realidad social con un amplio sector en paro y con una gran franja de pobreza, con dinámicas de desestructuración social, exclusión y marginación. Se termina la situación de relativo pleno empleo, se abandonan las políticas económicas de tipo keynesiano y comienza la crisis del Estado de Bienestar. Al mismo tiempo se producen diversos cambios soci

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ales y culturales que la acompañan cuestionándose la validez de los mecanismos de regulación social. Así, se va planteando en Europa, desde los primeros años de la década de los 80, con enfoques más o menos nuevos, el debate sobre las bases para la integración o cohesión social y la utilización de nuevos mecanismos para conseguirlo.

          En este contexto se producen los nuevos debates sobre las Rentas o Ingresos Mínimos de Integración o Inserción (Ingreso o Salario Social Universal) Esta diversidad de denominaciones  indica diversos acentos en algunas características y objetivos de estos nue

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vos planes. Aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en esta nueva propuesta de reforma social, de su relación con otra también parcialmente novedosa como el reparto del trabajo, para, a continuación, comentar el debate de ideas más generales que aparecen.

          Se empiezan a sistematizar estos problemas en la C

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onferencia Internacional de Lovaina (Bélgica) en 1986, y a partir de ahí se comienzan a generalizar algunas medidas institucionales contra la pobreza y la exclusión. Aunque hay antecedentes desde la Revolución Francesa, se puede citar como precedente más inmediato su implantación en Holanda en 1965, siendo por otra parte Finlandia el país que en esta década mantiene hasta ahora un subsidio de desempleo indefinido. En Francia se aplica un Plan amplio desde 1989, que luego analizaremos. También se establece este sistema en Holanda y Bélgica. En el Estado español, se empieza en la Comunidad Vasca en el 89, y luego se

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 va generalizando por casi todas las Comunidades Autónomas.

          La Unión Europea publica en 1994 un Informe sobre la protección social en Europa, con la pretensión de establecer objetivos comunes para los Estados miembros. En estos últimos años, con el Plan Delors y la retórica de la construcción de la llamada Europa Social, se está generalizando en todas las instituciones políticas el discurso de la prioridad de la lucha contra el paro y la pobreza y por la llamada cohesión social.

          Según C. Offe[1] hay una crisis de los sistemas de regulación social. Es interesante plantearlo en esos términos: no es una crisis coyuntural o exclusivamente económica, sino también civilizatoria, es decir, pre-política, de fondo y duradera y por tanto de cuestionamiento de los sistemas de regulación institucional, normativa y de valores, etc., junto a las dinámicas de insolidaridad y disgregación social. Por tanto, junto con la crisis económica (el polo económico) se desestabiliza el Estado de bienestar (el polo social), con lo que se configura una nueva realidad social de conjunto donde se modifica y replantea el papel de cada mecanismo. Todo ello configura una nueva estructuración social, mayores contradicciones internas en la clase obrera, una distinta configuración del orden social y de los mecanismos de integración (empleo...) Frente a los cambios propiciados por el nuevo orden neoliberal no son suficientes las tradicionales opciones keynesianas de pleno empleo. En particular aparece la necesidad de un nuevo replanteamiento de las políticas sociales y del Estado de bienestar que supone un reto en el plano práctico (político, económico y social) y en el cultural -de la sociedad- y teórico -de las élites-.

          Uno de los debates más importantes sobre las propuestas para una acción contra el paro y la exclusión es el salario social y el reparto o el papel del trabajo. Para profundizar en el trasfondo de los problemas que plantea  la relación entre el reparto del trabajo y la distribución de la riqueza, y estudiar los argumentos más polarizados, he escogido la polémica publicada, fundamentalmente, en la revista Mientras Tanto y protagonizada por José Iglesias y Jorge Riechmann, que representan en el Estado Español dos de las versiones más contrapuestas. Posteriormente se exponen las posiciones de C. Offe que son más intermedias y multilaterales y con aspectos específicos novedosos, especialmente en su concepción de la ciudadanía social.

         

B) LA RENTA BÁSICA SEGÚN IGLESIAS.[2]

 

1. Breve resumen de la opinión de Iglesias (similar a la que viene defendiendo Parijs desde mitad de los 80 -ver más adelante-): 

* "La renta básica (RB) consiste en establecer un sistema de distribución social de la renta, por el que se proporcionará a cada persona, por derecho de ciudadanía, una renta que le permita cubrir sus necesidades básicas".

* Debe ser incondicional y por lo tanto: “Dirigida a personas y no a familias. Independientemente de cualquier otro ingreso por otros recursos. Sin necesidad de estar en plantilla o haber realizado un trabajo anteriormente, ni tampoco sujeto a aceptar un trabajo si le fuese ofrecido".

 

2. Iglesias plantea algunos pros y contras de la renta básica   

 

          a) Las ventajas de la RB

 

          La principal es "la seguridad que proporciona a todos los ciudadanos el saberse acreedores a un renta que garantice sus necesidades materiales más elementales, quedando cubiertas permanentemente". Además, "la RB favorece la aceptación social de la reestructuración económica y social en marcha y "el trabajo proporcionará un ingreso adicional. La principal ventaja que expone Iglesias es compartida también con un sistema de renta compensatoria, que podría cubrir incluso mejor esas necesidades elementales que no están cubiertas. La ventaja de la aceptación social no es muy crítica con el sistema y la dinámica neoliberal actual.

          Hay una contradicción entre querer presentar la RB como gran avance social, elemento central del progreso social e incluso de la transición al socialismo, y mantener una posición respetuosa o embellecedora del capitalismo visto como el mejor marco para el aumento de la productividad y de la riqueza, cosa que evidentemente realiza, pero a costa de grandes desigualdades sociales y de los costos sociales y ecológicos de todo tipo. Parijs, por ejemplo, ve imprescindible el desarrollo del capitalismo como el mejor marco para el impulso de la productividad... y por lo tanto para financiar las RB, y caminar hacia el comunismo sin pasar por el socialismo.

          De lo anterior se desprende que el esfuerzo principal consiste en conseguir una mejor distribución que sea compatible con las bases fundamentales en que se asienta esa productividad. Por otra parte, el ingreso adicional a otras rentas puede ser positivo, pero no va precisamente en contra del consumismo. Y por último, si la RB se da a todo el mundo, y el que trabaja acumula su salario a la RB, ¿por qué el pensionista o el que tiene otro tipo de subsidio no se le puede mantener también sin que sea absorbido por la RB?. Es también absurdo que al desempleado que cobra un subsidio se le quite al compensarse con la RB y no se absorba la parte del salario porque se acumula a la RB. Aquí habría que diferenciar las prestaciones contributivas (por desempleo o de jubilación, etc.) de las no contributivas, asimiladas más a las características de la RB.

 

          b) Las desventajas a la RB

 

          - `El desinterés personal por el trabajo’, que se puede corregir ya que, dado que la mayoría de la gente quiere más consumo que el mínimo necesario, estaría dispuesta a trabajar para aumentar sus ingresos. Además, si el PIB baja por el aumento de los subsidios y del desempleo, la RB también bajaría, con lo que la gente volvería a animarse a retornar al trabajo.

          - ‘Los trabajos penosos’: la gente se retiraría de ellos, a no ser que se incrementasen los salarios de estos trabajos, en cuyo caso la gente se reincorporaría.

          - ‘Los servicios personales’: se tendería a aceptar estos trabajos y con bajos salarios.

 

          Aquí hay un planteamiento insuficiente en la relación trabajo-consumo, ya que habría que considerar la crítica al consumismo excesivo y a los ‘deseos’ de trabajar por ello. Los aspectos de crítica a la cultura del trabajo serían positivos en vez de negativos. Estas críticas vienen de quienes ven la prioridad fundamental en la inserción en el mundo laboral, cuando la participación y la integración social y cultural podrían resolverse también por otras vías que no son el trabajo asalariado. Tampoco es cuestión de resolverlo a través del mecanismo ‘autorregulado’ de los incentivos económicos y de consumo que en el contexto de las sociedades actuales tienen los diferentes segmentos de la población. La cuestión fundamental no sería la libertad individual para elegir no trabajar (para lo que la RB tendría que ser bastante elevada y superior a las 35.000 ptas. que se plantean como posibilidad en Francia), ya que seguramente la mayoría de la gente desempleada preferiría elegir trabajar.

          El asunto importante está en las dificultades de un gran sector para poder trabajar y, por lo tanto, para poder resolver sus necesidades básicas y su integración y ciudadanía social por otros medios, es decir mediante unas prestaciones y una RB suficientes. Otra cuestión es, tener en cuenta, desde el punto de vista  colectivo, tanto económico como moral y de relación social solidaria, la necesaria y conveniente participación en la construcción de la sociedad.

          Según Iglesias, la aplicación de esta RB sería la siguiente:

‘En Francia consideran que una RB por persona y mes que no tuviera efectos negativos sobre la eficiencia del sistema productivo habría de comenzar con unas 35.250  ptas., aunque el umbral de la pobreza se calcula en unas 64.450,- ptas. Para los EE.UU., serían unas 46.329 ptas. al mes (en 1985)’.

          Sin embargo, con una R.B. mínima para todo el mundo aparecen diversos problemas. Resulta que con las 35.250 solamente se llega hasta el umbral de la pobreza extrema. Es decir la gente más pobre y excluida no saldría de la pobreza en Francia con esos recursos, y todo por el criterio universal de darlo a todas las personas, y la compatibilidad con la eficiencia del sistema productivo, que se colocan por delante del avance contra la pobreza, la desigualdad y los derechos sociales de los sectores más precarios y excluidos.

 

C) EL REPARTO DEL EMPLEO SEGÚN RIECHMANN[3]

 

1. Dice Riechmann:

 

estar "a favor de una renta mínima universal garantizada, a condición de que no se entienda ‘renta’ en sentido restrictivamente monetario, ni se entienda ‘universal’ como equivalente a ‘ciudadano de un país que se cuenta entre los más ricos del planeta". Y continúa: "Lo que estoy a favor de garantizar es la satisfacción de las necesidades básicas de todos los seres humanos, y los ingresos en papel moneda no son ninguna necesidad básica, sino en todo caso un medio para la satisfacción de aquellas". Por otra parte, ‘no debe identificarse ‘trabajo’ con ‘trabajo en el sistema productivo’ (el trabajo doméstico es trabajo socialmente necesario), ni mucho menos con ‘trabajo asalariado’...".

 

          a) Distinción entre ingreso ‘monetario’ y en ‘especie’

 

          En nuestras sociedades mencantilizadas casi todo se puede convertir en valor monetario pero hay fórmulas mixtas que también se aplican hoy, en que se ofrecen gratuitamente (o casi) aspectos como la enseñanza o la sanidad. Una rebaja global del precio y del alquiler de las viviendas, que se lleva un alto porcentaje de las rentas (en torno al 25%), puede ser contemplada, llegando a ser la vivienda gratuita para algunos sectores. Otro de los gastos básicos importantes en dinero es la alimentación (al que se dedica entre el 30 y el 40% del gasto), y tampoco hay que descartar la promoción de comedores públicos gratuitos o subvencionados. Igual el transporte público, etc. El asunto nos llevaría igualmente a no dar la misma cantidad de ‘RB en dinero’ a toda la gente sino ‘valorar’ de forma equilibrada el conjunto de rentas en dinero y en especie. Y aquí se añade otro problema, el de los criterios de evaluación y su control.

 

          b) Igualmente hay que distinguir trabajo y trabajo asalariado

 

          Esta distinción es importante, aunque luego se queda algo diluida y Riechamnn habla de ‘empleo’. El concepto trabajo se asocia al realizado en el mercado laboral (que puede ser asalariado o autónomo) Se suele adjetivar el trabajo ‘doméstico’, que no suele utilizarse para el doméstico-familiar complementario (tipo bricolaje o agrícola); apenas se utiliza el término trabajo para el ‘trabajo social, cultural, etc. voluntario’, aunque si el que a veces se realiza en ese ámbito sin pagar pero con expectativas de experiencia, aprendizaje o colocación profesional, e igualmente pasa con la actividad intelectual o formación profesional. A veces estas actividades son consideradas de ‘ocio’ aunque habría que diferenciarlas de las más estrictamente ocioso-recreativas (deportivas, culturales o ver la TV...) En todo caso es positivo ir rompiendo la barrera tan amplia que hay entre ‘trabajo’ (formal), ‘actividad’ y ‘ocio’, y por otro lado considerar esas actividades como trabajo socialmente necesario como dice el texto, que es útil y se beneficia la sociedad.

 

2. Desacuerdos de Riechmann con la RB[4]

 

          Antes de comentar estos desacuerdos conviene empezar por la distinción entre trabajo, trabajo asalariado y empleo.

          En primer lugar se puede salir (y es, la aspiración de muchos) del trabajo asalariado, hacia del trabajo autónomo, considerando a este menos ‘explotador’. Por otra parte, también es trabajo el trabajo doméstico. Además, aquí se entiende como participación en el ‘empleo remunerado’ y también en el resto del trabajo socialmente útil en la sociedad. Se podría avanzar planteando una elección  voluntaria si hubiese suficiente oferta institucional como plantea Offe, en el sentido de ser conveniente participar en el trabajo ‘social’, aunque no sea ‘productivo’, a través de un empleo formal. Parece claro que se puede salir de un empleo con relación salarial, pero mantenerse en el mundo del trabajo. La forma de Riechmann para condicionar las RB a participar, aunque sean pocas horas, en ese trabajo social, es menos sutil que la de Offe, que habla más de convención social y moral que de vinculación de derechos al ‘mundo del trabajo’.

          Para Riechmann, los derechos de ciudadanía vendrían determinados por el nivel de integración en el mundo del trabajo. Sin embargo, habría que considerar con derechos y no excluidas a todas las personas ‘incapacitadas’ para trabajar, es decir, independientemente de su aportación laboral o social.

          La cuestión de fondo sobre el SUG ya está planteada en la polémica con Iglesias. Riechmann tiene razón en la idea de que la RB no puede ser indiferente al conjunto de las rentas e ingresos que cada individuo posee. Aunque se insista en que todo el mundo cobre lo mismo de RB, para avanzar en la igualdad, se deberían gravar los impuestos de las personas con mayores rentas, con lo que no recibirían un ingreso ‘neto’ ciudadano. Es positiva la diferenciación de Riechamnn de considerar universal el ‘derecho a satisfacer las necesidades básicas’, pero pudiendo realizarse no necesariamente a través de la RB monetaria.

 

 

D) GORZ Y EL PAPEL DEL TRABAJO[5]

 

          Iglesias cita a Gorz y a Aznar con sus objeciones a la RB, desde una visión más global y que en gran medida comparte Riechmann. Aunque A. Gorz y G. Aznar parten de posiciones diferentes,  argumentan que la renta no integraría social ni laboralmente a ningún perceptor de la misma en la sociedad capitalista.

          Para Gorz, "... el ingreso social no conlleva la participación ni cooperación voluntaria en las actividades de la sociedad. Solo supone un medio de compensación por los efectos negativos del mercado de trabajo. Para Aznar, ‘representaría un reforzamiento del dualismo social’... por consiguiente ambos autores proponen la recuperación del valor trabajo y de no renunciar a la idea de ‘que es prioritario dar trabajo a todos’ (Aznar) La persona sólo gana y usa sus derechos económicos y civiles de ciudadano cuando desempeña un trabajo en el sector macrosocial para otros ciudadanos (Gorz) Sólo confiere reconocimiento en la sociedad a la persona, haciéndola que se sienta igual e integrada en la sociedad. Para Gorz y Aznar, es el acceso al trabajo asalariado que existe en el sector mercantil, y no la RB, lo que es esencial para estar integrado en la sociedad. La participación en el proceso social de producción es un factor esencial de socialización y de pertenencia a comunidades y grupos formalizados, a parte de permitir al ciudadano cubrir con su trabajo sus necesidades básicas... Por ello ambos autores son partidarios del reparto del trabajo, oponiéndose a cualquier concesión de una renta básica.

          Gorz posteriormente admite, de forma realista, que la evolución cultural va relegando el valor del trabajo a un segundo plano y colocando en un primer plano el ‘pleno desarrollo personal’ (según el concepto de Giddens), pero que todavía no hay un status social de reconocimiento de las actividades no remuneradas que sustituya lo que representa hoy en día el dinero y el contrato laboral.

          Gorz y Aznar, tienen razón, en el sentido que las RB son insuficientes para la integración social y que además podrían reforzar la dualidad social. La realidad es que todavía el empleo es un componente muy importante de fuente de ingresos (poder adquisitivo, consumo...), de status y también de valoración social y autovaloración. Pero la cuestión es ambivalente. Por un lado hay que cuestionar todo eso garantizando no solo unos ingresos suficientes, sino también las condiciones para la participación en la actividad social y la propia valoración social y la autoestima de las personas desempleadas en el mercado laboral, pero con derecho a participar igualitariamente en la sociedad. Pero el otro aspecto de la realidad es que, de momento, la RB es fundamentalmente un elemento discursivo y crítico, mientras que la gran mayoría de la gente desempleada ante la evidencia de mantenerse en una situación más desigual (en términos económicos y de proyección social y ante la perspectiva de una RB limitada),  sigue apostando por conseguir un empleo (remunerado) y cuanto más estable mejor. Así un gran sector se mantiene entre la aspiración al empleo con similar cultura del trabajo y la realidad de la pobreza y la frustración personal de no tenerlo.

          Por lo tanto,  hay que partir de la realidad inmediata: el 10% vive fundamentalmente de las rentas del capital, el 25% de pensiones y subsidios, y el resto, de 65% de rentas del trabajo, considerando a las familias ‘obreras’ en su conjunto. La cuestión es que un 30% de la población dependiente de subsidios y de la ausencia de un empleo, o sólo de un empleo precario, no participa completamente en el proceso de producción social formal (aunque quizá sí en el informal y en el trabajo social en sentido amplio) y que ni el sistema de protección social actual, ni el empleo les garantiza la ‘ciudadanía social’ y sus derechos sociales. Es esa crisis social, sobre todo, la que cuestiona el papel del trabajo y también el papel del actual estado de bienestar, como mecanismos de integración social, al menos para ese importante sector.

          A partir de ahí se puede uno dirigir al sistema económico (los empresarios, las políticas económicas, el reparto del empleo...) o al sistema político (al Estado, a las políticas sociales...) con actitudes diversas: para legitimarlo, buscando algunas pequeñas reformas parciales, o planteando un discurso crítico y la perspectiva de una dura y muy difícil transformación global de ambos sistemas, al mismo tiempo que se intenta construir fuerza social.

          Gorz y Aznar ensalzan el valor del trabajo embelleciendo su papel y convirtiéndolo en un deber social. Y una cosa es pedir puestos de trabajo para gente parada, incluso mejorar su estabilidad y su poder adquisitivo, y otra eliminar el aspecto central de la crítica a este tipo de empleo normalmente precario y fuente de explotación, y a la propia cultura del trabajo.

          No se trata tanto de exigir trabajo para todos,  sino de que, el que no lo tenga, no quede excluido. Esto se garantizaría con  transformaciones más amplias y no sólo con una RB limitada, que podría quedar como la fuente de ingresos restringida para la gente no suficientemente competitiva para entrar en el mercado de trabajo, resignándose involuntariamente a un status inferior.

          En el contrato laboral se intercambia (se vende) una parte de la fuerza de trabajo por un salario y otra se la queda el capitalista como plusvalía. Es un contrato desigual que genera dependencia y explotación bajo el capitalismo, aunque aporte poder adquisitivo y status. La acción sindical pretende mejorar o mantener lo primero y el conjunto del entramado institucional y de valores lo segundo. En el caso de las prestaciones sociales (vinculadas más o menos al trabajo como salario indirecto o a la reproducción de la fuerza de trabajo) se negocia con el Estado y con las instituciones. Los avances en uno u otro plano pueden tener dos caras.

          Una es la mejora de las condiciones laborales o sociales (y de derechos y ciudadanía) y otra, la aceptación e ‘integración’ en ese marco económico y/o institucional. Es decir, que tanto el avance en el reparto del empleo o en la RB puede no llevar necesariamente al cuestionamiento del capitalismo o del estado sino todo lo contrario, ya que depende también de otros elementos puestos en escena.

          Iglesias plantea algunos interrogantes sobre el reparto del trabajo:

‘La hipotética solución al problema del paro se organiza a expensas del sacrificio salarial y la redistribución entre los trabajadores, y excluyendo explícitamente a las empresas. Esto supone desviar la lucha de clases, entre capital y el trabajo, y podría surgir un enfrentamiento entre los propios trabajadores. Tampoco pone en cuestión las relaciones de propiedad, así como la naturaleza explotadora y alienante de las actividades de la empresa capitalista’.

          Toda la crítica es muy justa dando por supuesto que el reparto del trabajo implica la reducción total o parcial de los salarios correspondientes, sin cuestionar las relaciones de propiedad y la explotación capitalista. Gorz y Aznar lo suelen plantear como palanca central de la transformación económica y social, aunque en un sentido posibilista.

          El enfoque de la reducción del tiempo de trabajo y de la desvinculación del trabajo (más que el reparto de empleo y la creación de empleo) como medida parcial, o como exigencia reivindicativa asociada a otro tipo de discurso, puede ser también canal de crítica a las actuales desigualdades del mercado de trabajo, utilizándola como un elemento más de un discurso anticapitalista e incluso contra la cultura del trabajo. Pero, con ese enfoque de Gorz y Aznar del reparto del empleo, lo que aparece en primer plano es el problema de las contradicciones entre empleados y desempleados, sin cuestionar el capitalismo como fuente de desigualdad y explotación. A veces incluso se utiliza el lenguaje de la igualdad entre los dos sectores como la clave para resolver el ‘paro’, desresponsabilizando a las dinámicas neoliberales y consolidando el discurso sobre los sucesivos ‘planes de solidaridad por el empleo’, etc. utilizados para reducir las resistencias al empeoramiento de las condiciones laborales y de empleo de las personas empleadas. El tener empleo es un relativo privilegio, pero para la gran mayoría que trabaja en el Estado español, tampoco es una fuente de un gran bienestar, estabilidad, satisfacción o consumo, por lo tanto es normal que la gente empleada se aferre a ese empleo, que no se esté dispuesto a compartirlo con otros y que se oponga a la reducción salarial. En otro marco, con otro tipo de transformaciones más igualitarias en su conjunto podrían tener más eco los llamamientos solidarios entre la clase obrera.

          Todo eso sin obviar otras medidas compensatorias como aumentar la presión fiscal de forma progresiva a los beneficios y rentas más altas, cerrar el abanico salarial, y congelar o reducir (con o sin reducción de jornada) los salarios más altos, perseguir el pluriempleo o las horas extras, etc.

          Por otra parte la propuesta de Ingreso social universal, sin necesidad de contraprestación laboral no supone, necesariamente, aplaudir la vida ociosa. En todo caso siempre supone cierta renuncia a un nivel de vida y consumo más elevado. Estas ideas chocan con la cultura del trabajo dominante en nuestra sociedad, con aquello de que "el que no trabaje que no coma" y que también se dan en el seno de las clases trabajadoras en cuanto que, todavía, se valora el trabajo como un elemento de identificación social y de autoafirmación, teniéndose que realizar un esfuerzo pedagógico en esta cuestión. Sobrevalorar el papel del empleo en este final de siglo, con un paro estructural que afecta a casi cuatro millones de personas en el Estado Español, sería estigmatizarlas, excluirlas de la valoración social y generarles una mayor crisis personal.

 

E) LA CUESTIÓN DE LA REPRODUCCIÓN SOCIAL SEGÚN RIECHMANN.

 

          Estamos en esta sociedad capitalista con explotación, desigualdad y fuertes lacras sociales y el acento se pone ahora en combatir  estas condiciones laborales y sociales, y no en ensalzar las virtudes del trabajo. En ese sentido, ese enfoque es una apuesta más crítica y destructiva que constructiva.

          La producción, reproducción y distribución económica y social vienen impuestas en el régimen capitalista, y eso hace que no podamos establecer un contrato social libre y voluntario de coparticipación solidaria a través del empleo. Por lo tanto,  no se debe poner en primer plano el embellecimiento de la colaboración social y la construcción social a través del empleo remunerado, que la gran mayoría debe buscar a cambio de conseguir un pequeño poder adquisitivo para vivir.

          La expropiación de la riqueza se realiza, en primer lugar, por los propios capitalistas que acumulan los beneficios conseguidos por el conjunto de la clase obrera. Es verdad que la sociedad aporta a cualquier persona una serie de bienes, y que para permanecer en ella se sigue sirviendo de una serie de bienes públicos, lo que debe suponer una exigencia de corresponsabilidad social. Pero la responsabilidad principal de la destrucción de fuerzas sociales, de la existencia de un gran ejército de reserva y de la ampliación del paro, de la marginación de grandes sectores de gente, junto con la destrucción de la naturaleza y el sometimiento del Sur, es el propio sistema capitalista. Hay una parte de la sociedad, la que tiene más poder y riqueza, que no cumple su parte del contrato social de colaborar en la producción y la distribución de forma equitativa.

          Es positiva y necesaria la perspectiva de la contribución colectiva a la sociedad de forma solidaria, pero no aquí y ahora y planteando que el mecanismo fundamental para realizarlo sea la participación en el empleo formal. En esta segunda parte está la diferencia. La persona en cuanto ser social está vinculada y participa en la sociedad, y por lo tanto debe colaborar en la sociabilidad. A partir de ahí se puede caminar hacia un contrato social pactado sobre el papel de cada cual que, ahora, difícilmente puede ser el definido por el ideal del comunismo.  Poner el acento en la participación es fundamental, pero Riechmann se desliza a que hay que realizarlo solo y desde dentro del empleo remunerado.

          Su fórmula de reparto del empleo no contiene tanto una oposición a desligarse de la explotación, sino a forzar la participación de todos en el empleo y fortalecer la cultura del trabajo. Si la atención principal fuese la construcción colectiva de la sociedad podría haber ido por el camino de Offe, ampliando la posibilidad de otras formas de participación en un trabajo social útil aunque no fuese remunerado, poniendo el acento en los cambios institucionales y culturales para impulsar esa vía.

          Pero Riechmann en vez de avanzar desde el punto anterior de contemplar el conjunto del ‘trabajo socialmente necesario’, retrocede y ahora le preocupa que todo el mundo trabaje ‘formalmente’. Hoy día, el trabajo social ‘voluntario’ se puede realizar a duras penas de forma transitoria por la gente que quiere y ‘no puede’ tener un puesto de trabajo formal, o que tiene resueltas las necesidades básicas y tiene fuertes motivaciones, o combinándolo con el trabajo o con otras rentas. Difícilmente la gente más pobre podrá realizar un trabajo voluntario si sus esfuerzos principales están encaminados a subsistir y a buscar los medios para resolverlo. Por lo tanto, la alternativa no es frente a trabajo (empleo-contribución social-solidaridad) el ocio con RB (individualista y disgregador), sino abrir la posibilidad de ese trabajo social útil para construir la sociedad y la sociabilidad, precisamente para la gente desempleada y rompiendo la gran barrera existente entre ambas ‘situaciones’. Pero para que sea realista esta alternativa es precisa una gran modificación institucional y cultural, como señala Offe. Estas ideas de Riechmann, además, al expresar la incorporación al empleo en términos prácticamente obligatorios como deber normativo, y en oposición a la distribución de la riqueza con la gente más desfavorecida, pueden confundirse con el discurso dominante valorando el papel de las personas por su posición en la producción ‘formal’ y el status derivado de su riqueza.

          La expresión ‘derecho a la pereza’ no es muy afortunada y es criticada bien por Riechmann, ya que en algunos contextos refleja un enfoque individualista. Pero tenemos que saber a qué atenernos. Los millones de desempleados están obligados por el propio sistema a ‘no producir’, ya que aquél es el causante del desperdicio de muchas de las capacidades y potencialidades humanas de la población. El capitalismo prefiere a una parte de la sociedad (además de la ociosidad de sus representantes directos) en el ‘paro’ y la ‘pereza’ y a otra parte que trabaje mucho. Podemos hablar también del ermitaño contemplativo, o del ‘sin techo’ que depende de la asistencia pública pero no encajan en ese derecho a la pereza.

          El aspecto principal no es la responsabilidad individual, sino el hecho de que no haya suficientes cauces colectivos de participación para un trabajo socialmente útil y que permita el desarrollo humano. En ese sentido se puede hablar del derecho ‘a no trabajar’. A partir de ahí se trata no de marginar al excluido y desempleado sino de revalorizar la propia autoestima, sus potencialidades y desde luego de facilitar socialmente la resolución de sus necesidades básicas. Si nos estamos refiriendo a la típica persona de clase media-alta, desempleada pero con amplios recursos financieros y de relaciones económicas, integrado en la élite cultural y social, en pleno consumismo y que nos reclama su derecho a la pereza y su RB, compartiría el criterio de Riechmann de criticar esa ‘holganza’ a costa de los demás, rechazando moralmente ese modelo de vida (aunque la mayoría social estaría encantada de ser así) Todavía más, estaría dispuesto a aguarle su ‘buena vida y su felicidad’ aumentando (si pudiera) sus impuestos (sobre la herencia, el patrimonio y las rentas) para transferir una parte substancial de sus rentas (incluyendo su hipotética RB) al aumento del gasto social, por ejemplo destinándolo a RB de los demás, y no me preocuparía mucho, de momento, de encontrarle un empleo.         

Según Riechmann, ‘el trabajo genera sentimientos de pertenencia, participación y utilidad social... dignidad propia ...  acceso a la esfera pública.... El mecanismo del SUI sin contraprestación en trabajo socialmente necesario es esencialmente un mecanismo de dependencia, que puede contribuir a mantener a las personas en un estado de inmadurez perpetua’.

          A estas consideraciones se les pueden contraponer los siguientes efectos del trabajo y el SUI. El trabajo puede reportar lo señalado y también sufrimiento y explotación. El SUI, puede generar también dependencia, e incluso como se dice más adelante, el riesgo de estabilizar la dualización social (o la división sexual y la división internacional del trabajo) con diferencias substanciales de poder, status y capacidad adquisitiva entre la gente empleada y la desempleada (o de varones frente a mujeres, o de ciudadanos del norte frente a los inmigrantes del sur) El problema es que sin SUI, todavía la marginación, la exclusión y el desarraigo social y económico, podrían ser superiores, y con él puede mejorar la situación de pobreza y también la ‘integración’ social y la sociabilidad que no tiene en exclusiva el trabajo en la esfera pública.

          La cuestión en perspectiva es que se ha reducido la función socializadora del papel del trabajo (para una gran parte de la sociedad que no lo tiene, o lo tiene precario) y que además se tiene que relativizar (junto a la propiedad y la riqueza) como eje del status social y de la vertebración de la sociedad, rompiendo las barreras entre el empleo en la esfera pública y remunerado y el trabajo social supuestamente ‘privado’, voluntario o no remunerado. Por otra parte como se decía antes, el SUI por sí solo es insuficiente y tiene que estar asociado a otra serie de cambios y transformaciones en las relaciones económicas y sociales.

          Por último, citando a Offe, ‘la revalorización del ocio y de las actividades individualmente elegidas para llenarlo o, a la inversa, la devaluación social de la participación en el mercado laboral, es un proyecto dirigido al corazón moral, institucional y económico de las sociedades industriales democráticas... La parte de la población realmente implicada en la creación de valor económico seguirá disminuyendo. Al mismo tiempo, los mecanismos 'capilares' de la distribución, como son la familia, el Estado de bienestar e incluso las políticas de ayuda al desarrollo ...  serán mutilados.’

 

F)  DERECHOS ECONÓMICOS DE CIUDADANÍA, SEGÚN C. OFFE

 

          Se puede partir de un resumen de las posiciones de C. Offe en el capítulo La selección de la política clave:

‘O creemos y actuamos conforme a la convicción de que estas consecuencias de desorganización social pueden ser controladas y finalmente eliminadas a través de la restauración y el fortalecimiento del mercado laboral como generador central del orden social, o bien creemos, y actuamos de acuerdo a la convicción de que  esos esfuerzos de restauración son inútiles (o intrínsecamente inaceptables por sus efectos económicos y morales) y que hay que buscar la respuesta, en vez de en la eliminación de las causas, en la neutralización gradual del efecto que tienen los factores causales (tecnológicos, económicos, políticos e institucionales, culturales y morales por si mismo no eliminables) sobre las oportunidades de vida de los individuos, sobre el orden institucional y sobre la cohesión social. Las alternativas que se plantean son, por lo tanto, la restauración del 'pleno' empleo por un lado y, por otro, la conversión del no-empleo en alto tolerable, controlando sus consecuencias en términos de precariedad’.

          En este artículo se aboga por la segunda de estas dos alternativas básicas. Offe expone que por motivos de realismo y honradez, no se debería definir el desempleo y las dos formas de precariedad como un 'problema' (insinuando que éste puede ser resuelto con suficiente ingenio político, esfuerzo y resolución), sino como un fenómeno y un reto inexorable que han de afrontar las economías, los gobiernos y las sociedades de la OCDE. Según él es inútil acercarse a esta condición penosa y crónica mediante la retórica del pleno empleo.  Y añade:

‘La cuestión clave sigue siendo, cómo y si podemos estructurar esta situación para reducir al mínimo sus negativos efectos sociales y políticos, combinando los modelos contractuales y de mercado, que hasta ahora han regulado la situación social, con un estatus de trabajo de otros modelos institucionales y, concretamente, con los que se basan en los principios de ciudadanía y comunidad’. ‘La reacción predominante que estamos experimentando en Europa ante esta situación es, evidentemente, la primera de las dos alternativas citadas antes’

 

          C. Offe, seguidamente plantea los derechos económicos de ciudadanía por encima del pleno empleo, optando por la vía de neutralizar las consecuencias del desempleo[6]

   

 

G) OPOSICIÓN Y COMPLEMENTARIDAD ENTRE REPARTO

 DEL EMPLEO Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

 

          Aquí también hay que establecer los dos planos diferentes, como debate y expectativa social o como reforma social amplia. Hay ópticas diferentes.

         

1. Con respecto al punto de partida y la posibilidad de su transformación

a corto/medio plazo

 

          La cuestión es que hay una gran bolsa de paro y pobreza estable y permanente, por lo menos en el medio plazo. No es que se considere ‘inevitable’ por los siglos de los siglos, ni que no pueda variar su envergadura con diferentes medidas posibles de aplicar, sino que en esta etapa histórica, por las dinámicas económicos-sociales, el tipo de crecimiento etc. no hay una expectativa de pleno empleo.

          Riechmann puede considerar que es una situación transitoria y fácil de resolver, pero debería de admitir que, mientras en la realidad no se consiga su propuesta de pleno empleo (distribuyéndolo con tiempo reducido), esas bolsas están ahí y hay que paliarlas distribuyendo las riquezas existentes.

 

2. La relación entre las estrategias de reducción de tiempo de trabajo y de RB

 

          Pueden ser complementarias en la medida que ambos son medios que obedecen a un objetivo común: avanzar contra la desigualdad y garantizar unos medios suficientes para vivir toda la población, favoreciendo la integración social y la ciudadanía. La estrategia de reducción del tiempo de trabajo, por la situación actual y por razones más de fondo (ver Offe) puede tener efectos limitados  para la creación de empleo, como se ha dicho antes. Las dos estrategias pueden considerarse poco posibles de realizar en las actual correlación de fuerzas sociales y con estas dinámicas económicas en el ámbito mundial, aunque en su justificación se puede poner el acento en diversas cuestiones de mayor o menor interés educativo y de conformación de una conciencia crítica o una agrupación social.

 

3. ¿Trabajo para todos?

 

          El énfasis en ‘dar trabajo a todos’ es excesivo no solo por el tipo de desarrollo económico existente (ecológicamente no deseable) sino como objetivo de incorporar a toda la población al empleo remunerado, aunque sea reducido. En la versión anterior de valorar el conjunto del trabajo social, podría ser admisible (como hace Offe) la participación de todas las personas (que puedan) en la construcción social y desde luego en otro contexto de sociedad, seguir el criterio de ‘cada cual según su capacidad’. En la formulación de Riechmann está presente la valoración del ‘trabajo’ (a veces como empleo y en la esfera pública y, por lo tanto, plenamente integrado en la cultura del trabajo) como elemento central de la aportación y del contrato social. El ‘trabajo para todos’ es el valor que pretende inculcar para avanzar en su tipo de sociabilidad. Ahora bien, siguiendo con su criterio inicial, se puede dividir el trabajo socialmente necesario en dos partes: el empleo formal remunerado y el resto del trabajo útil socialmente (aunque eso sea todavía algo difuso) Esta división es importante. Riechmann termina asociando la corresponsabilidad de toda la sociedad a través de la producción y el empleo remunerado.

          Tradicionalmente se ha planteado lo de ‘trabajo o subsidio’ para todos, admitiendo que, en caso de no tener trabajo, se debe tener un subsidio suficiente. Este subsidio se ha recortado cada vez más y se ha vinculado a la necesidad de buscar, prepararse y encontrar empleo. Esa es la gran justificación de los poderes públicos y del INEM, para seguir restringiendo los subsidios en cantidad y duración, e irle quitando el carácter más relativamente incondicional. La cuestión es ir a la inversa, planteando la conveniencia (modificando las pautas institucionales, culturales y las motivaciones morales) de un trabajo o actividad solidaria y que facilite la sociabilidad y sin que necesariamente se ponga como ‘condición’ (en el sentido estricto y jurídico) Es una forma más flexible y abierta, como la de  Offe, plantear una línea de cambios materiales y normativos que favorezcan la integración y participación de los individuos al mismo tiempo que se facilitan las RB.

 

4. Empleo o Renta Básica

         

          En torno a empleo o RB se han planteado muchos aspectos diversos, pero su objetivo básico, el conseguir unos ingresos mínimos, es común. Como medio para cubrir las necesidades básicas, la oposición entre los dos no tiene sentido, a no ser que se plantee en términos absolutos de para todos empleo o para todos RB. La realidad es que para unas personas es útil y suficiente el empleo y para otras no, y hay que resolverlo con la RB, o bien se dan situaciones intermedias que se pueden resolver con fórmulas mixtas, al igual que el trabajo no remunerado y las RB.

          Por otra parte, ninguno de los dos aspectos es suficiente para avanzar mucho en la vinculación social del individuo, aún ampliando su contenido. Los dos, en realidad, pueden ser medios (y por tanto derechos) para poder vivir dignamente y pueden resolver una parte de los problemas (entre otros el básico de un poder adquisitivo algo mayor o menor para subsistir) A partir de ahí permanece el gran reto de cómo se construye la sociedad, cómo se impulsan la sociabilidad, la solidaridad y el espíritu comunitario que las actuales relaciones económicas y sociales dominantes también contribuyen a deteriorar, y que debemos contemplar no solamente desde la motivación individual, sino de los necesarios cambios culturales, morales e institucionales colectivos. Y en el terreno de su concreción aparece otro grupo de problemas como es la vinculación voluntariado/remuneración, o RB/precarización de ese empleo/aspiración a empleo estable y remunerado.

          Hay diversos aspectos a considerar en esta polarización entre atacar las causas o los efectos de la precariedad. A veces se esquematiza demasiado reduciendo la elección al poner el acento en la producción o en la distribución, o en la forma de oponerse a través del (reparto o pleno) empleo o la distribución de la riqueza.

          Sería caer en un nuevo economicismo el pasar de considerar como principal el campo de la producción (de sus relaciones y su propiedad y control) a considerarlo el de la distribución (de la renta) Ambos no dejan de quedarse en el ámbito de lo económico cuando la realidad social es más multidimensional, las contradicciones muy diversas y la generación de conciencia crítica y agrupación social (ya que no hay grandes sujetos sociales) de momento son difícil, limitada y compleja.

          En el texto de Offe se han expresado numerosos factores causales de la precariedad, así como consecuencias. Por otra parte hay diversos planos en la mutua relación de cada causa y cada efecto y, al mismo tiempo, elementos de antagonismo o complementariedad. Sin entrar ahora en la polarización entre reparto del empleo o de la riqueza (como plantea Riechmann), hay que señalar que en cada uno de ellos hay diversos tipos y aspectos y habrá que ver su potencialidad crítica anticapitalista o los valores que conlleva, su papel como reformas sociales y su posibilidad, su vinculación con diferentes sectores sociales o su capacidad de articular fuerza social, etc.

          A veces la discusión discurre por lo que es más fácil o posibilista, argumentando a favor de unos u otros en función de ello. La excesiva esquematización en un aspecto parcial (empleo o riqueza) tiende a desconsiderar el conjunto de aspectos y 'causas de la precariedad', del entramado capitalista (llámese mercado, competitividad, globalización o neoliberalismo) y que como "no se pueden cambiar" se tiende a legitimarlos. Offe tiene una visión más multilateral, pero priorizando la acción sobre las 'consecuencias'.

 

H) LA UNIVERSALIDAD DEL SALARIO SOCIAL

 

1. El ‘derecho universal a una vida digna’

 

          Esta es una de las discusiones básicas y hay que diferenciar aspectos diversos. En las sociedades occidentales se estableció el Estado de bienestar, entre otras cosas, como un conjunto de instituciones y prestaciones sociales tales como enseñanza, sanidad, pensiones, subsidios, subvenciones a la vivienda, al transporte público... Algunas más dependientes del empleo, otras de las rentas; unas de carácter más universal y otras más o menos limitadas. Todo ello ha constituido la concreción de los derechos sociales y la ciudadanía social. Con la consolidación y expansión del Estado de bienestar se fueron ampliando esos derechos y su desmercantilización, traduciéndose en bienes colectivos y de acuerdo con las necesidades ciudadanas. Al mismo tiempo, se generó pleno empleo (y más cotizaciones sociales)  con aumento de la riqueza y del poder adquisitivo, con el que se solían cubrir otra parte de necesidades básicas más mercantilizadas, la alimentación, bienes domésticos (una gran parte la vivienda), ocio, cultura...

          La crisis del Estado de bienestar trae una reducción de muchas prestaciones y una nueva mercantilización, y la crisis del empleo remunerado disminuye el poder adquisitivo para conseguir unos bienes de consumo necesarios para ‘vivir’. Por lo tanto, se trata de mantener y mejorar esos derechos y prestaciones, así como el poder adquisitivo (monetario) para conseguir esos bienes. A esa aportación en dinero es necesario quitarle la connotación benéfica o asistencial y por lo tanto, hay que reforzar ese derecho de ciudadanía. Ser pobre no depende de la voluntad divina, o del propio individuo, y tampoco afecta a un sector marginal en vías de extinción. En la sociedad se han establecido unas relaciones de desigualdad y, en las últimas décadas, en Occidente, se han generado importantes bolsas de pobreza y vulnerabilidad social que afectan hasta a un tercio de la población.

          Dada la gran productividad y riqueza social, es un deber de la sociedad proporcionar los medios de subsistencia y, por lo tanto, existe un derecho universal a una vida digna, para ejercerlo por todas las ‘personas que lo necesitan’. Pero ¿por qué se debe dar a todas las personas una misma aportación monetaria ‘independientemente de cualquier otro ingreso por otros recursos’?. Según Iglesias, también se da a los ricos que tienen grandes ingresos del capital y a todos los que tienen resuelto, por otras propiedades y otros ingresos, de rentas o salariales, el cubrir sus necesidades más que básicas. Pero, para esas personas, no sería una necesidad el cobrar esa RB.

 

2. Beneficiarios y requisitos para una vida digna

 

          El propio Iglesias admite posteriormente una aplicación progresiva empezando por los sectores pobres. En la práctica, el salario social casi siempre se plantea condicionado, como mínimo, a la edad. ¿Por qué se excluye a los menores de edad, por ej. de 18 años, o de 25, en el caso de Offe, si se da por supuesto que también tienen necesidades y derechos sociales, aunque no tengan derecho al voto o edad penal?. También se suele excluir a los pensionistas que tienen su propio sistema de pensiones. Es decir, serían sujetos de ese derecho las personas adultas en edad de trabajar. Indirectamente se asocia al derecho al trabajo y, por otra parte, al contexto de la familia y al salario familiar, que tendría que financiar a niños y jóvenes, que no tendrían ese derecho a RB.

          Otra cuestión a tener en cuenta es la discusión entre renta "compensatoria" en función y como condición de no tener suficientes recursos para vivir, es decir, ser pobre, en contraposición a renta ‘igual’ para todos (interpretando así su universalidad), o bien si la RB debe estar ‘condicionada’ a un estado de ‘necesidad’ de  rentas y/o ausencia de empleo.

          Está bien el desvincular la renta del empleo, aunque luego se verá esta problemática sobre la ‘participación en el trabajo socialmente necesario’ y/o en la ‘construcción de la sociedad’. Ahora la cuestión es con qué grado de generalización se reparte, y qué redistribución es más justa e igualitaria, algo ya debatido por Parijs y Carens[7] en torno al carácter compensatorio de los subsidios sociales. Problema diferente es como se avanza en la conciencia crítica, en los derechos subjetivos y los resultados prácticos de cada una de ellas.

 

3. Ciudadanía social o exclusión

 

          Por otra parte, hay que diferenciar entre ‘universalidad’ como ‘derecho’ de todas las personas, y su ejercicio como derecho positivo ‘cuando lo necesiten’, y no necesariamente aplicarlo ‘para todos los ciudadanos por igual’. Hay una diferencia entre derechos subjetivos sociales o de ciudadanía social y su grado de generalización positiva. El caso de la enseñanza es el más general y aún así es algo limitado en calidad, gratuidad y edad. En sanidad se supone que recibimos una asistencia preventiva generalizada pero, sobre todo, ejercemos ese derecho ante la enfermedad. El sistema de pensiones y subsidios es bastante raquítico. Desde luego, derechos como el del trabajo, la vivienda o el transporte público ni siquiera se pueden ejercer para los que lo necesitan o quieren.

          La cuestión es cómo se avanza en la ciudadanía social y contra la exclusión. El derecho a una vida digna es universal, pero la sociedad tiene diversos mecanismos para ofrecérsela a las personas (la propiedad, las rentas del capital, el trabajo remunerado... el gasto social público). Por lo tanto, hay que cubrir el derecho a la ‘vida digna’ para todas las personas, pero los mecanismos de los que se dota la sociedad son diferentes. No hay que confundir ‘derecho a la vida digna’ con derecho a la R.B. Cuando la sociedad no resuelve colectivamente ese derecho por los mecanismos que tiene, es cuando se demuestran insuficientes y hay que articular otros para garantizar ese derecho de la ciudadanía a cubrir las necesidades básicas.

          La crisis del empleo  ha hecho que una parte importante de la clase obrera corra los riesgos de pérdida de derechos sociales reales y de los mecanismos tradicionales basados en el empleo para mantener una ‘vida digna’. Por lo tanto, es fundamental para un tercio de la sociedad el garantizar otros mecanismos colectivos de integración en la ciudadanía para cubrir las necesidades ‘básicas’ de ese tercio. Los otros dos tercios tienen ese derecho universal,  pero tienen los otros medios (capital, trabajo, algunas prestaciones gratuitas o casi y otras resueltas por su capital o por sus cotizaciones sociales derivadas del empleo remunerado) como mecanismos de integración y satisfacción de sus necesidades y no necesitan ‘afianzar su ciudadanía social’ a través de la RB que es otro mecanismo ‘complementario’ y universal en cuanto derecho que se ejercita al no utilizar los otros mecanismos.

          La introducción de derechos sociales colectivos gestionados públicamente incorpora  un elemento progresivo de desmercantilización y no- dependencia de las renta de cada cual. Al mismo tiempo, se defiende el criterio de adecuarlo a las necesidades de cada individuo o grupo social, relativizando progresivamente la importancia del empleo. En este sentido, es un elemento importante para combatir la cultura del trabajo. Por lo tanto, sin legitimar la realidad actual (del papel de la propiedad y el empleo como fuentes de distribución de riqueza), hay que partir de ella para modificarla en esa dirección de la ciudadanía social. Sin embargo, las tendencias entre las clases medias van por el sentido contrario, hacia la privatización e individualización del sistema de protección social y de las prestaciones sociales (especialmente en el ámbito de los seguros privados y los fondos de pensiones individuales) Su posición es rebajar impuestos y privatizar su seguridad más que ampliar sus derechos frente a un Estado de mínimos’ y, por lo tanto, ejercen sus resistencias a ampliar el Estado de bienestar y la protección social. Si a eso le añadimos que el beneficio neto de una RB es neutro o incluso negativo para ellas, por la deducción de impuestos correspondientes, que sería en todo caso un ingreso secundario con respecto al grueso de sus rentas, desde el punto de vista práctico o educativo, no van a encontrar muchas ventajas las clases medias y altas para generalizar esa RB, a no ser que la imposición fiscal sea regresiva.

 

I) CONDICIONALIDAD Y CONTRAPARTIDAS

 

          El ingreso ciudadano está bien definido y muy matizado por Offe. Según él no debe estar 'condicionado' al 'empleo remunerado' o a haber entrado en él, y está fundamentado en el derecho de ciudadanía. La persona sería 'libre' para dejar el trabajo (o no haberlo conseguido) o tener acceso a él y parece que da por supuesto lo contrario, ya que dejaría de recibir ese ingreso cuando se incorporase al trabajo. Tenemos aquí un ingreso básico fundamentado en la ciudadanía y, por lo tanto, universal como derecho, pero su ejercicio no es automático e 'igual' para todos como en el caso de Iglesias. El trabajo ha dejado de ser  el elemento exclusivo de reparto de la riqueza  aunque hay que recordar que antes tampoco lo era totalmente, ya que también la proporcionaban el capital, la propiedad de bienes y el status... y la propia ciudadanía. Ahora se apela a los derechos sociales de ciudadanía como criterio de esa distribución.

          Como dice Offe, el ejercicio real está condicionado por el nivel económico y de rentas de las personas, siendo un ingreso neto sólo para las personas necesitadas, mientras para las rentas altas se retiraría al tener unos impuestos superiores. Por lo tanto, es un derecho universal, pero, en la práctica, 'condicionado' y combinado con el resto de las rentas que se reciben.

          En relación con la actividad social y el ingreso básico, Offe plantea una aplicación gradual con dos tipos de medidas:

          Una, la exención condicional ampliando substancialmente la lista de ‘excusas’ para la no participación en el mercado laboral  (voluntariado, actividades sociales...) Y otra, la exención temporal con una ‘cuenta sabática’.[8]

          Como derecho de ciudadanía son propuestas muy interesantes e incluso las dos medidas se pueden interpretar también como reparto del empleo. Se sale del mercado laboral pero haciendo un trabajo útil para la sociedad, y por tanto descondicionando el derecho económico de ciudadanía al trabajo 'formal', pero considerando positivo y complementario al ingreso básico el realizar un trabajo social no asalariado sin llegar a formularlo como condición de validez jurídica para ejercer el derecho.

          Riechmann considera este tipo de actividad 'trabajo socialmente necesario' y, por lo tanto, sin apearse de su criterio de exigir la condición de realizarlo para recibir el ingreso social, es más amplio en la caracterización de esta actividad considerándola útil socialmente (incluyendo por ej. el trabajo doméstico), aunque en otras ocasiones habla exclusivamente de la vinculación del ingreso básico al empleo.

          Con la primera medida, Offe trata de borrar la diferencia entre trabajo 'formal' y un trabajo en los ámbitos sociales o culturales (¿y el doméstico?) que cumplen una función social. Como dice más abajo, hay que 'reinventar' institucionalmente este tipo de actividades para favorecer su expansión y utilización. La Carta de derechos sociales de Euskadi también comparte este criterio de condicionar el ingreso a una actividad social acordada.

          Entre las personas que podrían cobrar entero el ingreso social (por ejemplo el 20% por debajo del umbral de la pobreza) y las que no lo cobrarían (por ejemplo el 40% por encima de la renta media) hay un porcentaje amplio de un 40% en que se pueden combinar fórmulas intermedios de este ingreso básico y el resto de ingresos salariales u otras prestaciones (pensiones, etc.), sin que se absorbiesen totalmente estos últimos. Universal no quiere decir, necesariamente, que lo cobran igual todas las personas independientemente de sus ingresos.     Por otra parte es similar el darlo monetariamente o deduciéndose vía impuestos. Otra cuestión es qué límite se fija desde un determinado nivel de renta para tener acceso al ingreso y por tanto el objetivo monetario a cubrir. Este puede ser SMI (actualmente unas 66.000 Ptas.) o la mitad de la renta media como umbral de la pobreza ( unas 43.000,- ptas.) u otro nivel intermedio. Aquí están implícitos los objetivos sociales a conseguir. En el caso del SMI, sería mantener un nivel de vida y consumo más holgado y estable. En el segundo caso, sería conseguir evitar vivir en la pobreza, con unos ingresos ‘mínimos’, y en el tercer caso, por ejemplo el 75% del SMI, en el que se sitúan actualmente muchas pensiones y subsidios, sería aceptar un nivel algo inferior a los asalariados que trabajan y superior al nivel de pobreza.

          La cuestión es que si se da el SMI aparece una mayor competencia en el mercado de trabajo con respecto a las personas asalariadas y en precario y por tanto hay más presiones sociales a exigir contrapartidas y compensaciones. Y si se mantiene en el umbral de la pobreza se puede consolidar una situación de segmentación  social. A veces, no se fija el derecho por el nivel de renta sino por la condición de ser parado. Lo más conveniente sería una fórmula mixta, teniendo en cuenta pobreza y paro. Igualmente para su universalización, una cuantía también intermedia. Aquí habría que diferenciar entre la exigencia de una mayor ampliación de las prestaciones contributivas por desempleo y de la prolongación del llamado subsidio de desempleo (por ejemplo a los desempleados de más de 45 años), sobre la base mínima del SMI, de la generalización del salario social, incluida a la gente sin poder entrar establemente en el mercado de trabajo. Y por último, se puede contemplar, al igual que Riechmann, la posibilidad de una parte monetaria y otra en especie con la tendencia a intentar desmercantilizar determinados bienes básicos.

          En definitiva, se trata de compensar a los más desfavorecidos y por lo tanto, ir contra la pobreza y la desigualdad, consolidando la integración social y, en consecuencia, la ciudadanía social de los sectores que más en crisis pueden estar con respecto a sus derechos sociales como ciudadanos.

 

J) SALARIO SOCIAL, DUALIZACIÓN Y MERCADO

DE TRABAJO

 

          C. Offe expone la objeción más importante a las RB:

"Una 'exclusión' de una parte de la población adulta del mercado laboral incluso con una protección material adecuada, podría considerarse como cinismo moral, ya que, este tipo de políticas, pretenden 'poner fuera de funcionamiento' la capacidad humana de hacer algo útil o arrinconarla del todo. En una palabra salvando el estado de precariedad de la distribución, el esquema consolidaría una situación de precariedad en la producción, lo que supondría una exclusión permanente. Semejante enfoque sería contrario a los principios de la igualdad material (particularmente a los que prohiben la discriminación de los sexos) así como al derecho moral del individuo de desarrollarse a través de actividades que son (reconocidas como) útiles. La importancia causada por este argumento puede ser reducida, en una pequeña parte, con medidas que condicionen el derecho a un ingreso de ciudadano a una edad mínima del beneficiario (digamos 25 años) y con otras formas que fomenten y promuevan la 'rotación' entre el empleo remunerado y las actividades fuera del mercado laboral."

 

1. Los efectos de la relación entre Ingreso básico y la exclusión social.

         

          El contraargumento de la posibilidad de generar una exclusión del empleo de un segmento de gente que quiere empleo (con todo lo que conlleva) es desde luego importante, y no queda demasiado bien resuelto por Offe. Es cierto, según dice, que el ingreso no es, desde luego, algo voluntario para aquél que 'no quiere' trabajar, sino, sobre todo, un derecho que afecta a las personas que 'no pueden trabajar', ya sea por no tener las calificaciones necesarias que le exigen en el mercado de trabajo, o por situaciones de discriminación específicas, o por la dedicación a otras actividades no remuneradas.

          Es decir, es un derecho contra la exclusión social. El ingreso básico tendería a suavizar muchos efectos negativos de la pobreza, pero al mismo tiempo también puede prolongar una situación de exclusión involuntaria del mercado de trabajo que todavía para la gran mayoría sería una situación de menores ingresos, status  y autoestima que un deseado empleo. Para evitar eso, Offe propone medidas de reparto (rotación) del empleo (sin condicionarlo al ingreso básico) y restringir el derecho al ingreso social de los jóvenes de entre 18 y 25 años para forzar su integración en el mercado laboral e impedir por tanto su exclusión del empleo. Es decir, que según Offe, puede ser positivo generar medidas 'activas' de empleo para integrar a la juventud al trabajo asalariado, y al mismo tiempo limitar el "derecho universal de ciudadano" a la renta básica durante esos siete años, ya que podría ser contraproducente para su integración en el mercado laboral.

 

2. La vinculación del salario social con el mercado de trabajo

 

          Dos posiciones generales entre quienes están a favor del salario social:

          - En tanto que salario para aguantar por un período provisional para reinsertarse en la producción. En este caso se partiría de la necesidad y deber de las personas de trabajar y producir, y de una consideración del paro como una situación 'anormal' y siendo necesario, por lo tanto, cubrir ese período. Así, este salario social debería ir acompañado de 'obligaciones' de reconversión profesional, de adecuación de otras actividades, de registro y control para aceptar los empleos que se ofrezcan, etc.

          - En tanto que salario social universal y mínimo para existir, es decir, sin obligación de aceptar o 'prepararse' para un nuevo empleo y, por lo tanto, para entrar en la producción. Se plantea, pues, como una exigencia a la sociedad y como un derecho individual para sostener las condiciones de vida de todas las personas, independientemente de su aportación a la producción.

 

          Evidentemente, el enfoque general de este trabajo está más inclinado hacia el segundo punto de vista, aunque hay diferentes tipos de problemas en los que hay que seguir profundizando:

          - No se puede plantear que el trabajo es un deber y que, por lo tanto, todas las personas están obligadas a aceptarlo. Aquí y ahora, en esta sociedad capitalista, con un nivel de 'superexplotación' y unos trabajos más alienantes que satisfactorios y bien remunerados, se puede  considerar el derecho a rechazar el trabajo y a exigir el derecho a 'vivir dignamente', puesto que se vive en el marco de esta sociedad.

          - Hay que partir del supuesto de que, en la nueva situación, en la que se ha dicho adiós al 'pleno empleo', con un paro estructural amplio y a largo plazo, con un progresivo envejecimiento de la población y con la crisis de la Seguridad Social (asistencial, subsidios, sanitaria, pensiones, etc.) se genera un amplio sector de la población que, total o parcialmente, se sitúa al margen de la producción.

          - Por lo tanto, el salario social, desde este punto de vista, no estaría tan ligado a la perspectiva individual de querer estar o no proyectado hacia el mercado de trabajo. Además, también sería problemático seguir con la moral productivista de tener volcada toda la vida hacia el empleo, hacia una perspectiva de incorporarse al trabajo y a ser útil para la producción.

          - Por último, cabe preguntarse si este derecho está vinculado a la existencia de una suficiente plusvalía y productividad para subvencionarlo, y si es planteable sólo en el capitalismo avanzado.

 

          Finalmente, cabe expresar, tal como hace Offe, una primera objeción a los efectos del incentivo:

"¿Porqué unos agentes racionales querían seguir trabajando si pueden asegurarse lo indispensable para vivir sin ningún empleo formal?...Pero una retirada temporal sería deseable. Por otro lado, esta retirada será limitada, ya que, el incentivo adicional de unos ingresos mayores, seguiría teniendo su efecto movilizador sobre la participación en el mercado’.

 

 

3. Interdependencia mutua entre ingreso básico y el empleo

 

          Algunos, para intentar no desincentivar la búsqueda de empleo plantean una renta básica baja, inferior o similar al umbral de la pobreza (42.500 Ptas.) ya que si se acercarse al SMI, nadie querría trabajar en los empleos más descualificados y bajos. Pero si el ingreso es básico esa es la prioridad principal, y no si genera dificultades por agravios comparativos con una parte de la gente trabajadora. Una renta básica puede ser aceptable en torno al actual SMI (65.000 Ptas.), la cuestión es que el SMI habría que aumentarlo por lo menos al nivel de la renta media (85.000,- ptas.). No es nada del otro mundo. En Francia el SMI es de 131.000 ptas. justo lo mismo que la renta media, es decir en Francia tienen un 60% de renta más que en Estado español. El actual sistema de aumentos proporcionales es bastante perverso para los ingresos bajos. En las dos ultimas décadas con el mismo porcentaje el SMI ha pasado de 32.000 a 65.000,- Ptas. (un aumento de 33.000,-), y un salario de 100.000,- ha pasado a 200.000,- (un aumento de 100.000,-).

          La cuestión es el retroceso real de las rentas más bajas aunque guarden la proporción. Al igual que con las pensiones y otras prestaciones, las más bajas deberían subir de forma inversamente proporcional, o linealmente (al igual que hasta ahora se hace con los impuestos sobre la renta) Se garantizaría así un ingreso básico suficiente, y por otra parte cierta diferencia con la persona trabajadora. Otra cosa es buscar formulas mixtas o complementarias de las personas que tienen otros ingresos salariales (y también aparece aquí los del trabajo irregular y económica sumergida) no poniendo como tope máximo entre ambos ingresos esas 65.000 ptas. del ejemplo deduciendo de su renta lo que gana con un empleo a tiempo parcial.

 

K) UTOPÍA Y POSIBILISMO FISCAL Y POLÍTICO

 

          La cuestión de la financiación, desde el punto de vista ‘técnico’, no ofrecería muchas dificultades. Puede haber diferentes fórmulas. Traspasar parte del gasto de otras partidas hacia las RB. O bien ampliar los impuestos para financiarlas. En este sentido, Parijs se plantea aumentar los impuestos al consumo (el IVA) o un impuesto ecológico sobre el consumo de energía. En ambos casos hay mayor presión fiscal ‘a la población’ y no a la propiedad o al capital y en el marco necesariamente de la UE, que supondría también en el último caso favorecer a los países del Sur (menos consumidores de energía)

          Una RB importante, por ejemplo igual al SMI de 65.000 ptas. para 10 millones de personas, sería de 7,2 billones, es decir, de la envergadura de todo el sistema de pensiones. Pero incluso se podría financiar sin forzar los mecanismos fiscales y el aumento de impuestos.

          Los gastos en el pago de los intereses de la Deuda Pública (casi 5 billones) y el combate al fraude fiscal podrían servir para su financiación, sin aludir que la presión fiscal es menor que la europea, o que se podrían suprimir numerosos gastos despilfarradores. La cuestión no es técnica ni tiene que ver con la imposibilidad para mantener el propio sistema económico. La dificultad viene del sistema de equilibrio de fuerzas y sus repercusiones en el bloqueo social y político de la redistribución de rentas e impuestos. Siguiendo con el ejemplo  anterior de los 5 billones dedicados a la deuda, si decimos que sobran porque no hay deuda, y se pueden dedicar a la RB, enseguida se invertirían en otros gastos para reproducir el sistema o seguramente, vendrían los empresarios y la clase media a exigir rebaja de impuestos en esa proporción (ya lo hacen) antes de que vayan a financiar a ‘vagos que no quieren trabajar’ etc.

          El reparto de rentas e impuestos depende de la correlación de fuerzas sociales, y la cuestión es la transferencia global de ese nivel de rentas (por ej. del 10% de PIB) del capital (y de las altas rentas salariales y de bienes) a los pobres ( y a las rentas bajas salariales). Se puede recordar el ‘impuesto de solidaridad con la Alemania del Este’ para favorecer la unificación y la ‘integración nacional y social’, y que ha supuesto para las arcas alemanas un aumento del 7,5% de impuestos sobre las rentas, y ello sin desestabilizarse demasiado la economía alemana. Pero, como es sabido, el conjunto de la OCDE va disminuyendo el gasto social. En el Estado Español la realidad es que tras más de una década en 1996 el nivel de las rentas salariales ha disminuido y ha quedado por debajo de las rentas de capital y que se han recortado las pensiones, y antes los subsidios de desempleo, congelándose el gasto social y favoreciendo últimamente los beneficios y subvenciones fiscales para las ganancias del capital. Por lo tanto, las valoraciones financieras más que para justificar la posibilidad de la RB (cosa contablemente clara pero no social y políticamente), puede servir para seguir denunciando la hipocresía de este sistema fiscal o para cuestionar determinados gastos (militares o de la burocracia estatal, de subvenciones a la banca o al gran capital, etc.) improductivos o despilfarradores.

          Volviendo a Offe, está bien definido que las dos alternativas, atacar las causas o neutralizar las consecuencias del desempleo, son utópicas tomadas en el sentido global y radical, pero también hay aspectos posibilistas o pragmáticas en las dos facetas. La cuestión del poco realismo de una perspectiva de pleno empleo (con medidas de reparto o de aumento de la demanda) está clara y se abundan las razones. Igualmente se cuenta con la crisis de los sujetos (clase obrera y su representación sindical) que hasta ahora se situaban vinculados al contrato laboral. Pero, a veces, no se deja suficientemente claro que también está en crisis el conjunto del sistema de protección social, de pensiones y prestaciones sociales, es decir, del propio Estado de Bienestar. Por lo tanto, las posibilidades de una transformación sustancial de la desigualdad, es decir, de una redistribución global de la renta también aparecen bloqueada (y no aparecen nuevos sujetos que puedan llevarla a cabo) y asociada a un cambio sustancial de las relaciones de poder político, social-cultural y económico. Offe plantea bien que está agotada la orientación, la dinámica y el discurso economicista de la izquierda tradicional del cambio en el plano de la producción (propiedad, empleo), para considerarlo más fácil en el ámbito de la distribución a partir de la tradición democrática y de los valores y cultura liberal con una política social autónoma de la política económica y de las constricciones del mercado. Sin embargo tampoco está clara su mayor viabilidad práctica.

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L) NECESIDADES BÁSICAS Y CIUDADANÍA

 

     El concepto ‘necesidad humana’[9] es bastante complejo. Siguiendo a Doyal y Gouhh, son las necesidades fisiológicas, culturales, sociales e institucionales..., en tanto que persona individual y ser social, vinculada a una comunidad o sociedad; las básicas son comunes a toda la humanidad, y  otras (intermedias), son definidas histórica y culturalmente según las características de cada civilización. Para ellos son necesidades básicas la salud y la autonomía personal. Considerándolas en sentido amplio, la primera supone tener las condiciones necesarias para prevenir las enfermedades y la segunda el mantener las condiciones sociales y culturales imprescindibles para poder participar en la sociedad. Las necesidades intermedias son un soporte de las básicas y, fundamentalmente, son la alimentación, la vivienda, la sanidad, la educación y la seguridad. La Renta básica debería cubrir una parte imprescindible de las llamadas necesidades intermedias. Iglesias habla de renta ‘básica’ y se puede sobreentender en el umbral de la pobreza y resuelta de forma fundamentalmente monetaria. A veces, en la discusión de su papel en la transición socialista, se confunde con el criterio del comunismo de ‘a cada cual según sus necesidades’, es decir, según ‘el conjunto de todas sus necesidades’ no sólo de las básicas y con otro marco general de referencia.

     En la formulación de Iglesias hay una RB, para garantizar las necesidades básicas de todas las personas, ‘pero’ como hay que sacar una media común para toda la población, y se fija en función del producto social (en el actual contexto de régimen económico y social), en la práctica no permite resolver las necesidades básicas de la parte de población que precisamente la necesitaba más. También es significativa la cita de Parijs sobre su enfoque del subsidio básico (o RB) ya que ‘no debe estar conectado ...  con las necesidades básicas’; ¿Con qué entonces? Para él, con una visión abstracta de la ciudadanía, que está al margen, aquí y ahora, de la desigualdad material y social de esta sociedad. Para Parijs el aumento gradual e igual para todas las personas de la RB, favoreciendo el actual modelo capitalista, es la mejor forma de llegar al comunismo. Asimila el aumento igual de un poco de renta a cada individuo, con el aumento igual de una pequeña cuota de ciudadanía. Sin embargo, la acción contra la desigualdad y la distribución más igualitaria de la riqueza, supone replantear los mecanismos de reproducción desigual de la riqueza y, ahora, una distribución desigual, dando más a los que no tienen, y quitando a los que más tienen, es decir, reduciendo el poder económico y político a la minoría dominadora, y socializándolo entre la población.

     Del mismo modo, la distribución de la ciudadanía (especialmente la social) es desigual y hay que fortalecer a los sectores más vulnerables por la ausencia de derechos o de mecanismos sociales de vinculación, así como la participación solidaria en la construcción de esta sociedad. La cuestión de fondo en la concepción de la justicia es que, aunque las personas somos iguales en derechos, el punto de partida es diferente, ya que nacemos y somos desiguales en nuestras condiciones sociales, al adquirir la ciudadanía en una sociedad basada en la desigualdad y la explotación. Por lo tanto, la acción por la igualdad social conlleva consecuencias sociales desigualdades para los diferentes segmentos de la población y supone el cuestionamiento de las bases socioeconómicas y políticas de estas sociedades.

     Por lo tanto, es fundamental relacionar los ingresos sociales (las prestaciones sociales en general y la propia ciudadanía social) con los sectores más desprotegidos y con riesgos de marginación y disgregación social. Es decir, se trata de evitar el deterioro de la ciudadanía (y por tanto también de las rentas y medios necesarios para vivir dignamente) allí donde está amenazada o en crisis.  En este sentido, tiene razón Riechmann al señalar la debilidad de alguno de los fundamentos de Iglesias y Parijs.

     La consolidación de la ciudadanía ha ido ampliando los derechos desde las minorías propietarias del siglo XVII hasta las amplias mayorías en los modernos estados de bienestar. Ahora estamos en un periodo de retroceso de condiciones, derechos y prestaciones sociales y,  por lo tanto, de la ciudadanía, sobre todo social, pero también civil y política. Riechmann infravalora esta dimensión, volcándonos en la necesidad de tener un empleo remunerado en una sociedad en crisis. Ambas cuestiones, avanzar en la ciudadanía social y en la igualdad, en los derechos y en el bienestar social son paralelos y se influyen mutuamente en las modernas sociedades occidentales. No se trata de sustituir el derecho al trabajo por el derecho a la asistencia pública, o al revés, sino de saber combinarlos adecuadamente, sin subordinar el uno a lo otro y participando en la construcción de la sociabilidad y de la propia comunidad, y en la oposición a este sistema de explotación y exclusión.

 

Notas y Bibliografía utilizada

 


 

[1]  Las referencias a C. Offe, están extraídas de su escrito ‘Precariedad y mercado laboral: Un análisis a medio plazo de las respuestas disponibles’ publicado en el libro ‘¿QUÉ CRISIS?, Retos y transformaciones de la sociedad del trabajo’ ED. Gakoa - 1997.

 

[2]  A partir del artículo ‘Del reparto del trabajo al reparto de la renta’ de José Iglesias Fernández, escrito en junio de 1994 y publicado en Mientras Tanto nº 61 de primavera del 1995. Posteriormente, José Iglesias ha desarrollado sus argumentos en ‘La renta básica, un programa de implantación, en Papeles de la FIM (1996).También son muy sugerentes los debates en torno al Ingreso social, dentro de la polémica abierta en Euskadi en torno a la Carta de derechos sociales presentada, recientemente, ante el Parlamento Vasco.

 

[3]  Recogido del artículo de Jorge RIECHMANN ‘Sobre trabajar, comer, holgar y liberarse: el debate acerca del subsidio universal incondicional’, publicado en Mientras Tanto, primavera de 1996, y donde polemiza con el artículo de José Iglesias.

 

[4] Los párrafos principales de Riechamnn son los siguientes:

"No estoy de acuerdo con la propuesta de desvincular el ‘derecho a la renta’ del ‘derecho al trabajo’. En lugar de desconectar completamente trabajo e ingresos (como hace el subsidio universal incondicionado-SUI), parecería adecuado desvincular los ingresos de la cantidad de horas de trabajo aportadas. Salir de las relaciones salariales no es lo mismo que salir del mundo del trabajo"...

- "...No estoy de acuerdo, en definitiva, con la idea de un subsidio universal incondicional: ‘El Subsidio Universal Garantizado (SUG) es una renta que recibe toda la población, independientemente de toda otra consideración que no sea la de la edad que permite cubrir las necesidades básicas. Lo recibe quien tiene trabajo y quien no, quien tiene medios de producción y quien no... por ser un subsidio universal’. (Daniel Raventós y Rafael Gisbert  en ‘Trabajar o no ...  pero vivir’  publicado en Viento Sur nº 14 de abril de 1994). No me parece  que semejante subsidio sea ética ni políticamente deseable, ni tampoco políticamente viable...".

Riechamnn continúa diciendo que "tampoco me parece cierto que las estrategias de reducción de tiempo de trabajo y de SUI sean complementarias. Más bien tenemos que elegir entre una política del tiempo y una política del subsidio. ‘O bien consideramos que la exclusión es inevitable y que es prioritario repartir las riquezas para disminuir la pobreza; o bien consideramos que es prioritario dar trabajo a todos y usamos el reparto de las riquezas como un medio para lograrlo’ (Aznar)... La lógica del SUI es la del primer término de la disyunción y... la de reducción del tiempo de trabajo la del segundo.... ’

            La posición de Riechamnn es:

‘Pleno empleo con tiempo reducido (‘trabajar menos para trabajar todos’),  formas de autogestión del tiempo de trabajo y ‘segunda nómina’ para completar los ingresos de los trabajadores, (que es una forma de salario indirecto que el estado abona los asalariados que no trabajen a jornada completa)... ‘segunda nómina’ y SUI son incompatibles: no pueden financiarse a la vez. La diferencia esencial es que la primera está vinculada con el trabajo en la esfera pública y el segundo no’.

 

[5]  Además de las citas que se seleccionan de Gorz y Aznar, se puede ver una posición de Gorz algo más matizada en ‘Salir de la sociedad salarial’, André Gorz - ED. Germanía, donde se publica junto a otros artículos de C. Offe y Albert Recio. Este último ha publicado recientemente ‘Trabajo, personas, mercados’ en ED. Icaria-Fuhem. Con relación al reparto del trabajo, especialmente para ver sus implicaciones en la generación de empleo, se puede ver ‘El debate sobre el reparto del empleo’ de Jesús Albarracín y Pedro Montes, en Viento Sur nº 12 de 1993.

 

[6] C. Offe: "La otra respuesta... en vez de la eliminación de las causas de los niveles deficientes de la absorción de la mano de obra en el mercado, esta respuesta sugiere la neutralización de sus consecuencias. El enfoque correspondiente de los problemas de la precariedad, son estrategias que abogan por un ingreso básico como derecho económico de ciudadano (en contraste con empleado) En los modelos de ingresos básicos, la transferencia de ingresos no va ligada a unas circunstancias individuales relacionadas con el empleo sino exclusivamente al estatus de ciudadanía de cada individuo. Este sistema tendría la ventaja de que las ayudas de ingresos dejarían de estar sujetas a fluctuaciones en la demanda de mano de obra (barata); en cambio, la transferencia de ingresos se haría efectiva (y con ella una reducción del desempleo manifiesto) en cuanto los ciudadanos decidieran hacer uso de ella. Según su situación personal y las circunstancias del mercado laboral, podrían decidir si desean aumentar sus ingresos de subsistencia aceptando un trabajo regular"...

"En segundo lugar las categorías de distribución no pueden estar ligadas al contrato laboral sin que se cree una exclusión injusta. Mientras la mayoría de los trabajadores tengan la posibilidad real de contribuir a la generación de la riqueza a través de un empleo remunerado, el problema de la distribución se resuelve por el contrato laboral de cada individuo, los subsidios familiares y los acuerdos de seguridad social correspondientes. Una vez que esto deje de ser el caso, y desaparezca definitivamente esta condición supuestamente 'normal', el problema de la distribución no podrá resolverse si no es mediante el establecimiento de derechos económicos específicos que todos los ciudadanos se conceden mutuamente como un elemento de su ciudadanía. Esta idea central de un 'ingreso de ciudadano', consiste en el derecho a un ingreso suficiente y no condicionado por un empleo remunerado... Y no requeriría para hacerse efectivo, el que una persona se convirtiese previamente en 'trabajador', es decir, que cumpliese con su papel en el mercado de trabajo. Serían una consecuencia automática de la condición de ciudadanía de cada persona".

 

[7]  Publicados en 1988 en Zona Abierta nº 46/47.

 

[8] La cuenta sabática es un tipo de reparto del empleo que, en vez de reducir la jornada diaria o semanal de trabajo (o al mismo tiempo), reduce la vida laboral en su conjunto disminuyendo la edad de jubilación, aumentando la edad de entrada en el mercado de trabajo -por ejemplo, a 18 o incluso 20 años-, poniendo un tope máximo de años de vida laboral -30 años-, o adelantando la edad de jubilación a los 60 o incluso 55 años. La cuenta básica de Offe consiste en poseer 10 años de libranza a discreción de cada cual; es decir, si la vida laboral es, por ejemplo, de 20 a 60 años, se trabajarían como máximo 30 y se librarían diez,  por hijos, estudios, etc.; incluso se podrían añadir otros diez a la entrada -20 a 25 años- o la salida 55 a 60 años, con media jornada. Hay que tener en cuenta que, actualmente, la vida laboral de los jubilados en el régimen general es de 32 años, pero está bajando rápidamente. En todo esto se sobrentiende que las empresas no se responsabilizan de sus salarios (o con un sistema gradual como el de Offe) por sus períodos de libranza y se hace cargo el Estado a través de subsidios o del ingreso básico. Por lo tanto, se tendría derecho 'incondicionado' a un ingreso básico durante 10 años. Precisamente es el derecho que hoy en día se tiene a la prestación contributiva por desempleo en el Estado Español, por ejemplo, si una persona, de cada ocho años, trabaja seis y está dos en paro, todo ello si es forzoso.

 

[9]  Ver la ‘Teoría de las necesidades humanas’ de Doyal y Gough ED. Icaria-Fuhem, que hacen un estudio en el ámbito mundial, integrando las diferencias entre el Norte y el Sur en una perceptiva unitaria de la humanidad. Sus investigaciones han influido en el enfoque de los programas de desarrollo de la ONU.